Precisamente, es nuestro país, España, el que soporta la ignominia de haber promovido el desarrollo de las tecnologías renovables incentivando inversiones privadas para, una vez movilizados los recursos económicos necesarios y con las instalaciones en marcha, destruir, con carácter retroactivo, el marco regulatorio que motivó estos esfuerzos y cercenar los retornos que, conforme al Boletín Oficial del Estado, estaban garantizados.
No conformes con ello, se utilizó como excusa el déficit de tarifa –cuya virtualidad es digna de una tesis doctoral–, que ya acumulaba miles de millones y dibujaba una perspectiva alarmantemente creciente antes de que se generalizará la implantación de fotovoltaica en nuestros territorios.
También se argumentó que las 65.000 familias fotovoltaicas debieron prever que las inversiones reguladas estaban sujetas a cambios retroactivos, algo que no figuraba ni en el BOE ni en el “folleto” explicativo de más de 50 páginas que publicó a la sazón el propio Ministerio de Industria para captar a los inversores. Un disparate que jamás había sucedido en la historia de nuestro sector, que más bien fue siempre garantista, y compensaba con sorprendente generosidad a las empresas operadoras por cualquier leve vaivén legislativo.
Durante el 2023 poco se ha hablado de las 65.000 familias españolas que destinaron sus ahorros a financiar la madurez de la fotovoltaica, reto que lograron en el tiempo y la forma prevista; y mucho se ha conocido de los laudos internacionales que, de forma indefectible, otorgan la razón a los demandantes foráneos que, incautos como nosotros, realizaron estas mismas inversiones.
En el CIADI, órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, no han “comprado” el tema del déficit de tarifa ni que fuera condición necesaria ser adivino para, con dichos poderes, no haber invertido en lo que el propio Estado español solicitaba con minuciosos detalles en cuanto a los retornos; así pues, los demandantes foráneos deberán ser indemnizados por nuestro Estado por los daños que han soportado; mientras, las familias españolas, que por las normas de competencia no pueden acudir al CIADI, tienen que soportar la indignidad de una peor justicia.
No conformes con establecer un marco para captar inversiones y no respetarlo, ahora se conoce la negativa a cumplir con los laudos, lo que está suponiendo un nuevo bochorno internacional en forma de embargos. El elefante se torna dinosaurio, y cada día es más necesario que el Gobierno saque la cabeza del agujero y acepte que es necesario resolver este desaguisado, pactando con los inversores internacionales y procurando una solución con sus nacionales, a los que debió tratar con mayor diligencia y cariño.
La fotovoltaica es la respuesta a los retos del cambio climático, sin renovables no sería posible la descarbonización y, además, esta tecnología nos ofrece energía a precios insignificantes, una cuadratura del círculo que en España la hicieron posible 65.000 familias, que han legado una solución que en pocos años queda amortizada para el consumidor, puesto que el efecto depresor de la fotovoltaica en el precio de la energía ya excede con mucho los recursos que el sistema eléctrico ha tenido que movilizar en las tarifas reguladas que se diseñaron para impulsar esta transición. En el resto de Europa también hubo tejido de pequeños inversores; pero ninguno sufrió ajustes retroactivos ni se les castigó con recortes o descrédito social, más bien se les protegió y se alabó la labor que realizaron.
Para nosotros, los pequeños productores pioneros de la fotovoltaica en España, el año 2023 ha venido marcado por esta realidad y nos tememos que en el 2024 tendremos ración doble de laudos favorables a los inversores extranjeros. Una situación insostenible y frente a la que no nos mantendremos impasibles.
En otro orden de cosas, el año 2023 viene también marcado por señales de alarma en lo que a planificación se refiere, hacer números a 20 años vista es un ejercicio muy satisfactorio, todo son sonrisas, porque nada cuesta generar una gran perspectiva cuando no se asumirán responsabilidades del éxito o el fracaso de dichas proyecciones. Se está colocando el volumen de entrada de generación renovable en el sistema eléctrico como un indicador de éxito, mientras que la demanda de electricidad cae con fuerza y se mantiene el consumo de combustibles fósiles, que son los que provocan las emisiones que destruyen nuestra casa común: el planeta. Más allá de las palabras, debemos pasar a la acción, y la única acción efectiva es electrificar los consumos, no cabe otra respuesta frente al cambio climático.
