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Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

Iberdrola tiene 18 filiales en paraísos fiscales

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El dato (18 filiales) aparece en el informe Quien parte y reparte, publicado el pasado mes de octubre por Intermón Oxfam. Según ese informe, Iberdrola, que presenta hoy por cierto su primer balance semestral del año, tiene hasta once filiales en Delaware, una en las Islas Vírgenes Británicas, otra en Holanda y así, hasta 18. El Pleno del Congreso vota hoy el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, documento que debe orientar la política de reactivación económica postCovid. Varios partidos han propuesto que las ayudas que reciban las empresas lleven por delante una condición: que no tengan filiales en paraísos fiscales. Conoceremos el resultado de la votación en unas horas.
Iberdrola tiene 18 filiales en paraísos fiscales

El Pleno del Congreso se reunió ayer, martes, en sesión extraordinaria, para votar el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Dicho dictamen recoge las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo de esa Comisión: (1) el grupo de Sanidad y Salud Pública; (2) el de Reactivación Económica; (3) el de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados (fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal); y (4) el grupo Unión Europea, que ha trabajado en "la posición de España ante la UE". El Dictamen, que fue aprobado en la Comisión el pasado 3 de julio, contiene resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos, resoluciones y propuestas que fueron aflorando a lo largo de los dos meses en que ha estado activa la Comisión, que ha escuchado a una cuarentena de expertos y ha recibido más de 140 propuestas.

El Pleno de ayer comenzó con el debate de las enmiendas al Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, enmiendas que además han mantenido vivas el Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego, Junts per Catalunya, Compromís, Más País, Coalición Canaria y Nueva Canarias y Teruel Existe (así mismo, ha habido un voto particular del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común). A las ocho horas de esta mañana ha concluido el plazo para que los 350 diputados voten telemáticamente las 686 enmiendas que los grupos parlamentarios han mantenido vivas.

Hecho el recuento y anunciado el resultado por la presidenta, se abrirá un nuevo plazo para que los diputados que lo deseen voten telemáticamente el dictamen, que se dividirá en cuatro votaciones, una por cada grupo de trabajo, así como las posiciones particulares presentadas. El dictamen incluye medidas relacionadas con la sanidad y la salud pública, la reactivación económica, las políticas sociales en las que destacan la igualdad e inclusión y del ámbito Europeo e internacional, para afrontar las consecuencias de la crisis causada por el Covid19.

Los grupos políticos Equo, Mas País y Compromis han presentado una enmienda transaccional para condicionar las ayudas públicas postCovid de tres maneras: ninguna empresa podrá acogerse a ayuda pública si tributa, ella o sus filiales, en paraísos fiscales; si no está comprometida con el Acuerdo de París (sobre cambio climático); o si discrimina salarialmente a la mujer.

Íñigo Errejón, diputado por Más País: "es imprescindible que todas las ayudas públicas tengan condicionalidad. En los meses más difíciles, cuando todo el mundo tenía miedo, cuando muchas empresas estaban amenazadas de cerrar, cuando nos teníamos que confinar, hubo un actor colectivo que respondió, que fue el Estado. Ahora bien, el Estado no es solo un pagador. Puede ser también un orientador de la política económica de un país. Y nosotros queremos orientarla. En qué sentido. Tres condiciones. En primer lugar, las empresas que se quieran acoger a ayudas públicas tienen que cumplir el Acuerdo de París, que es el más ambicioso sobre cambio climático. En segundo lugar, no puede haber ayudas públicas para empresas que no estén comprometidas con que los hombres y las mujeres cobren el mismo salario por el mismo trabajo; si no cumplen esta segunda condición no pueden ser candidatos a optar a ayudas públicas. Y tercera condición: las empresas que quieran acudir al Estado para ser rescatadas, o para ser financiadas, no pueden operar en paraísos fiscales, ni ellas ni sus filiales. Porque si todas operaran en paraísos fiscales no habría dinero público para rescatar a nadie"

Según Más País, "a cada español le cuesta 2.000 euros al año la evasión fiscal de las grandes empresas que eligen no tributar aquí". En la misma línea de Errejón se manifestaron ayer la diputada de Equo Inés Sabanés, en rueda de prensa ante los medios, y el diputado de Compromís Joan Baldoví, en la tribuna de oradores del Congreso. Durante su intervención ante los medios, Sabanés ha recordado además que "este [el de condicionar las ayudas] ha sido un planteamiento que ya hicimos y llevamos en su momento a los grupos de trabajo, pero que, como ya sabéis, sufrió un resultado que... apareció y desapareció" (la diputada de Equo se refiere a que, inicialmente, en Grupo de Trabajo, se le dio luz verde a la propuesta, pero, posteriormente, fuera de Grupo, un acuerdo entre Ciudadanos y PSOE desmontó el acuerdo primero y la condicionalidad se desvaneció). Sabanés, y Baldoví desde la tribuna, han insistido en "volver a poner en el centro del debate la condicionalidad". La diputada de Equo ha recalcado que tanto su partido como Compromís y Más País consideran "enormemente importante" condicionar las ayudas y/o rescate de las empresas en las tres dimensiones: ambiental (cambio climático), social (brecha de género) y fiscal (justicia social). Esquerra Republicana de Cataluña también ha insistido en eliminar de la carrera por las ayudas a las empresas que tengan su matriz o filiales en paraísos fiscales (véase su propuesta en la página 280).

Sobre la Comisión
El pasado 6 de mayo fue constituida la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica en una sesión en la que Patxi López fue proclamado presidente. La Comisión está integrada por 46 diputados: 13 del Grupo Parlamentario (GP) Socialista; 9 del GP Popular; 5 del GP Vox; 4 del GP Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; uno del GP Republicano; 4 del GP Plural; uno del GP Ciudadanos; uno del GP Vasco (EAJ-PNV); uno del GP Euskal Herria Bildu y 7 del GP Mixto. El objeto de la Comisión es "la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica, como consecuencia de la crisis del Covid-19".

La Comisión trabajará sobre cuatro grandes aspectos: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. El plan de trabajo se acordará y aprobará en el seno de dicha Comisión, y tendrá una duración de dos meses, plazo que podrá ser prorrogado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. Una vez finalizadas sus sesiones, la Comisión emitirá un dictamen que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos. La Comisión está presidida por el socialista Patxi López.

• Constituida la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social

• Composición de la Comisión

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