El anuncio se da en el marco de la aprobación en abril pasado del Reglamento para la Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional (POASEN), con el que se abre la posibilidad de que se instalen equipos para autoconsumo a partir de fuentes como la solar, la biomasa y la eólica, y que el sobrante sea inyectado al sistema eléctrico.
Queda pendiente por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitir un permiso para cada generador, a fin de tener registro de su ubicación y el aporte que brindan al sistema, aunque hasta el momento ningún permiso ha sido otorgado.
Según los cronogramas, a partir de enero próximo las empresas deberán presentar sus planes de implementación.
Propuesta del sector empresarial
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha hecho saber mediante un comunicado, que además de la eliminación de los límites a la participación de la empresa privada en proyectos de energía renovable, propone "acelerar los proyectos de generación renovable en marcha y su entrada en operación, así como la activación de nuevos proyectos públicos y privados que recibirán el calificativo de interés público dando siempre prioridad a los más competitivos".
Respecto a la eficiencia energética se plantea como meta una reducción de la tarifa eléctrica en al menos un 10%, con medidas como "el escrutinio público basado en el precio del kilovatio hora y la firmeza del suministro que aportará a la red", "eliminar el precio piso para la licitación de subastas de proyectos nuevos" y "crear un mercado mayorista competitivo con la mayor participación posible que permita diferentes tipos de contratos, incluidos contratos bilaterales, bajo una institucionalidad supervisora y unos mecanismos de participación que fomenten precios competitivos".
Finalmente, en lo que atañe a la generación distribuida "en el mediano plazo se propone alcanzar un 5% de la potencia instalada nacional bajo la calificación de instalación de generación distribuida en 5 años y el número de 30.000 instalaciones generadoras". En ese sentido, la apuesta presentada es por "establecer modalidades de contrato estándar - sin necesidad de concesión para tamaños inferiores a 1 MW - para los servicios de generación distribuida", también de "una metodología trasparente, predecible y equitativa para la fijación/reconocimiento de tarifas en la relación bilateral entre micro y mini-generador y distribuidoras", y "un programa de financiamiento preferencial para instalaciones de generación renovables, declarándolas de interés público".