Autoconsumo: ojo, la clave está en la potencia

La frase entrecomillada ha sido extraída del documento de Alegaciones que ha presentado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a la Propuesta de Circular de la CNMC “por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad”. Según el documento de UNEF, al que ha tenido acceso Energías Renovables, la propuesta de la Comisión es 91–9: “el peso de la parte fija de los peajes de red propuestos por la CNMC es del 91% frente a un 9% de la parte variable”. Ahora mismo, estamos en el 40–60 y, según UNEF, ese 40 ya nos sitúa fuera de juego: el peso del término fijo en España en el conjunto de la factura para un consumidor doméstico –explica en sus alegaciones la asociación– ya es muy elevado, del 40%, lo que nos está colocando “muy por encima de la media en Europa”. Y que la parte fija pese tanto en la factura desincentiva el ahorro, o sea, el autoconsumo, que no es sino una medida de ahorro.

Por eso, UNEF propone que la parte variable (variable porque, aunque siempre tengamos la misma potencia, unas veces consumiremos más kilovatios hora y otras, menos) se convierta en la señal de precio. Y propone un reparto de “alrededor de un 25–75”. Porque para el consumidor doméstico tipo (4,6 kilovatios de potencia contratada; 2.240 kilovatios hora al año de consumo) es más fácil ahorrar kilovatios hora que potencia. Porque es más fácil modificar hábitos de consumo, apagar la luz del pasillo o sustituir una bombilla vieja por una más eficiente… que “ahorrar” potencia llamando a los de la luz para contratar 4 kilovatios en vez de 4,6. “Cuatro en vez de cuatro coma seis… porque mucho más tampoco voy a poder bajar la potencia so pena de que me arriesgue a que se vayan los plomos cualquier día que enchufe a la vez la plancha y el horno”.

Además, la potencia, una vez ajustada y optimizada, ya no tiene recorrido, mientras que el ahorro seguramente va a seguir teniéndolo, y si hoy son las bombillas de bajo consumo, mañana, quizá, puede ser un frigorífico de clase A que venga a sustituir al de toda la vida (que ya no enfría como antes o se ha quedado pequeño), o unas persianas que aíslan mucho más, o igual pongo un toldo, o cambio las ventanas, etcétera, etcétera, etc.

Contra la transición
Pues bien, todo eso lo desincentivas -vienen a denunciar desde la asociación fotovoltaica- si la parte fija de la factura (el precio que el consumidor paga simplemente por estar conectado) es muy elevada.

Más aún, UNEF alega que la existencia de un término de potencia elevado dificulta (es barrera para) la transición ecológica, que en gran medida va a pasar por la electrificación de la economía: “la sustitución de vectores energéticos fósiles por la electricidad requiere en muchos casos –apuntan desde la asociación– de un aumento de la potencia contratada (calefacción térmica por bomba de calor, vitrocerámica por cocina de gas). Si el precio de la potencia es alto, todas estas transformaciones se están desincentivando”.

Pero hagamos algo de historia, para empezar. ¿Qué ha sucedido en España con la parte fija en los últimos años? ¿Por qué estamos en el 40 cuando en nuestro entorno la parte fija pesa 23? Veamos: durante su primera legislatura (2011–2015), el Ejecutivo Rajoy sube el precio del término de potencia de la tarifa doméstica un 123%. Lo hace en varios pasos, pero la peor subida percutida sobre las familias tiene lugar en el corazón, en lo peor, de la crisis, en el mes de agosto de 2013: +37%. El incremento, extraordinario en lo doméstico, aísla además a España de su entorno. Y, así, según UNEF, nuestro país es, actualmente, “una excepción a nivel internacional”, ya que el peso de la parte fija aquí es hoy de un 40%, mientras que la media de los países de nuestro entorno está, como se dijo, en el 22–23.

Así que si la Propuesta CNMC (91–9) saliera adelante, nos alejaríamos mucho más, dramáticamente, de ese entorno: 25–75 en Suecia o Reino Unido; 23–77 en Portugal o Dinamarca; 28–72 een Italia. Grosso modo, lo que el sistema recauda por el término de potencia sirve para pagar las redes. Y uno de los argumentos que utiliza la CNMC para proponer su 91–9 es que los consumidores que no instalan autoconsumo estarían “subvencionando” a los que sí lo realizasen “en la medida en que estos últimos verían reducida su factura por peajes de red por la energía autoconsumida, mientras que el coste de la factura del resto de consumidores debería aumentar con objeto de asegurar la suficiencia de ingresos”. Esta teoría ya fue empleada hace años por el Partido Popular, precisamente cuando elevó en un 37% el peso de la parte fija en 2015. UNEF reconoce que el sistema dejaría de recaudar efectivamente un cierto dinero, el asociado a los kilovatios hora que se ahorrasen los autoconsumidores. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? La asociación ha hecho las cuentas, partiendo de un documento elaborado este mismo año por la Secretaría de Estado de Energía, y la conclusión es esta: si se instalaran anualmente 400 megavatios, el sistema dejaría de ingresar unos 21 millones de euros. Pues bien, según el mismo Ministerio, el sistema eléctrico espera en 2019 ingresos por valor de aproximadamente 17.500 millones de euros, es decir, que esos 21 millones suponen un 0,12% de los ingresos (si España instalase 400 megavatios este año, algo bastante improbable, por lo demás).

Pero aún hay más, porque, en sus Alegaciones, la asociación ha llevado esas cifras a la economía doméstica, al bolsillo de cada vecino: “si traducimos estos 21 millones de euros en un cargo por energía a pagar por todos los consumidores –dice UNEF–, para un consumidor residencial tipo supondría un incremento de 18 céntimos de euro al año”. Es decir, que, por ese lado, el de las “pérdidas” para el sistema, la merma resulta entre mínima e ínfima, si no ridícula. ¿Qué ocurre por el otro, el de las “ganancias”? Pues ahí lo que ocurre es que, según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, la instalación de 400 megavatios anuales se traducirá en un impacto fiscal positivo para la Hacienda Pública de 112 millones de euros por año (por mayores ingresos de IVA por inversión).

Más informes versus CNMC
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España también destaca, en un estudio propio, los beneficios (otros) que procura el autoconsumo. A saber: (1) la reducción de pérdidas de energía eléctrica (electricidad que genero en el tejado, electricidad que no ha de recorrer redes); (2) la reducción de costes en los sistemas extrapeninsulares (donde generar electricidad es muy caro; en Canarias cuesta más del doble que en la península, por lo que –para equiparar el precio de la electricidad que pagan los canarios al de la que pagan los demás españoles– el Estado puso en marcha hace años lo que se conoce como costes extrapeninsulares, que en los últimos diez años han supuesto más de 10.000 M€); (3) la reducción del impacto ambiental (menos electricidad generada con carbón, fuel oil –como en Canarias– o gas natural equivale a menos emisiones de CO2); ó (4) la reducción de importaciones de combustibles fósiles, que supone otro gasto multimillonario anual para la economía española (26.261 millones de euros en siete meses: enero–julio de 2019).

Además, el autoconsumo ayuda a ahorrar también a los que no son autoconsumidores. “De acuerdo con las simulaciones realizadas para los años 2015 a 2018 por OMIE [Operador del Mercado Ibérico de Energía], la introducción de 100 MW de potencia adicional fotovoltaica –apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica– habría producido una disminución en el precio del mercado en el entorno de 0,022 €/MWh”.

En realidad, la teoría ya estaba escrita. En septiembre de 2013, hace pues más de seis años, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó un informe –IPN 103/13– en el que ya decía que el autoconsumo puede introducir “una tensión competitiva relevante, en el mercado mayorista y minorista, incentivando precios más eficientes en ambos mercados. En definitiva, el autoconsumo es una opción favorable a la competencia”.

La CNE (antecesora de la CNMC) destacaba ya entonces además “los beneficios que genera el autoconsumo en términos de reducción de la dependencia, configuración de un modelo energético más flexible, y, particularmente, por el impacto claramente positivo desde la perspectiva de competencia”. Porque está claro: si hay más competencia (autoconsumo), es más factible que las comercializadoras ajusten más sus precios.

En nuestro país –concluye UNEF–, el reparto entre los términos fijo y variable de la estructura tarifaria actual es “consecuencia de sucesivas subidas del término de potencia que se produjeron entre 2012 y 2015” y que han producido una tarifa que envía “una señal incorrecta al consumidor”. Según UNEF, estas subidas “obedecían a un objetivo recaudatorio, que trataba de aumentar los ingresos del sistema para disminuir el déficit de tarifa; y a un objetivo de política energética, centrado en frenar el desarrollo del autoconsumo”.

Política energética
El planteamiento de la CNMC no solo recuerda el discurso, simplista, del Ejecutivo Rajoy, sino que, en el caso concreto de la Propuesta 91–9, va mucho más allá del 40–60 que nos legó el gobierno anterior. Va tan allá que casi cabría dudar si no tiene también “un objetivo de política energética, centrado en frenar el desarrollo del autoconsumo”.

José Donoso, director general de UNEF, lo tiene claro: “Nadal [secretario de Estado de Energía del primer Gobierno Rajoy] subió el término de potencia con la finalidad, por un lado, de recaudar más, y, por otro, para desanimar el autoconsumo”.

Pero Nadal era un político. ¿Y la CNMC?

“La filosofía que tiene la CNMC –contesta Donoso– es ir a un término de potencia cada vez más alto. Y esto es un error. Lo que tenemos que hacer es retrotraernos a la situación que teníamos antes de las contrarreformas de Nadal, cuando estábamos precisamente en un 22, en un 23%, que es justo la media que tienen hoy los países de nuestro entorno comunitario. Hacer que el término de potencia sea más alto que el término variable no solo es nocivo para el autoconsumo, sino que es un torpedo en la línea de flotación de toda la transición ecológica”.

Afortunadamente –concluye Donoso–, las alegaciones que ha hecho el Ministerio “van en la línea de nuestras alegaciones”. El problema es que el Ministerio (como el Gobierno todo) está en funciones. Y nadie sabe qué sucederá el 10 de noviembre.

“Aumentar el término fijo sería equivalente (…) a la reimplantación del llamado impuesto al Sol”. A la reimplantación -ojo al dato- del impuesto al Sol.

¿Qué hará con el término fijo la derecha tripartita si suma escaños en la noche del 10N? ¿Qué hará la derecha, esa que fue capaz de imaginar... un impuesto al Sol?

• Autoconsumir energía solar es un ejercicio de solidaridad ciudadana