Desde el partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se aduce que esta ley viene a preparar el campo para lograr la llamada "soberanía energética", toda vez que se sostiene que la anterior reforma de la ley energética, aprobada en 2013 durante el mandato de Enrique Peña Nieto vino a dañar a la también estatal Petróleos de México (Pemex) y a CFE al provocar la liberalización del mercado de la energía y el ingreso de nuevos actores en ese escenario, un territorio hasta entonces vedado para esas cuestiones.
Como se recordará, dicha reforma además de romper con el monopolio público del mercado energético introducía la posibilidad, entre otras, de convocar a subastas de energía. Esta legislación posibilitó un gran impulso a las renovables hasta la llegada de López Obrador al gobierno.
Bajo el mandato de este último fueron tomadas varias medidas que auguraban la reforma de ley votada el martes en el Senado.
Antecedentes contra las renovables
Ya se anticipó que no es la primera vez que desde el llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido en el que se encuadran las posiciones del gobierno, y que no pocos analistas colocan como heredero no confeso del Partido Republicano Institucional (PRI) se tenía una posición por lo menos no clara con las renovables. Las posturas pocos claras frente a las renovables del actual presidente las anticipábamos en este artículo publicado en octubre de 2018, poco antes de la asunción del actual presidente bajo el título El enigma López Obrador.
El primer signo de que había una hoja de ruta no favorable se tuvo en febrero de 2019, cuando se decidió la cancelación de las subastas de largo plazo, las cuales impidieron la adición de nuevas fuentes de generación limpia al Sistema Eléctrico Nacional.
El anterior antecedente se tuvo en noviembre del mismo año, cuando el Gobierno modificó las reglas para la emisión de los Certificados de Energía Limpia, denunciado entonces por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), como la destrucción del "principal mecanismo para incentivar la inversión en energías renovables, sienta un precedente contrario a la confianza de los inversionistas". Esa modificación, se advirtió también, benefició directamente a la CFE, al permitirle cumplir con sus obligaciones en materia de energía limpia sin necesidad de invertir en nuevas instalaciones.
En mayo de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el ente estatal que maneja el Sistema Eléctrico mexicano, publicó una resolución -justificada en la situación provocada por la pandemia del covid-19- por la cual suspendió las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y decidió no conceder nuevas autorizaciones para aquellas que aún no hubieran realizado operación comercial.
En julio siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión provisional que acaba de ser confirmada definitivamente esta misma semana de la llamada Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, una resolución por la cual se intentó desde la Sener cambiar el criterio de despacho vigente, en el que se descartaba el criterio económico por uno nuevo de "confiabilidad". El argumento básico era que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
El penúltimo último acto de este situación lo protagonizó a finales de diciembre el director de CFE, Manuel Bartlett, cuando a raíz de un corte generalizado que dejó a más de 10 millones de usuarios sin electricidad, llegó a explicar que los motivos del incidente se debieron a un incendio en Tamaulipas, desmentido por autoridades de ese estado, y a que "se han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables". Un episodio nunca aclarado desde la CFE es la presentación en una conferencia de prensa de un documento falso para acreditar la existencia del incendio mencionado.
Esta reforma, resistida por organizaciones ambientalistas, porque impulsará la utilización de combustible fósil y el resultante crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, y por las confederaciones empresariales, que aducen inseguridad jurídica, y que podría llevar al estado mexicano a sufrir importantes demandas a nivel internacional, además de mermar el impulso de la transición energética.
A nivel internacional, ya hubo declaraciones también de los principales organismos mundiales de energía renovable, el Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo Solar Global, que pidieron no dar curso a la tratativa de ley porque representa "una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero en el antes robusto mercado de energía renovable de México y socavan el principio de mercado justo y la competencia".
