panorama

El Gobierno “indulta” a las renovables en pleno año electoral

0
La propuesta de real decreto para instalar nueva potencia en eólica y biomasa ha pillado por sorpresa a casi todos. En concreto, Industria quiere subastar 500 MW eólicos y 200 MW en biomasa. Para el experto en políticas energéticas Javier García Breva se trata, en realidad, de una operación de maquillaje,  empujada por las elecciones y por la necesidad de cumplir con los objetivos europeos para 2020.

El Gobierno “indulta” a las renovables en pleno año electoral

Respecto a la eólica, la propuesta de Industria es subastar 500 MW a instalar en todo el territorio nacional, ya sea para parques nuevos como para repotenciación. En el caso de la biomasa, son 200 MW nuevos (de los grupos b.6 y b.9), pero solo para la Península. Industria no da razones de por qué esta diferenciación, ni aclara ningún otro detalle que permita conocer más a fondo sus intenciones. Eso sí, especifica que quedan excluidas de las subastas la eólica o biomasa que haya recibido anteriormente primas o cualquier incentivo económico. Tampoco podrán acudir a la subasta empresas que tengan una potencia superior al 40% de los sistemas extrapeninsulares, lo que afecta a Endesa tanto en Canarias como en Baleares. 

Según la memoria económica que acompaña al borrador, “el sobrecoste máximo estimado” de los nuevos megavatios eólicos sería de 21 millones de euros anuales, una vez que entren en funcionamiento (entre 2016 y 2019), y de 130 millones en el caso de la biomasa. Estos importes, que podrán ser menores en función de la presión competitiva que se produzca en las subastas, se cargarán sobre los peajes de la tarifa eléctrica a medida que las instalaciones vayan entrando en funcionamiento.

El borrador de RD va acompañado, además, de una propuesta de orden ministerial que regulará la norma y sobre la cual empresas, consumidores y comunidades autónomas deberán dar su opinión en el consejo consultivo de la electricidad de la CNMC.

Puro maquillaje
Diversos medios de comunicación han publicado hoy que, con ello, el Gobierno pone fin a la moratoria a las energías renovables, vigente desde 2012, año en que suspendió sine die el pago de primas a cualquier instalación futura que no estuviera inscrita en el registro de renovables. Javier García Breva cree, sin embargo, que “de ninguna manera se trata de un levantamiento de la moratoria ni de un cambio en la política energética del Gobierno”.

De hecho, para el ex Director General del IDAE, el decreto y la orden de borrador no suponen, realmente, ninguna novedad. “Cuando se aprobó el RD 1/2012 de moratoria a las renovables, ya se contemplaba por parte del Ministerio que en el caso de que no se cumplieran los objetivos europeos del 20% de renovables en el 2020, allá para el año 2016 o 2017 se actualizarían nuevas potencias, sobre todo en eólica. Es decir, puntualiza, “no es que la moratoria se haya levantado, sino que se está aplicando lo que ya se tuvo en cuenta a la hora de aprobarla”. 

García Breva cree que se trata, además, de un reconocimiento expreso de que España, con la política energética actual, no va a cumplir los objetivos del año 2020. “Es puro maquillaje del Ministerio de Industria ante la UE, que está siguiendo muy de cerca como España está incumpliendo algunas directivas que afectan a las renovables y a la eficiencia energética”, asegura el experto. Y añade que ante el incumplimiento de los objetivos europeos, el Gobierno ya tiene previsto autorizar cerca de 5.000 nuevos MW de potencia eólica, como estaba previsto en el RD 1/2012 de moratoria a las renovables.

García Breva relaciona la propuesta, asimismo, con elecciones y votos: “ También es un maquillaje frente a los deseos de muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP para hacer en ellas más renovables y autoconsumo. Estas comunidades están presionando para que sus  líderes autonómicos puedan vender que se van a hacer renovables en ellas”.

Total falta de diálogo
Otros aspectos que pone de relieve García Breva son que la propuesta se ha hecho sin dialogar en ningún momento con el sector de las renovables, con total opacidad y con un evidente intervencionismo del Gobierno.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también critica esa falta de diálogo y coincide en subrayar que con esta propuesta “el Gobierno reconoce que España necesita más eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020.”.

AEE advierte, asimismo, que los 500 MW eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas–  están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios en el avance de Planificación hasta 2020 que lanzó en diciembre. Y critica la intención de Industria de “aplicar unos incentivos alrededor de un 60% más bajos que los de la Reforma Energética en marcha, en la que el sector eólico fue el que sufrió los recortes más importantes”.

Éste no es el único parámetro que se modifica respecto a la regulación aprobada hace menos de un año, en junio de 2014. Según AEE, el CAPEX (inversión inicial de capital) es un 20% inferior a la considerada entonces; los costes de explotación, un 21% menores; y las horas medias de funcionamiento de un parque eólico, un 52% superiores.

Y no acaba con la inseguridad jurídica: “Al mantenerse el modelo introducido por la Reforma Energética, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años (la primera vez, que afectaría a los parques incluidos en esta subasta, tendría lugar en 2019), los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de la inversión”.

Para AEE, “esto, unido a las crecientes trabas administrativas que conlleva tanto la instalación de nuevos parques como las repotenciaciones, complica la situación y no contribuye a que se recupere la confianza”.

Añadir un comentario