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El impuesto al sol y el del 7% a la generación eléctrica tienen las horas contadas

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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, propuso ayer en el Congreso un paquete de medidas para abordar de manera inmediata el elevado precio de la luz. Entre ellas, hacer que el autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, sean una realidad, y suprimir el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Dice que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la protección a los consumidores más vulnerables, por lo que se ampliará la cobertura del bono social eléctrico y se creará un nuevo bono para calefacción.
El impuesto al sol y el del 7% a la generación eléctrica tienen las horas contadas

Ribera echó ayer el día en el Congreso de los Diputados. La ministra para la Transición Ecológica decía por la mañana en el pleno que “la prioridad es abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética". Era la respuesta a una pregunta que le había planteado la diputada de Podemos Ione Belarra: “¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para frenar la subida del precio de la luz?”. Ribera ha planteado como mejor solución para ese problema un horizonte 100% renovable: “solamente podremos conseguir un precio estable, predecible, razonable, si culminamos un proceso de transición energética que nos lleve a un sistema cien por cien renovable”.

La ministra reconocía que hacen falta reformas estructurales: “si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado, y el sistema fiscal, es muy difícil que las cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo”. Sin embargo, en un segunda intervención, la titular de la cartera de Transición Ecológica ha matizado las prioridades: “probablemente tengamos que introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado, pero por ahora la prioridad es la pobreza energética”.

Teresa Ribera anunciaba por la mañana “una serie de medidas de impacto inmediato” y concretaba algo más por la tarde ante la Comisión para la Transición Ecológica. Entre las medidas ahí anunciadas están la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, y la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción”. Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.

En una comparecencia parlamentaria a petición propia, Ribera ha subrayado la “clara voluntad” del Gobierno de España de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. “No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura”, ha señalado la ministra.

Renovables, autoconsumo y eficiencia
El Gobierno adoptará un conjunto de medidas de choque que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, mejorar la eficiencia energética y promover las energías renovables. Con el objeto de recuperar el “impacto positivo” que ejercen las renovables en el precio, el Gobierno plantea diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado. Entre ellas, el Ministerio considera imprescindible solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales o PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. “España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales”, ha apuntado la ministra.

También ha hecho hincapié en hacer del autoconsumo, y en especial, del autoconsumo compartido, una realidad que reducirá la factura eléctrica porque “el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final”.

En su comparecencia, Ribera ha hecho referencia a medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica propone medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Medidas estructurales
Ribera ha subrayado la necesidad de acometer medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado y ha destacado tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento.

“Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, más plural, y que será positivo para el medio ambiente, la salud pública y la modernización de la economía”, ha apuntado la ministra. “Los cambios están en marcha y, aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos”, ha añadido. Definir objetivos ambiciosos de generación a partir de renovables resulta imprescindible, pues “no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad”. Ribera ha recordado que el Ministerio trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía “en blanco” por el anterior Ejecutivo.

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Miguel
Lo que no ha dicho la ministra es de dónde van a sacar los más de 1.000 millones que ingresaban con el impuesto del 7%. Dinero que va destinado a pagar el déficit de tarifa acumulado. Porque esa deuda hay que seguir pagándola.