El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remitido una misiva al director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, no solo para hacerle notar su desacuerdo y solicitar que la cuantía, proveniente de los fondos europeos Feder, se mantenga en 40 millones de euros para Canarias, sino para exponerle "la discriminación a la que somete a Gran Canaria, al limitarle las ayudas a la instalación de 32 megavatios, frente a los 94 megavatios que subvencionará en Tenerife, lo que en la práctica -apunta Morales- supone destinarle a Tenerife el triple de ayudas, a pesar de que Gran Canaria presenta mayor necesidad". Según los datos del Cabildo grancanario, esta convocatoria de ayudas del IDAE prevé subvencionar un total de 150 megavatios en el archipiélago de las islas afortunadas: 32 de ellos concretamente en la isla de Gran Canaria, que recibirá como máximo 4,2 millones de euros. Pues bien, la misma convocatoria -se queja Morales- subvencionará hasta 94 megavatios en Tenerife, que podrá recibir hasta 12,5 millones de euros, es decir, el triple que Gran Canaria, "a pesar de tener similar demanda energética, similar población, pero con solicitudes de instalación casi cuatro veces inferior".
Por otra parte -explica Morales-, la potencia fotovoltaica instalada en Gran Canaria, según datos del Anuario Energético de Canarias de 2018, es de 41,5 megavatios, frente a los 116,8 de Tenerife, "esto es un diferencial de más del 180 por ciento, al que se agrega el diferencial en eólica, de un 21 por ciento superior en Tenerife". Pues bien, según el presidente del cabildo grancanario, la convocatoria actual del IDAE "debería contribuir a una penetración equilibrada, del mismo modo que fue compensada Tenerife por tener menos eólica en el correspondiente concurso".
Morales reconoce que el IDAE está trabajando por acelerar la transición ecológica. Sin embargo -se queja-, el borrador distribuido con conocimiento del Gobierno canario para la “Resolución por la que se realiza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Canarias cofinanciadas por los Fondos Comunitarios Feder” (1) perjudica a Canarias (en comparación con Baleares, a la que se le asignaron 40 millones de euros, y no 20, como se propone para Canarias) y (2) incurre en un segundo perjuicio para Gran Canaria, "al destinarle un tercio que a Tenerife".
Gran Canaria pide que se le subvencionen 95 megavatios
Las solicitudes administrativas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias de proyectos de instalaciones fotovoltaicas en Canarias desde el año 2017 hasta el año 2020 revelan que la isla que cuenta con mayor número de solicitud de potencia fotovoltaica es Gran Canaria, con una estimación de 182 MW, seguida de Fuerteventura con 68 MW, Tenerife con 50 MW y Lanzarote con 8 MW.
La demanda de solicitudes de instalaciones de energía fotovoltaica en Gran Canaria -recalcan desde el Cabildo de esa isla- prácticamente cuadruplica por tanto las de Tenerife (3,65 veces), siendo incluso superior en Fuerteventura (1,36 veces).
El borrador de la convocatoria de ayudas, sin embargo, plantea un reparto de potencia entre islas -se queja Morales- que no se relaciona con las necesidades a cubrir para lograr la máxima penetración de renovables en el archipiélago, de modo que Tenerife sumaría los 94 que propone subvencionarle a los 116,8 MW de los que dispone y obtendría como resultado 210,8 MW, frente a los 32 MW que propone subvencionar en Gran Canaria, que sumados a sus 41,5 instalados, situaría finalmente su potencia en apenas 73,5 MW, "con lo que no contribuye a una penetración equilibrada".
La demanda de energía eléctrica -recuerda el presidente en su misiva- es similar en ambas islas, de modo que la penetración de energía renovable debería seguir una evolución similar. Por otro lado -prosigue-, Gran Canaria sigue pendiente de la autorización administrativa de la ejecución de la Central de Almacenamiento de Hidrobombeo de Chira-Soria, que oferta una potencia de turbinado de 200 MW, "de modo que el potencial de penetración de Gran Canaria es muy alto y las políticas deben ir encaminadas a facilitar esta penetración y no a limitarla".
Por ello, Gran Canaria pide que la potencia que subvenciona esta línea se distribuya según las necesidades y solicitudes de cada isla. Y, concretamente, solicita que en vez de subvencionar 32 MW, el IDAE subvencione en Gran Canaria 95 MW.
Adaptación a la crisis sanitaria y a la ultraperiferia
Dada la situación de crisis sanitaria, y la necesaria adaptación del sector público y empresarial al nuevo escenario, el Cabildo de Gran Canaria propone que el plazo de presentación de proyectos pase de dos a seis meses y se negocie asimismo con la Comisión Europea que el plazo de justificación de la inversión sea ampliado a seis meses. Dados los sobrecostes de la ultraperiferia, el Cabildo grancanario solicita un incremento del 20 por ciento del presupuesto unitario máximo financiable, "así como valorar, más que el almacenamiento, la presencia de cooperativas y comunidades energéticas para contribuir a una mayor democratización energética". En definitiva, el presidente solicita que los desequilibrios sean corregidos y que la convocatoria atienda a un desarrollo que potencie la presencia de energía fotovoltaica allí donde sea más deficitaria, además de adaptarse al momento actual y a la lejanía de Canarias.
