La carta considera por una parte que la manera en la que se están repartiendo las ayudas "hace peligrar el cumplimiento de los compromisos climáticos y la llamada transición justa", y plantea, por otro lado, medidas concretas sobre cómo debería ser el apoyo y la recuperación del tejido económico en la era postCovid. Las oenegés proponen, entre otras cosas, incluir condiciones socioambientales, económicas y de transparencia en los procedimientos de asignación de las ayudas públicas. Según los firmantes de la carta, la última oportunidad para introducir dichas propuestas en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica (comisión creada a instancias del Parlamento) tendrá lugar próximamente en el Pleno del Congreso, en el que se votarán las enmiendas presentadas. Esta Comisión, que ha recibido a más de 40 expertos procedentes de organizaciones y entidades diversas y hasta 141 propuestas, ha estado trabajando durante dos meses sobre cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea tras la pandemia del coronavirus.
Los firmantes repasan los 150.000 millones de euros de ayudas ya concedidas
Durante los cuatro últimos meses -explican-, el Gobierno ha aprobado diversas partidas procedentes del presupuesto estatal para el rescate de empresas. Estas ayudas forman parte de la respuesta institucional a la emergencia sanitaria y los impactos económicos asociados a la pandemia. Pues bien, según los firmantes, las grandes partidas comprometidas entre marzo y junio incluían 100.000 millones de euros para avalar préstamos de empresas y autónomos y para la compra de pagarés empresariales; además, hace dos semanas se anunciaron otros 40.000 millones de euros en avales para empresas, y otros 10.000 millones para un fondo destinado a garantizar la solvencia de empresas estratégicas mediante la compra de acciones. A estas ayudas directas -añaden los firmantes- habría que sumarles otras indirectas, como son los ERTE, las contrataciones públicas adjudicadas por vía de emergencia sin licitación previa, así como las ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Pues bien, en ese marco, Ecologistas en Acción y las demás organizaciones firmantes de la denuncia han observado que una parte de las ayudas estatales, "en torno al 30% del total, ha sido asignada o planea asignarse a grandes empresas, entre estas, empresas de las industrias que más han contribuido al calentamiento global, que cuentan con un historial de impactos ecológicos, climáticos, sociales, de género y/o de puertas giratorias a sus espaldas, que tienen filiales en paraísos fiscales y/o que se han descapitalizado repartiendo cuantiosos dividendos entre sus accionistas los últimos años".
Así, las organizaciones firmantes consideran "injustificable" la falta de transparencia del proceso y la ausencia de condicionantes en materia económica, social, de género y ambiental en las ayudas comprometidas.
Carta de las 80 oenegés
«En la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ya se ha planteado la incorporación de condiciones socioecológicas en las ayudas y préstamos del Estado a las empresas por parte de diversas organizaciones. El 1 de julio, la enmienda de Más País-Equo, apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JuntsxCat, BNG y Compromís en el grupo de trabajo de reactivación económica, proponía que las empresas apoyadas o rescatadas no pudieran tener filiales en paraísos fiscales, tuvieran que cumplir con el acuerdo climático de París, se comprometieran con la protección de la biodiversidad, cerraran la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagaran dividendos durante al menos dos años.
Finalmente, ni se han tenido en cuenta las propuestas enviadas por las organizaciones sociales ni se ha incorporado la citada enmienda. A pesar de haber sido aprobada en el grupo de trabajo, una transaccional pactada entre el PSOE y Ciudadanos la retiró poco después. Consideramos que estas decisiones son tremendamente erróneas y deben ser subsanadas antes de que se celebre el pleno del Congreso donde se aprobarán definitivamente las enmiendas a las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción»
Además -continúan las oenegés-, el importe de las ayudas estatales a las empresas contrasta con el de otras partidas aprobadas en el contexto de la pandemia, como el fondo destinado a la sanidad y la educación en las comunidades autónomas, que cuenta con una financiación de 16.000 millones.
Para las organizaciones resulta "desproporcionado" que se destine tal cantidad de recursos a las empresas "en detrimento de la financiación necesaria para asegurar el bienestar, la protección social y la puesta en marcha de medidas de transición socioecológica".
Condicionantes
En la carta remitida, los firmantes insisten en la necesidad de introducir criterios de transparencia, económicos y socioambientales que excluyan de las ayudas a empresas como las mencionadas. En relación a las ayudas ya comprometidas a empresas específicas, se pide que se obligue a aquellas que no cumplan con dichos criterios a presentar planes de reconversión de sus actividades o de resolución de las causas por las que quedarían excluidas. También se pide la introducción de cláusulas de obligado cumplimiento en materia social, de género, ambiental, climática, financiera y económica en los contratos con las empresas receptoras de ayudas, así como a sus filiales, contratistas y subcontratistas dentro y fuera del Estado español.
A dónde van a parar los recursos públicos
Las organizaciones firmantes también exigen medidas para garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de las ayudas. Por un lado, las instituciones concesionarias de ayudas "deben publicar el nombre de las compañías que hayan recibido financiación pública superior a 250.000 euros y otra información clave para el control democrático". Por otro -añaden-, hay que crear "órganos de supervisión que cuenten con una representación equilibrada de todos los grupos afectados, que lleven a cabo el seguimiento del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas y que establezcan un procedimiento para la recepción de quejas por parte de las personas y la sociedad civil".
Por último, los firmantes instan a los grupos parlamentarios "a incluir en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción las medidas para la gestión democrática de las ayudas concedidas y los condicionantes financieros, económicos, sociales, de género y ambientales a empresas propuestas en la carta".
