La petición la hace efectivamente el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Pero la hace de la mano de una sentencia de la Audiencia Nacional que acaba de ratificar que el límite de 75 años para la explotación de las centrales hidroeléctricas por parte de las compañías privadas titulares de sus concesiones supone "un plazo máximo improrrogable". O sea, que Podemos pide una "nacionalización" que la Justicia estaría considerando ya obligatoria.
La Ley de Aguas dice que, "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento". Dice exactamente eso (en el artículo 53) y se refiere esa Ley básica (en el artículo 59.4) a concesiones "con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años". Pues bien, la sentencia de la Audiencia Nacional (página 25) entiende esos 75 años como "plazo máximo improrrogable". La sentencia es del pasado mes de febrero y avala la reversión al Estado de la central oscense de Lafortunada-Cinqueta, una de las mayores del Pirineo. La concesión fue otorgada en 1927 "por el plazo de 75 años (...) como preceptúa el Real Decreto de 10 de noviembre de 1922" (porque resulta que ese Real Decreto, aprobado hace casi cien años, en tiempos de Alfonso XIII y Primo de Rivera, establecía para la reversión el mismo plazo, 75 años, que establece la hoy vigente Ley de Aguas). El caso es que, en esa sentencia, la Audiencia Nacional señala un "plazo máximo improrrogable" en el límite de 75 años para la explotación de las centrales hidroeléctricas por parte de las compañías privadas titulares de sus concesiones. Y Unidas Podemos considera que el criterio fijado por la Audiencia Nacional avalando esa reversión "es una garantía para acelerar la transición ecológica". El Grupo Confederal ya había propuesto la creación de una “empresa pública de la energía” que asumiera, entre otras cosas, precisamente la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones fueran caducando y tuviera un rol activo en la instalación de energías renovables como "agente esencial" de la transición energética. Según el cofundador del partido ecologista Equo Juantxo López de Uralde, diputado ahora integrado en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, "la reversión al estado de las centrales hidroeléctricas ayudaría a acelerar la transición ecológica, ya que puede dotar de recursos al Estado para impulsar esa transición". Según el Gobierno, en los próximos meses caducan las concesiones de al menos diez centrales hidroeléctricas.
Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y Presidente de la Comisión de Transición Ecológica: "con esta sentencia, la Audiencia Nacional hace firme su criterio de que el límite de 75 años para la explotación de las centrales hidroeléctricas por parte de las compañías privadas titulares de sus concesiones supone un plazo máximo improrrogable. Recuperar la gestión pública de estas infraestructuras permitirá emplear la energía producida para complementar los valles producidos por otras tecnologías renovables, además de proteger la salud de los ríos, garantizar el riego, u otras funciones de control de crecidas y suministro de agua”
Precisamente el diputado López de Uralde, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha presentado a la Mesa del Congreso cuatro preguntas sobre el particular. Son estas:
• ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto del criterio fijado por la Audiencia Nacional con las sentencias mencionadas?
• ¿Ha dispuesto un plan de actuación el Gobierno para facilitar y agilizar la recuperación por parte del Estado de las centrales cuyos permisos de explotación hayan vencido ya, o venzan en los próximos años?
• ¿Tiene el Gobierno realizado un cálculo de las indemnizaciones a percibir por aquellos rendimientos que hayan obtenido las empresas concesionarias durante el tiempo que las han explotado por encima de ese plazo?
• ¿Podría hacer públicos estos planes?
En la imagen, Juantxo López de Uralde, durante su primera intervención, hace apenas unas semanas, como presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.
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