La transición energética en España evidencia grandes disparidades. Mientras las renovables crecieron de forma espectacular, el retraso en la rehabilitación de edificios, vehículos eléctricos, calor y frio renovables, autoconsumo, almacenamiento y electrificación aseguran una larga y costosa dependencia energética de los combustibles fósiles.
Desde la crisis de altos precios de la electricidad en 2022, Europa ha aprendido a identificar la seguridad con la independencia energética, que significa que las necesidades energéticas se cubrirán con energía autóctona, producida en su totalidad con recursos y medios propios. Las directivas europeas del “paquete de invierno” adelantaron en 2018 un modelo de autonomía estratégica para prescindir de los combustibles fósiles con energías renovables, almacenamiento y eficiencia energética.
Sin embargo, el ciclo inversor que han impulsado el Pacto Verde Europeo y las directivas del paquete “Fit for 55” parte de la desconfianza de que solo con renovables se puedan cumplir los objetivos climáticos, por lo que hay que complementarlas con “energía renovable no fósil”, eufemismo para convertir el gas, la nuclear y el hidrógeno en energías sin efectos sobre el clima y contabilizarlas como renovables. Mientras se impulsan tecnologías de oferta inaccesibles a los consumidores, inmaduras, derrochadoras de recursos y sin estudios de costes y beneficios, las tecnologías que afectan a la demanda, maduras y con mayor potencial de ahorro de energía y emisiones, se relegan y regulan tarde y mal pese a que abaratan precios, estabilizan la red y reducen el uso de combustibles fósiles.
Priorizar la neutralidad tecnológica sobre el principio de “primero, la eficiencia energética” provoca el retraso de la electrificación de la demanda y el desequilibrio entre la energía centralizada y la energía descentralizada y distribuida. Las consecuencias son la extensión del uso de los combustibles fósiles, la dependencia energética, la vulnerabilidad eléctrica de un mercado a merced de los precios del gas y la desprotección de los consumidores ante nuevas crisis de precios elevados de la electricidad.
La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha advertido que Europa está desaprovechando la respuesta de la demanda, que permite a los hogares, comercios e industrias ajustar su consumo en función de señales del sistema y más potencia flexible. Las oportunidades de un sistema totalmente eléctrico se deberían centrar en los instrumentos de eficiencia energética y los recursos distribuidos para reducir y desplazar el consumo de energía ajustando la oferta y demanda en tiempo real en cada centro de consumo.
La capacidad de energía flexible crece con la combinación del autoconsumo, almacenamiento, comunidades energéticas, aplicaciones inteligentes, vehículos eléctricos, edificios de energía positiva y agregadores participando en los mercados energéticos hasta hacer innecesaria la energía de respaldo. Es la electrificación beneficiosa, que acelerará la electrificación de la demanda y el proceso de reindustrialización.
La patronal Eurelectric propuso en 2018 la necesidad de electrificar el 60% de la economía europea en 2030 con renovables y almacenamiento. El informe sobre electrificación de la patronal de las renovables APPA de 2025 ha demostrado que ya es viable técnica y económicamente en el transporte, residencial, comercial e industria. No se trata de llenar el territorio de renovables sino de transformar un modelo energético centralizado en un modelo de flexibilidad energética apoyado en la proximidad entre la generación y el consumo y la participación de nuevos actores en el mercado eléctrico, como los consumidores activos, agregadores y los instrumentos de eficiencia energética como una fuente de energía más.
