Paradójicamente, en plena transición energética, nos encontramos a merced de dos productos –gas y petróleo– que no tendrán sitio en Europa en 2050. En este cierre del año 2021 verificamos que las renovables han transformado el mundo; singularmente las tecnologías eólica y fotovoltaica, con cifras récord de instalación en nuestro país. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de energía limpia, autóctona e inagotable que, en los lugares en los que se cuenta con abundante viento y un número extraordinario de horas de sol, como es el caso de España, supondrá una independencia geoestratégica y una ventaja competitiva para las empresas, que tendrá su proyección inmediata en el bienestar de sus ciudadanos, que de la necesidad de descarbonizar sus economías habrán podido alcanzar la virtud de encontrar un importante progreso.
Con los datos de este año 2021, si a las reservas de gas y petróleo añadimos la potencia instalada en el planeta de las diferentes tecnologías de generación renovable, llegaremos a la conclusión de que jamás en la historia tuvimos tanto potencial disponible de producción energética por habitante. La transición ecológica supone la necesidad de solapar ambos modelos, el que se extingue y el que se expande y, en este contexto de transformación, como en toda crisis o transición, surgen especuladores y ventajistas: Estados que quieren sacar el mejor de los partidos a sus activos en declive para obtener ventajas geopolíticas, y empresas que tratan de obtener la mayor ganancia posible. Unas desde el viejo modelo fósil, otras con el nuevo escenario renovable, y algunas aprovechando las inevitables disfunciones o ineficiencias regulatorias propias de estos periodos de cambio acelerado.
En este sentido, desde Anpier pedimos que el cambio de paradigma energético sirva para romper con esta tendencia histórica de favorecer los intereses de unas pocas empresas con tendencias oligopolistas, y permita abrir el mercado eléctrico a la sociedad y a las pymes. En este punto, la única barrera es regulatoria y nuestra organización no solo promueve esta transformación en la propiedad para retener riqueza en los territorios, sino que ha realizado diversas aportaciones para favorecer la materialización de esta gran oportunidad, que se nos empieza a escapar.
Mirar al pasado próximo y hacer una descripción analítica es, como decíamos, una labor relativamente sencilla. Atisbar el futuro es lo complicado, a pesar de que cuando se van sucediendo los acontecimientos todo adquiere una lógica que nos sorprende no haber sido capaces de interpretar antes de que se produjera. Sin embargo, creo que Anpier ha sido una asociación bastante certera en este tipo de ejercicios, para verificar esta aseveración están disponibles los buscadores del universo virtual Internet. Quizá de la ya tan manida expresión “democratización energética” no se encuentren referencias más lejanas que las usadas por nuestra asociación, cuando hace ya una década adelantaba la necesidad de impulsar este movimiento; sin duda fuimos pioneros en denunciar las sobre retribuciones que generaba un ineficiente sistema de formación de precios marginalista; y, más recientemente, alertábamos del sobredimensionamiento de la potencia que copaba los puntos de evacuación y de sus consecuencias.
¿Por qué Anpier ha sido capaz de adelantarse a algunos acontecimientos en el sector eléctrico? Muy probablemente porque nuestro conocimiento del sector es muy profundo y no está condicionado por intereses mercantiles que nos lleven a realizar vaticinios alineados con nuestros deseos. Nuestra única misión es representar y defender –además de dar servicios– a un colectivo cuyo único afán es el respeto de la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, cuestiones ambas que no habrían de precisar adalides, sino que deberían haber sido pilares sólidos de nuestra democracia.
Somos, en definitiva, ciudadanos y profesionales muy bien informados que un día vieron en la fotovoltaica el futuro energético de nuestro país, lo que nos llevó a ponernos al servicio de una causa común que lideró nuestro Estado, destinando nuestros ahorros y nuestros desvelos al desarrollo tecnológico y a la producción de energía eléctrica limpia y distribuida. Sin embargo, no fuimos capaces de imaginar, para nuestra desgracia, que un Gobierno español fuera a destruir nuestras inversiones con recortes retroactivos abusivos y permanentes.
Es ahora cuando nos enfrentamos a una nueva disquisición: ¿Cumplirá el Gobierno con su palabra de establecer compensaciones para nuestro colectivo por los daños soportados durante toda una década? Promesa plasmada con solemnidad en su propio programa de Gobierno. Ésta es ahora la gran incertidumbre para 62.000 familias españolas, la respuesta la tendremos en el transcurrir del año 2022. Pronto sabremos si nuestros representantes políticos restaurarán el valor de los compromisos para construir un futuro mejor para todos o si, al contrario, se refugiarán en la burla al ciudadano como forma, muy equivocada, de alcanzar y mantener el poder en beneficio de unos pocos.
