El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz (que fuera presidente del PNV), cargaba el domingo contra el impuesto a las principales energéticas españolas planteado por el Gobierno al considerar que "no va contra los ricos" sino que "va en contra de la actividad empresarial" y aseguraba que "dañará" la capacidad de inversión de las empresas y del empleo industrial, repercutiendo, en último término, en la competitividad del país y su modernización. Y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, contestaba el lunes con un explícito "hay que tener poca inteligencia emocional para no estar del lado de los vulnerables", el alusión a la ciudadanía afectada por la brutal subida que está experimentando el precio de la luz. El impuesto al que se refiere Imaz, fue propuesto por el Gobierno, ante el Congreso de los Diputados, en forma de proposición de ley, proposición que plantea dos gravámenes: uno, de casi un cinco por ciento (4,8%), sobre el margen de interés y las comisiones de los mayores bancos de España; y otro, del uno coma dos (1,2%), sobre los ingresos de las principales energéticas (los motivos de la propuesta son los "beneficios extraordinarios" provocados por las subidas de tipos de interés y por el alza de los precios energéticos).
Pues bien, en una entrevista concedida a la cadena SER recogida por Europa Press, Itxaso ha destacado que las medidas que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez, como la del impuesto a las energéticas, son "similares a los de otros gobiernos europeos". Itxaso ha señalado por otro lado que "una crisis de carácter energético, de materias primas, de encarecimiento de la vida y de inflación desbocada, merece también medidas extraordinarias".
En este sentido, el delegado del Gobierno en el País Vasco ha destacado que se pide "un esfuerzo a aquellas empresas y aquellos sectores que, de alguna manera, de forma indirecta, se han visto beneficiados por el alza de esos precios. Esto lo entiende todo el mundo -ha añadido- y, por fortuna, en el conjunto de Europa hay muchos gobiernos, incluida la propia Comisión Europea, que no solo aceptan, sino que aplauden y promueven este tipo de medidas".
Por todo ello, ha reclamado "sensibilidad social para hacer frente a esta situación en la que las personas más vulnerables y el conjunto de la clase media trabajadora necesitan gobiernos cómplices con sus intereses para sacarlos adelante".
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