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Bruselas obligará a las Cortes a elevar la ambición de la Ley española de Cambio Climático

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Eso es lo que adelanta el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que considera que los objetivos de reducción de emisiones que recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (ley que el Consejo de Ministros acaba de enviar al Parlamento) son "poco ambiciosos". El Instituto sugiere en todo caso que, "mientras el proyecto se encuentre en trámite parlamentario, es previsible que la UE aumente su nivel de ambición, algo que a su vez se reflejará en el recientemente propuesto Reglamento para una Ley de Cambio Climático de la Unión; por ello -concluye el Instituto-, es esencial estar pendiente e integrar en trámite parlamentario un nivel de ambición en línea con el de la UE".
Bruselas obligará a las Cortes a elevar la ambición de la Ley española de Cambio Climático

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, tras cinco años de espera -recuerda el Instituto- el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, el texto que ha remitido el Consejo de Ministros al Congreso no es sino "una Ley Marco que deberá desarrollarse a través de la adopción de una batería de planes y estrategias, tales como son el Plan Nacional Integrado (PNI 2021-2030) de Energía y Clima, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa o la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, por citar algunas". El Instituto, que es una organización española acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha hecho una lectura crítica de esa Ley Marco.

Para empezar, recuerda que el proyecto de ley obvia los posibles impactos de la pandemia de la Covid-19 en temas como el PIB o el empleo: "los datos que presenta el preámbulo del proyecto de Ley obvian los posibles impactos que la pandemia de la Covid-19 está teniendo en nuestra forma de vida y los cambios que esta está generando, manteniéndose las estimaciones de generación de Producto Interno Bruto (PIB) y de creación de empleos, que son las mismas que los textos de anteproyecto de Ley de 2018 y 2019, emitidos en un escenario anterior al actual".

En cuanto a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que recoge esa Ley, el Instituto considera que son "poco ambiciosos" (-20% en 2030 con respecto a lo que emitía España en 1990). Ese objetivo ya aparecía en los anteriores anteproyectos de la Ley (2018 y 2019), cuando el compromiso de la Unión Europea se mantenía en -40%.

Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: "mientras el proyecto se encuentre en trámite parlamentario, es previsible que la Unión Europea (UE) aumente su nivel de ambición, pasando del 40% de reducción a un 50% o 55%, algo que a su vez se reflejará en el recientemente propuesto Reglamento para una Ley de Cambio Climático de la Unión; por ello, es esencial estar pendiente e integrar en trámite parlamentario un nivel de ambición en línea con el de la UE"

El proyecto enviado a las Cortes -alerta por otro lado el Instituto- deja patente que muchas de las medidas de la lucha contra el cambio climático están bajo competencias que corresponden a las comunidades autónomas y, así, echa en falta "mecanismos de gobernanza más robustos para reforzar la cooperación con ellas".

Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: "creemos que la pandemia ha demostrado que es necesaria una mayor cooperación internacional, al tratarse de un problema global, lo mismo sucede en la lucha contra el cambio climático. Pero por ello, también la cooperación no solo debe practicarse en el plano internacional, sino también en el doméstico, entre los diferentes niveles de administración"

Sobre el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, el Instituto estima que el proyecto de Ley lo propone en líneas excesivamente generales: "esta Ley debería ya indicar como mínimo que el Comité contará con recursos económicos suficientes para realizar su labor y que si el gobierno se aparta de sus recomendaciones tendrá que justificarlo". Y ahí desde el Instituto recuerdan que "la pandemia ha demostrado que la toma de decisiones políticas para hacer frente a una emergencia requiere apoyarse en la ciencia y estamos también ante otra emergencia, la climática".

Por otra parte, el proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, a lo que el Instituto propone que parte de esos recursos se dirijan a la transición ecológica, "teniendo en cuenta que necesitamos soluciones basadas en la naturaleza".

Ana Barreira, directora del Instituto de Derecho y Medio Ambiente: “las decisiones políticas deben alinearse con las evidencias científicas. No podemos perder la oportunidad que representa la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para crear un Comité de Cambio Climático y Transición Energética independiente que garantice que la ciencia sea tenida en cuenta en esas decisiones. Es fundamental que la Ley que finalmente sea adoptada por el Congreso incremente la ambición e introduzca los cambios necesarios para que desde su entrada en vigor se pongan en marcha los mecanismos necesarios para lograr sus objetivos”

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