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Las eléctricas piden ahora seguridad jurídica para sus inversiones. Son aquellas que nada dijeron cuando se perpetró el desaguisado contra los pequeños productores y los puso al borde de la ruina. Es un artículo de Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier, que se ha publicado hoy en El Diario Montañés.
¿Para cuándo la reparación prometida?

Con motivo de la celebración de las reuniones de grandes empresarios convocados por la CEOE, en los albores del verano, para el análisis de la situación creada por la Covid-19 y las medidas que a su juicio deberían adoptarse para salir de la crisis económica y de empleo que la misma va a dejar como herencia, una de las peticiones planteadas, o más bien habría que decir premisa básica, fue la de que era fundamental contar con un marco legal en el que la seguridad jurídica no solo fuese respetada sino que la misma, bajo ningún pretexto, en ningún momento pudiese ponerse en duda. ¿Es lógica tal exigencia?. Si, claro que si, lo absurdo es pensar que tal elemental principio en un Estado de Derecho haya que reclamarlo y mucho menos que el mismo haya podido ser en el pasado vulnerado de forma más o menos grave.

Dicho lo anterior cabe preguntarse: ¿por qué tales selectas empresas no alzaron su voz cuando tal principio fue, primero, vulnerado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010 y, posteriormente, directamente masacrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013? ¿Quizás, a que entonces ello no afectaba a las grandes empresas eléctricas sino solo a sesenta y dos mil familias que habiendo osado penetrar en el sacrosanto recinto de la generación eléctrica –hasta ese momento reservado al selecto club de grandes empresas eléctricas, en cuyos consejos de administración tan ilustres expresidentes, exministros y exaltos cargos han encontrado asiento– era lógico recibieran el justo castigo a tal atrevimiento?

Los elevados precios de la electricidad que en las últimas semanas estamos sufriendo ha hecho que algunos expertos hayan puesto de manifiesto, una vez más, los beneficios que las empresas eléctricas perciben por la electricidad producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares, cuestión ya denunciada hace tiempo por la propia Comisión Europea. La simple insinuación de que los mismos pudieran ser revisados ha supuesto que las empresas propietarias pusieran el grito en el cielo, reclamando seguridad jurídica para sus inversiones. Sí, las mismas empresas que nada dijeron cuando el desaguisado perpetrado contra los pequeños productores anteriormente denunciado puso a éstos al borde de la ruina.

Otra cuestión, no menos importante, es que quienes hace trece años, cuando el Gobierno tuvo que dirigirse a los españoles de a pie –pequeños ahorradores, agricultores y quienes creían que las energías renovables eran imprescindibles para mejorar un medio ambiente en franco deterioro– porque ellos, las grandes eléctricas, no respondieron a la petición de inversión para la puesta en marcha de la nueva tecnología fotovoltaica –aún en su fase inicial necesitada de ayudas para su desarrollo– ahora que, gracias a aquellos pioneros, se ha conseguido un avance muy notable de esta tecnología y una reducción de precios espectacular de sus placas, reclaman para sí la exclusividad en la generación de electricidad por este medio, construyendo para ello gigantescas plantas que ocuparán enormes extensiones de terreno que pretenden impedir la construcción de pequeños parques, a pesar de las ventajas que los mismos ofrecen al poder situarlos en la cercanía de los propios centros de consumo, facilitando con ello trabajo y posibilidades de desarrollo en la España rural, tan necesitada como está de incentivos que faciliten la vida en sus pueblos para la pervivencia de éstos.  

Aquellas injustas y arbitrarias medidas retroactivas –avaladas, para vergüenza nuestra, por el Tribunal Supremo con el voto de cuatro de sus miembros y la opinión contraria de los otros tres– han quedado ahora totalmente en evidencia con las sentencias que los tribunales internacionales de arbitraje vienen sistemáticamente dictando en contra de nuestro país y a favor de las empresas y fondos de inversión extranjeros que a ellos han recurrido, y a los que los españoles no podemos acceder. Innecesario debiera ser recordar, una vez más, lo que hace ya mucho tiempo dijo el Defensor del Pueblo español, cuando a él pidieron amparo los pequeños productores fotovoltaicos, al afirmar que sería impensable que no se aplicase a los nacionales las mismas medidas reparadoras reconocidas a los extranjeros.

Desgraciadamente tal cosa, hasta ahora, no se ha producido, y eso a pesar de que en los últimos tiempos parece que hay unanimidad, tanto en los partidos que apoyan al Gobierno como en los de la oposición, en la necesidad de resarcir a los pequeños productores españoles por las perjudiciales medidas adoptadas contra los mismos en el pasado. Por ello cabe preguntarse, ¿a qué esperan para negociar las medidas de reparación precisas con sus representantes? Y digo con los representantes de los pequeños productores, los verdaderamente afectados, y no con las grandes empresas que nada tienen que ver con ellos.

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