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Los ecologistas alertan sobre lo que podría acabar convertido en un segundo Castor

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Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere marcar una diferencia con su antecesor, "debe paralizar la construcción de grandes infraestructuras energéticas hasta que se demuestre su necesidad en el nuevo escenario de transición energética”. Lo ha dicho Rosa Martínez, diputada de Equo integrada en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Sus manifestaciones vienen al hilo de la Cumbre de Lisboa que tiene lugar hoy en la capital del país vecino y en la que los gobiernos de España, Francia y Portugal abordarán el asunto de las interconexiones energéticas. Una de ellas -el proyecto de autopista eléctrica submarina Vizcaya-Francia- está presupuestada en 1.870 millones de euros.
Los ecologistas alertan sobre lo que podría acabar convertido en un segundo Castor

Lisboa es el foro hoy de un Cumbre que pondrá su foco, entre otros asuntos, en el de las interconexiones energéticas. Para hablar de ellas se reúnen a estas horas allí el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; su homólogo francés, Emmanuel Macron; el primer ministro portugués, Antonio Costa; y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Pues bien, según la diputada de Equo Rosa Martínez, parlamentaria de Unidos Podemos, "el Gobierno tiene en su mano una oportunidad idónea para fijar su posición en materia de interconexiones y demostrar sus verdaderas intenciones en materia energética". Equo recuerda en ese sentido que la ministra Teresa Ribera aseguró al desgranar las líneas maestras de su cartera su propósito de “desplazar el modelo centralizado del sistema energético, basado en la oferta, hacia uno descentralizado, basado en la gestión de la demanda”.

Cumbre clave
De ser cierta esta postura -apuntan desde el partido ecologista-, "este es un buen momento de ratificarla anunciando en la Cumbre de Lisboa la suspensión del proyecto de la autopista eléctrica submarina de Bizkaia con Francia hasta que quede demostrada su necesidad y cómo va a contribuir a la transición energética que el gobierno planea". Según Rosa Martínez, "si la apuesta del Gobierno hacia la descentralización del modelo es inequívoca, debería suspender la interconexión submarina de Gatika en la Cumbre de Lisboa y analizar con rigor su utilidad. Esta cumbre -ha dicho Martínez- es una gran oportunidad para el que el Ejecutivo haga un gesto que confirme su modelo de transición energética, y marque diferencias con la política de Álvaro Nadal, también en lo referente a grandes infraestructuras energéticas”. Martínez ya reclamó en varias ocasiones al anterior ejecutivo, sin éxito, informes "sobre la necesidad, viabilidad y rentabilidad de esa infraestructura de coste descomunal".

Presupuesto "descomunal"
Equo recuerda que, "según lo presupuestado el proyecto costará 1.870 millones de euros a los que han de sumarse los sobrecostes, altamente probables, dada la complejidad de una obra sin precedentes, todo un desafío técnico que requeriría cruzar un cable por el Cañón de Capbretón a una zona de profundidad máxima de 1.500 metros". Sobre el particular la diputada Rosa Martínez alerta: "que nadie se lleve a engaño. Estos sobrecostes, según el acuerdo de reparto, correrán a cargo de las personas y empresas consumidoras de electricidad de forma mayoritaria vía factura de la luz”. Martínez advierte además de que “existe una alta posibilidad de que el proyecto sea fallido, tecnológica, y energéticamente. Nos dejaría un agujero económico al igual que ocurrió con el proyecto Castor o la regasificadora de El Musel”.

Martínez recuerda que del Comité de Expertos sobre la Transición Energética ya puso en entredicho estos proyectos de interconexiones. Trasladaron en su informe muchas dudas en cuanto a su contribución a la reducción de emisiones, incluso dejaban abierta la posibilidad de que estas infraestructuras aumenten el precio de la electricidad.

Para la diputada resulta necesario además que el Gobierno se autoimponga una política de transparencia total desde el minuto uno en este y otros proyectos, “siendo el Ejecutivo quien, por iniciativa propia facilite información rigurosa sobre la necesidad y los costes, y no sea la ciudadanía la que siempre se vea obligada a reclamar ese ejercicio y elaborar los análisis necesarios para despejar las dudas sobre su viabilidad”.

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