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El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, norma que, grosso modo, (1) obliga a las administraciones a atender criterios sociales y ambientales a la hora de contratar productos y servicios y (2) prohíbe que el precio sea el único criterio a la hora de adjudicar los contratos. La nueva Ley recoge así, al fin, las recomendaciones incluidas desde hace años en varias directivas europeas. Pues bien, el 8 de marzo, un día antes de su entrada en vigor, la página Contrataciones del Estado registró aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, cantidad 10 veces superior a la media de cualquier otro día, algo que ha sido denunciado por las pymes y los sindicatos.
Golpe de Estado a las pymes

Lo contaba el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) el pasado 21 de marzo: la carrera de todas las administraciones del estado (ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios) por convocar concursos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley ha sido frenética. Las Administraciones Públicas -explicaba el sindicato- han empleado todo el último mes "para sacar a concurso numerosas e importantes licitaciones que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores". Más aún: el mismo día de la víspera de la entrada en vigor de la nueva norma, la página Contrataciones del Estado registraba "aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, un incremento 10 veces superior a la media de cualquier otro día". El portavoz de USO Basilio Alberto Febles criticaba duramente esa carrera contrarreloj, que acabará traducida -denunciaba- en "salarios de auténtica miseria" y pedía a las Administraciones "ética a la hora de gestionar el dinero público".

Pues bien, ayer, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España (Feníe) se unía a la crítica expresada por el sindicato. La nueva Ley de Contratación -apuntan desde esta Federación de empresarios- tiene como objetivo ampliar "la transparencia y la buena praxis en el ámbito de las contrataciones públicas", algo que acoge "con entusiasmo" Feníe. "Es por ello que la Federación considera los hechos acontecidos [por alusión al aluvión de convocatorias registrado el 8 de marzo, víspera de la entrada en vigor de la nueva Ley] como un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas (pymes), un golpe que solo beneficia a las grandes compañías".

La nueva norma efectivamente limita las posibilidades de abuso de mercado
El subsecretario de Hacienda y Administraciones Públicas, Felipe Martínez Rico, explicaba algunos de sus extremos hace unas semanas en el diario El País: para promover la participación en las licitaciones de las pequeñas y medianas empresas -decía literalmente Martínez Rico-, la nueva Ley introduce medidas como (1) la obligación de división de las adjudicaciones en lotes, "siempre que la naturaleza del contrato lo permita", y (2) la simplificación de los medios para acreditar la solvencia técnica y financiera (es decir, simplificación de los procedimientos). En su artículo, el subsecretario de Hacienda también destacaba en la norma ahora en vigor los "nuevos instrumentos de discriminación positiva": la Ley establece un porcentaje mínimo de reserva "para centros especiales de empleo y empresas de inserción, que se concretará reglamentariamente, y que será de un mínimo de un 7%, a partir de 2019".

El frenesí desatado en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Ley dejará sin embargo fuera de ese marco a las pymes y trabajadores relacionados con las 2.500 convocatorias aludidas, algo que han criticado en fin sindicatos como USO y la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España: "Feníe lamenta -explica su comunicado- que, teniendo la oportunidad de hacer las cosas bien, se haya actuado de una forma tan reprochable y se muestra crítica con el Gobierno por dar cobertura a este tipo de acciones". Entre los concursos publicados los hay de hasta 73 millones de euros.

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