Sobre los factores que han llevado a semejante situación se han escrito ríos de tinta. Ciñéndonos a lo que dice la CNMC, los precios de la luz se han desbocado por un conjunto de razones. Las más importantes: 1. Los derechos de emisión de CO2 se han disparado, pasando de 7 euros en enero a 21 en agosto (por cada euro de alza del CO2 sube un euro la factura mensual del usuario). 2. El precio del petróleo está en ascenso, y esto hace que también suba el del gas (la mayoría de los contratos de suministro de gas están referenciados al petróleo). Y 3. El consumo de electricidad se disparó en verano por la ola de calor.
En realidad, esto es un déjà vue. El precio de la electricidad en España es un viaje en la montaña rusa desde hace años, y no para de darnos sustos. Hace ocho, en concreto, el mercado mayorista español era el más barato de Europa, mientras que ahora es de los más caros. De tener precios que rondaban los 20 euros el MWh, hemos pasado a precios que no bajan de los 60.
Teresa Ribera compareció el 19 de septiembre pasado a petición propia en comisión parlamentaria, para anunciar las medidas con las que el gobierno busca poner freno a la escalada de precios. La suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica es la más inmediata. A ella le seguirá un plan de choque que incluye, entre otras, estas medidas: mejora del bono social eléctrico y creación de un bono social para calefacción; apuesta por el autoconsumo, y particularmente el autoconsumo compartido; protección al consumidor doméstico (para que contrate la potencia que realmente necesita); inversión en renovables, remoción de las barreras existentes para su despliegue y promoción de los contratos bilaterales (PPAs); e impulso del ahorro y la eficiencia y de la movilidad sostenible.
Ribera también se refirió a otras medidas que requieren "más sosiego, pero no más tiempo", como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal "coherente" y regular "algo fundamental" como es el almacenamiento.
Partidos políticos, organizaciones sociales, de consumidores, el sector renovable…. Casi todos han recibido positivamente lo anunciado por Rivera, pero casi todos quieren, también, más concreción y más ritmo. Algunos añaden que hacen falta medidas de mayor calado. Este es un resumen de lo dicho por algunas de los protagonistas del debate.
Para el PP, que el Gobierno haya decidido suprimir el impuesto a la generación eléctrica (creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 y que el mismo Partido Popular quería ahora eliminar), es positivo. Pero el principal partido de la oposición quiere ver más medidas. Los populares tampoco han perdido la ocasión para criticar que el Ejecutivo socialista no cuente con ellos a la hora de diseñar su política energética, frente al "diálogo permanente con el resto de fuerzas" que, según Guillermo Mariscal, portavoz adjunto de los populares, "llevaba a cabo el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy".
EQUO también celebra las medidas anunciadas por la ministra, pero destaca que la eliminación del impuesto de generación eléctrica no afecta al beneficio del oligopolio eléctrico y tendrá un impacto muy moderado en los consumidores (se calcula que una bajada del 2-3%). López de Uralde considera imprescindible que se aborde una reforma del mercado eléctrico más a fondo. En especial el sistema de fijación de precios de la electricidad para acabar con los llamados “beneficios caídos del cielo”.
Según el sistema actual, la energía producida por plantas amortizadas -hidráulicas o nucleares- se paga al precio de la más cara -en general el gas- "y esto genera unos beneficios hinchados para las empresas eléctricas que deben recortarse”, dice el portavoz de EQUO. El partido verde también defiende impulsar con más fuerza las energías renovables y una rebaja del IVA de la electricidad para los consumidores vulnerables, de tal manera que vean una rebaja sustancial y urgente en la factura.
Greenpeace coincide con EQUO en que hay que acabar con el oligopolio de las eléctricas y las energías contaminantes para abaratar la factura de la luz. La organización exige el impulso del autoconsumo, el fin de las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y acabar con los abusos del mercado. "Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía" señala la ONG.
Por su parte, la organización de consumidores Facua insiste en que hay que bajar el IVA de la electricidad al 4%. Algo que permitiría, afirma, que el usuario medio se ahorrara casi 130 euros anuales. Pide, asimismo, crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. Una fórmula que, asegura, no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria.
"El apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro es un mensaje que celebra el sector eólico", señalan desde la Asociación Empresarial Eólica. La AEE ve igualmente positivo la suspensión del impuesto de generación del 7%, si bien matiza que se trata de una medida paliativa por su carácter urgente, que deberá ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico basada en el consenso social y político para garantizar su estabilidad. "Es absolutamente necesaria una planificación energética, que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético en función de parámetros como la demanda eléctrica, la disponibilidad de recurso, la situación industrial…", dicen desde AEE.
En el caso de la eólica, afirma, "esto es especialmente importante, ya que los fabricantes hasta ahora desconocen qué volumen de negocio tendrán en España en los próximos años". Asimismo, consideran fundamental garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años.
"Para invertir en nuevos proyectos es importante conocer la retribución, lo que facilitará considerablemente el acceso a la financiación", afirman.
Desde la Unión Española Fotovoltaica destacan que "de todas las medidas anunciadas, las que mejor responden a las reivindicaciones realizadas por UNEF durante los últimos cinco años son las relativas al autoconsumo energético".
A la patronal solar también le gusta que buena parte de las medidas que se implantarán serán "para recuperar el atractivo para invertir en renovables" y que se vayan a eliminar ciertas barreras en el despliegue de renovables, "como evitar la especulación de permisos, aprovechar puntos de acceso existentes y promover procedimientos abreviados, tal y como UNEF reclamó en las alegaciones al Real Decreto de Acceso y Conexión".
Finalmente, Fundación Renovables pide a Teresa Ribera que ponga letra y ritmo a su melodía de la Transición Energética. Como el resto de las organizaciones consultadas, muestra su satisfacción con el anuncio de la ministra de impulsar el autoconsumo pero considera insuficientes las medidas para bajar el precio de la luz y acelerar la reforma eléctrica. Así, da la bienvenida a la mejora del bono social aunque insiste en que la solución para los consumidores vulnerables es la creación de una tarifa social y un verdadero plan de rehabilitación de viviendas.
Este artículo se puede leer también en el nº de septiembre (175) de Energías Renovables.
