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REE multiplica su inversión en redes por 2 mientras el sector solar multiplica su potencia por 6

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Es difícil sintetizar con precisión tanto dato en un titular, que está obligado, por mor del espacio, a ser tan breve. Así que vamos a concretar al máximo a continuación. Red Eléctrica (REE), que es el operador del sistema eléctrico nacional, invirtió en 2018 en redes 392 millones de euros y ha invertido en 2023 un total de 825, es decir, que ha multiplicado por 2,1 esa inversión. En el mismo lapso (18-23), el sector solar fotovoltaico nacional ha multiplicado su potencia desde los aproximadamente 5.000 megavatios de 2018 hasta alcanzar los más de 32.000 megas de finales del 23, es decir, que ha multiplicado por 6,4. La pregunta es: ¿puede avanzar así -con esa brecha- la transición energética a la velocidad precisa?
 REE multiplica su inversión en redes por 2 mientras el sector solar multiplica su potencia por 6

La transición energética, esa que debe conducirnos hacia un sistema descarbonizado (81% de electricidad renovable en 2030; cero ceodós neto en 2050), depende de las redes, de su capacidad para ir integrando de manera adecuada toda la potencia renovable que está llegando al sistema. Tan sencillo como eso. Todos los actores del sector lo saben y todos están presionando para que la inversión en redes crezca en la medida y, sobre todo, al ritmo necesarios. Pero las redes -transporte y distribución- no lo están haciendo, según muchos actores del sector. La presidenta de aelēc, que es la asociación de empresas de energía eléctrica, donde se integran las tres grandes (Iberdrola, Endesa y EDP), nos contaba muy explícita, hace apenas unos meses, sobre las redes de distribución, lo siguiente: "para alcanzar los objetivos de descarbonización que tenemos es necesario invertir en las redes de distribución (...). Porque cualquier escenario estudiado para alcanzar estos objetivos -añadía en otro lugar de la entrevista- pasa imprescindiblemente por el aumento de la electrificación de la economía, y las redes eléctricas juegan aquí un papel central".

[Bajo estas líneas, a la derecha, parque nacional de generación de electricidad 2018 y parque nacional de generación de electricidad 2023. En las tablas se aprecia el brutal incremento que ha experimentado la potencia solar fotovoltaica en el mix eléctrico nacional. No aparece recogida además aquí la potencia FV instalada en autoconsumos, que en estos años ha rondado los 7.000 megavatios. Fuente: Red Eléctrica].

Transporte
Red Eléctrica (REE) no es una distribuidora. Es el "transportista único y operador del sistema eléctrico español", o la empresa responsable del "desarrollo y ampliación de la red de transporte, de realizar su mantenimiento y de gestionar el tránsito de electricidad". REE transporta la energía eléctrica "desde los centros de generación hasta las zonas de consumo, mediante una extensa red de transporte propia que desarrolla, amplía y mantiene". La red de transporte de Red Eléctrica está compuesta por más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión, más de 6.000 posiciones de subestaciones y más de 93.000 MVA de capacidad de transformación.

En definitiva: grosso modo, la actividad de transporte (que realiza REE) tiene por objeto llevar la electricidad desde el punto donde se genera (un parque eólico, una central termosolar o un megaparque fotovoltaico, por ejemplo) hasta los puntos de demanda de grandes consumidores industriales conectados directamente a la red de transporte y hasta los puntos de entronque con las redes de distribución (subestaciones) a través de las cuales se lleva la electricidad a los demás consumidores. En resumen: REE, titular de toda la red de transporte, es el "transportista único y operador del sistema eléctrico español" (o Transmission System Operator, TSO).

Red Eléctrica da acceso y conexión (o no) a nuevos parques eólicos o solares en función de sus capacidades. Y el problema (uno de ellos) es que es mucha-mucha la demanda de generadores de electricidad (que quieren entrar en la red para poder volcar ahí su producción eléctrica eólica o solar) y es mucha-mucha la demanda de consumidores de electricidad (grandes industrias que quieren asentarse en España porque la electricidad renovable es aquí muy barata... grandes industrias o centros de datos que quieren entrar en la red, fundamentalmente en las redes de distribución, para alimentarse desde ellas con esa electricidad limpia y renovable que oferta el Sol de España).

La red, pues, es la clave. Y Bruselas lo sabe
La Comisión Europea (CE), que estima que el consumo de electricidad en la Unión aumentará alrededor de un 60% de aquí a finales de década, ha propuesto un Plan de Acción (European Union Action Plan for Grids) "para garantizar que nuestras redes eléctricas funcionen de manera más eficiente y se desplieguen más lejos y más rápido". Bruselas, que ya ha establecido un "marco jurídico de apoyo para el despliegue de redes eléctricas en toda Europa", estima que ese despliegue va a requerir inversiones por valor de más de medio billón de euros. "Teniendo en cuenta que el 40% de nuestras redes de distribución tienen más de 40 años -explican desde la Comisión- y que la capacidad de transmisión transfronteriza se duplicará de aquí a 2030, se requiere una inversión por valor de 584.000 millones de euros". Nada menos.

Entre las acciones clave que plantea el European Union Action Plan for Grids, destacan cuatro
(1) Mejorar la planificación a largo plazo de las redes para dar cabida en el sistema energético a una mayor demanda de energías renovables y electrificadas, incluido el hidrógeno, dirigiendo el trabajo de los operadores del sistema, así como de los reguladores nacionales;

(2) introducir incentivos regulatorios a través de orientación sobre inversiones anticipadas y con visión de futuro y sobre costos compartidos transfronterizos para proyectos extraterritoriales;

(3) mejorar el acceso a la financiación para proyectos de redes aumentando la visibilidad de las oportunidades para los programas de financiación de la UE, especialmente para redes inteligentes y modernización de redes de distribución; y

(4) estimular la obtención de permisos más rápidos para el despliegue de redes.

En España, y según fuentes que no quieren ser identificadas, las distribuidoras están pidiendo paso a Red Eléctrica, que es como se dijo el operador del sistema eléctrico nacional, porque son muchos los demandantes de electricidad que se acercan a ellas para conectarse a la red, conectarse a la altura de la distribuidora (y no en alta tensión, que controla REE).

Así que solicitan acceso a la distribuidora, que tiene que llamar a las puertas de REE (que está aguas arriba) y solicitarle la necesaria autorización. Y Red Eléctrica está denegando acceso por motivos técnicos y quizá también por otros (se habla de varios miles de megavatios en negativas).

REE está diciendo "no", quizá, según algunas voces, porque al final las redes de distribución las pagamos en la factura y si empezamos a conectar demanda a diestro y siniestro eso puede encarecer el recibo.

El problema es que si queremos descarbonizar la economía y queremos industrializar, no podemos perder demandas industriales que han venido aquí al calor de las renovables (industrias y centros de datos sabedores de que la electricidad solar y eólica made in Spain es barata).

No podemos perder la oportunidad de industrializar el país en clave verde y no podemos o no debemos perder empleo. "El no actuar ahora es perder una oportunidad de oro y, además, nos costará mañana mucho más caro", sostienen ciertas fuentes. El debate está servido. 

Hay dos preguntas clave aquí: ¿quién debe pagar la mejora, optimización, ampliación, de las redes?

Y, ¿estamos abordando este reto a la velocidad necesaria? 

[Bajo estas líneas, a la derecha, inversiones de REE de los últimos años. Redeia, que presentó ayer sus Resultados 2023, anunció que invertirá un 5% más en redes en 2024. Esta es la evolución de la inversión a lo largo de los últimos años].

Inversión para la red pública versus beneficio para accionistas privados
REE declaró un beneficio neto de 704 millones de euros en 2018 (sobre el particular léase Red Eléctrica redujo en 2018 un 8% sus inversiones en redes); un año después declaró un beneficio de 718 millones de euros (léase Solo el 21% de las inversiones que hizo el año pasado Red Eléctrica de España fueron a ampliar y mejorar las redes, publicado en febrero de 2020); la compañía declaró un beneficio de 611 millones de euros en 2020; de 680 millones de euros en el ejercicio 2021; de 681 millones de euros en el curso 2022; y de 690 en 2023, tal y como publicamos ayer.

El transporte es una actividad regulada
Es el Gobierno el que le pone el precio. El Ejecutivo, cada año, establece una cantidad a pagar al transportista (REE) por su actividad y son todos los usuarios y usuarias del sistema eléctrico nacional los que costean ese importe. En los últimos seis años (2018-2023), el transporte nos ha costado 9.000 millones de euros. Pues bien, REE, que es una empresa en un 80% privada, ha declarado beneficios por valor de... 4.000. En el mismo lapso, el gestor de la red de transporte (REE) ha invertido en redes 3.000. Este año ha anunciado que va a incrementar en aproximadamente un 5% su inversión en 2024, hasta los 1.000 millones. 

El Gobierno estableció en la Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, que la planificación de la red de transporte de electricidad para el periodo 2021-2026 se debe guiar por los siguientes principios rectores
a) El cumplimiento de los compromisos en materia de energía y clima se van a concretar a nivel nacional en el PNI de Energía y Clima 2021-2030;

b) La maximización de la penetración renovable en el sistema eléctrico, minimizando el riesgo de vertidos, y de forma compatible con la seguridad del sistema eléctrico;

c) La evacuación de energías renovables en aquellas zonas en las que existan elevados recursos renovables y sea posible ambientalmente la explotación y transporte de la energía enerada;

d) La contribución, en lo que respecta a la red de transporte de electricidad, a garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico;

e) La compatibilización del desarrollo de la red de transporte de electricidad con las restricciones medioambientales;

f) La supresión de las restricciones técnicas existentes en la red de transporte de electricidad;

g) El cumplimiento de los principios de eficiencia económica y del principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico;

h) La maximización de la utilización de la red existente, renovando, ampliando capacidad, utilizando las nuevas tecnologías y reutilizando los usos de las instalaciones existentes;

i) La reducción de pérdidas para el transporte de energía eléctrica a los centros de consumo.

[Bajo estas líneas, evolución del autoconsumo (potencia instalada cada año) y marco regulatorio. 6.955 son los megavatios de autoconsumos acumulados a día de hoy en el parque nacional de autoconsumos, según la Unión Española Fotovoltaica. La estimación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, es algo mayor: 7.154 MW].

El desafío de las redes está emergiendo en un marco muy concreto, el de la revolución solar que está teniendo lugar en España, una revolución que no tiene parangón. En diciembre del 18 había en todo el país 4.830 megavatios de potencia solar fotovoltaica (FV) conectados a la red, según la propia Red Eléctrica.

Pues bien, a finales del 23 REE cifraba en 25.085 los megas FV conectados. Es decir, que España ha añadido a su parque nacional de generación en ese lapso más de veinte gigas de potencia solar fotovoltaica. 20.000 megavatios de viaje solar a los que hay que añadir otros más de 7.100 de autoconsumos.

Nunca antes una tecnología de generación de electricidad creció tanto en tan poco tiempo. El dato referido a la potencia instalada en 2023 en autoconsumos, recién publicado, sitúa a la fotovoltaica (con más de 32.000 MW) como la tecnología de generación de electricidad con más potencia instalada a día de hoy en España, por delante de la eólica, que suma 30.732.

Redeia presentó ayer su cuenta de resultados 2023, en la que declara beneficios, como se apuntaba antes, por valor de 690 millones de euros.

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