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Pantanos: el final de las concesiones puede señalar el principio de la contención del precio de la luz

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La Ley de Aguas dice que, "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento" (aprovechamiento hidroeléctrico). Pues bien, algunas de esas concesiones han empezado a caducar y está llegando así el turno de la Administración, que, con potencia de generación en sus manos, podría abrir o cerrar el grifo de los pantanos a demanda para controlar así el precio de la luz, que está completamente desmandado.
Pantanos: el final de las concesiones puede señalar el principio de la contención del precio de la luz

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) acaba de publicar un informe -«Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España»- con el objetivo primero de "poner en manos de la sociedad" la información correspondiente a "la finalización de las concesiones de las principales presas hidroeléctricas del país". ¿Objetivo último? Alertar en primer lugar a la ciudadanía y, en segundo lugar, a las administraciones, para que soliciten la reversión a lo público de las concesiones que están a punto de caducar, y para, desde esa titularidad, abaratar el precio de la luz. Todo ello -apuntan desde el OS-, en un contexto "de pobreza energética en el que millones de ciudadanos no pueden calentar sus casas en invierno o enfriarlas durante las olas de calor de verano", un contexto "de máximos precios de la electricidad" que están alumbrando "una de las energías más caras de Europa".

¿Solución?
Estar al tanto del final de la concesión, que el organismo correspondiente de la Administración competente rellene los formularios que haya de rellenar y que se haga así efectiva la letra de la ley (la letra de la ley de Aguas): "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento" (en este caso estamos hablando de aprovechamientos hidroeléctricos). Porque según todos los expertos -apuntan los autores del informe-, el que la Administración pueda operar esas instalaciones de generación de energía eléctrica "sin duda puede servir para disminuir el precio de la electricidad que pagan las empresas y los ciudadanos".

Y el final de las concesiones ya está aquí
Al menos, el final de algunas de ellas. El Observatorio de Sostenibilidad pone dos ejemplos inminentes: el embalse de El Tranco de Beas, en el Guadalquivir (la concesión expira en unos meses, en 2019). Y dos: el embalse de El Ebro, en Reinosa (la concesión expira en 2020). El primero tiene una potencia de generación de electricidad de 498 megavatios. El segundo, de 541. Entre ambos suman más potencia de generación que la más grande de las centrales nucleares de España (Vandellós, 1.087 megavatios). Más de mil megas de potencia hidro, en fin, que, bien empleados, pueden servir efectivamente para abaratar el precio de la luz. ¿Cómo? Operando como una batería, que guarda agua cuando hay mucha electricidad barata en el mercado (eólica, termosolar), y la suelta para que mueva las turbinas cuando esta es escasa y lo que prima es la electricidad de carbón o gas, que es la más cara. Así se deprime el precio, porque el horizonte de la Administración no es el lucro, sino el servicio público.

A continuación, fotografía (a 31 de diciembre de 2017), del parque hidroeléctrico español: potencia hidro en megavatios por comunidad autónoma; capacidad en hectómetros cúbicos por cuenca; y año medio de recuperación de las concesiones. Abajo, a la derecha, porcentaje de capacidad hidráulica (por comunidad autónoma) donde ya ha acabado la concesión. 

El Observatorio de Sostenibilidad insinúa en su informe que los propietarios de los embalses -Endesa, Iberdrola, Naturgy- han cerrado este verano el grifo de los mismos y que ese ha sido uno de los motivos de que se haya disparado el precio de la electricidad. Los elevados precios de la electricidad de este verano de 2018 -explica en su informe el OS- han sido los más altos de los últimos diez años "a pesar de contar con abundantes reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos". El control de ese enorme almacén de electricidad (España tiene más de 20.000 megavatios de potencia hidroeléctrica) puede evitar ese disparo de la factura de la luz.

Además, ayudará al país -apuntan desde el OS- a materializar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el relativo a la Energía Asequible para todos los Ciudadanos. Y es que, según el Observatorio, la electricidad que pagan los españoles es una de las más caras de Europa, lo cual "es una fuerte traba para la competitividad de las empresas y un grave problema para capas importantes de la población que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno".

Otro de los motivos por los que el OS considera que el control de los embalses puede acarrear consecuencias muy positivas para la ciudadanía está vinculado a las emisiones. Según el informe que acaba de presentar el Observatorio de Sostenibilidad, "los elevados niveles de emisión de CO2 de la economía española", que en 2017 aumentaron un 3,4% respecto a 2016, pueden ser combatidos -según el OS- "potenciando y controlando las energías renovables", lo que ayudará al país a cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU clave: el ODS 13 Cambio climático

Por estas razones, el OS ha elaborado el informe «Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España» con el objetivo de señalar a la sociedad española el importante tema de la reversión de los saltos y concesiones hidroeléctricas asignados durante los últimos 75 años a las diferentes empresas eléctricas para que reviertan a la sociedad como ya ha pasado en algunos saltos y centrales concretos, sobre todo los situados en la cuenca del Ebro.

En España hay 20.331 megavatios de potencia hidroeléctrica, lo que supone casi la cuarta parte de la potencia instalada total (104.517 megavatios). El informe ahora publicado por el OS explica que "estas instalaciones, según todas las fuentes, están suficientemente amortizadas". Muchas de ellas se encuentran en fechas próximas de caducidad "y no existe ninguna razón para no cumplir la ley Refundida de Aguas y que vuelvan al sector público". En ese sentido, el Observatorio alerta: "en la reversión de algunas concesiones se ha tardado hasta 12 años en volver a ser públicas por lo que es necesario el iniciar esas acciones cuanto antes".

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, la reversión produce dos beneficios clave para la sociedad
1. Precio. Según el informe del OS, algunas centrales ya revertidas (a la Confederación Hidrográfica del Ebro, entidad pública) están produciendo electricidad a entre 9 y 10 euros el megavatio/hora (el OS concreta que ello está sucediendo en la central de El Pueyo de Jaca).

2. Emisiones. El OS considera que en el futuro será necesario, cada vez más, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, "sobre todo en épocas de sequía que previsiblemente serán cada más frecuentes en un escenario de cambio climático".

Los autores del informe consideran llamativo el hecho de que las concesiones sean tan largas: 75 años
El Observatorio califica ese lapso de "excesivo". Según el OSE, esas concesiones podrían resultar comprensibles en períodos de autarquía, en la década de los 40 y 50, pero no ahora: "llama la atención", dicen los autores del estudio, el hecho de que no haya sido revisado ese lapso ni siquiera cuando se han aprobado nuevas concesiones en pleno siglo XXI. (Véase el caso de Os Peares, instalación de Naturgy, compañía antes denominada Gas Natural-Fenosa, para la que ya se han vuelto a conceder otros 75 años).

Recomendaciones del OS "para recuperar las concesiones y así disminuir el precio del coste mayorista del megavatio hora"
• recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de estado y volver a licitarlos o no, pero con condiciones favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años;

• reducir el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años;

• analizar con detalle la priorización en el uso del agua del resto de aprovechamientos tanto de riego como de abastecimiento en relación a los aprovechamientos hidroeléctricos especialmente en periodos de sequía o en períodos previos a situaciones de sequía especialmente en un escenario de cambio climático.

El Observatorio de la Sostenibilidad se declara "convencido de que estas empresas, con importantes políticas de responsabilidad social corporativa y compromiso público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no tendrán ningún reparo, ni pondrán ningún problema para aplicar la legislación devolviendo las concesiones hidroeléctricas al estado una vez ya pasados los 75 años".

El OS, con los datos disponibles, estima que
• alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya ha expirado. En concreto existe una central, Os Peares, de Naturgy (Gas Natural-Fenosa), para la que ya se han vuelto a conceder otros 75 años.

• entre 2018 y hasta el año 2030 otro 8% de las concesiones irá caducando. Incluyendo los grandes embalses de el Tranco de Beas, en el Guadalquivir 2019, el de El Ebro en Reinosa, 2020, o el de Alarcón en el Tajo, 2030.

• Se observa como Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayores saltos y mayor capacidad de volumen hidroeléctrica con cerca de un 30%, seguido de Castilla y León con un 17% y Andalucía con un casi 16%. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha con un 10% y Aragón con un 8%. Estas 5 comunidades autónomas suponen casi un 80% (78%) del total de la capacidad de embalse con capacidad de producir electricidad de todo el país. En cuanto a producción hidráulica instalada el orden de las CCAA es diferente así Castilla y León es la primera, seguido de Galicia, Extremadura y Cataluña y Aragón cubren el 80% del total.

• Respecto a las concesiones ya caducadas y medidas como capacidad de embalse, se observa como en Cataluña ya han expirado el 24%, en Murcia 21%, en Asturias y Castilla y León 20% o en Castilla-La Mancha 10%. Les siguen Navarra 8%, Andalucía 8% Cantabria 4% y Aragón y Madrid con el 3%.

El informe detalla por comunidades autónomas las concesiones hidroeléctricas para que éstas y los municipios que sufren las consecuencias directas de estas presas sean los que vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones. "En muchas ocasiones -explican los autores del informe-, estas comunidades autónomas que soportan estas infraestructuras, que coinciden con menores niveles de riqueza, podrían obtener una serie de beneficios ya que han soportado los efectos ambientales de estas presas durante decenios".

La energía hidroeléctrica se empezó a desarrollar a gran escala en España asociada a la política de grandes embalses realizados sobre todo entre 1945 y 1955. Actualmente hay unas 800 centrales hidroeléctricas, con un rango de tamaño muy variado. Hay 20 centrales de más de 200 MW, que representan en conjunto el 50% de la potencia hidroeléctrica total. En el otro extremo, existen decenas de pequeñas presas con potencias menores de 20 MW, repartidas por toda España. Las concesiones se realizaron sin contraprestación a las compañías eléctricas en los embalses realizados por el estado.

Finalmente el OS ha elaborado un mapa donde se visualizan la capacidad de estos embalses hidroeléctricos y las fechas teóricas de finalización de las concesiones. El Observatorio irá actualizando el mapa "conforme se presente información oficial más detallada".

Caso de El Pueyo
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) consiguió la primera reversión el 7 del 8 del 2013 de la central hidroeléctrica de El Pueyo de Jaca (Panticosa), el primer salto hidroeléctrico que revierte en España a la Administración al finalizar el plazo de la concesión a una empresa privada. La CHE produce en El Pueyo hidroelectricidad con valores entre 9 y 10 euros el megavatio/hora. El salto de El Pueyo de Jaca, localizado en el término de Panticosa, en la cuenca alta del río Gállego, arroja una producción media de 63 millones de kilovatios/hora al año. Según la CHE, “una primera valoración sitúa los beneficios de esta explotación entre 2 y 3 millones de euros anuales” que, desde hace casi dos años, van a parar directamente a las arcas públicas o son destinados a programas de restitución territorial.

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Miguel
Quien tenga la concesión, siempre va a intentar sacar la máxima rentabilidad posible. Sea una empresa privada, o sea una administración. Eso no va a suponer una bajada de precios.