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Los pequeños productores fotovoltaicos quieren retratar a Iberdrola y compañía

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Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha solicitado formalmente a la Administración que regule, en los términos reglamentarios que exige la Ley General de Publicidad, los mensajes publicitarios y los patrocinios de las empresas del sector energético. Lo que quiere la Asociación de productores fotovoltaicos es que los consumidores puedan conocer cuántos gases de efecto invernadero emiten Endesa, Gas Natural Fenosa y compañía y, así mismo, cuántos residuos radioactivos generan. Según el informe «Un oscuro panorama», del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, los gases de efecto invernadero emitidos por las centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad son responsables de la muerte prematura de 700 personas cada año en España y de una media anual de 10.000 episodios de asma infantil. [En la imagen, central térmica de Endesa, situada en el municipio de Andorra, en la provincia de Teruel].
Los pequeños productores fotovoltaicos quieren retratar a Iberdrola y compañía

Anpier quiere agrandar la letra pequeña de los malos humos de las eléctricas. Para que todo el mundo sepa qué está comprando cuando le compra los kilovatios a Iberdrola, Endesa o Gas Natural Fenosa. En ese sentido, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica ha difundido hoy un comunicado en el que apela al artículo 3 de la Ley 34/1988 General de Publicidad, artículo que considera ilícita la publicidad que vulnere los derechos reconocidos en la Constitución, y al artículo 5 de esa Ley, que expresa que la publicidad de productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas podrá ser regulada por normas especiales y que dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran.

La Asociación recuerda que la propia Constitución Española recoge como derecho fundamental, en su artículo 45, el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, para lo cual ordena que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. En esta línea -continúa Anpier-, la Carta Magna abunda en su artículo 51, que dice así: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

Por otro lado -añaden desde Anpier-, el artículo 18 de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual establece claramente tres prohibiciones: (1) "Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para el medio ambiente"; (2) "Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud"; (y 3) “Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la seguridad de las personas”.

Pues bien, según el comunicado que ha difundido hoy la Asociación, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martinez-Aroca, se ha dirigido formalmente al Gobierno para expresarle que “siendo una evidencia científicamente constatada que determinadas fuentes de generación de energía suponen un riesgo para la salud de todos los españoles y para nuestro medio ambiente, contemplando casi como una costumbre convivir con publicidades y patrocinios que, lejos de recoger estos riesgos, buscan trasladar a la sociedad una imagen de sostenibilidad engañosa; en aras de la transparencia y la promoción de valores saludables y consumos responsables: solicitamos se impulsen las normas que fueran precisas para regular la publicidad y los patrocinios de todas aquellas empresas de servicios de suministro energético que generen emisiones y/o residuos dañinos para la salud y el medio ambiente”.

En este sentido -explican desde Anpier-, la propia Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, dispone esta posibilidad, que ha de desarrollarse, como se ha hecho en otros ámbitos, a través de disposiciones reglamentarias que obligue a estas empresas a que, como dice la propia norma, “en la publicidad de estos productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos”.

El escrito, firmado por Martínez-Aroca, ha sido dirigido a Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España; Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministro de Educación, Cultura y Deporte; Dolors Montserrat Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Álvaro Nadal Belda, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Francisco M. Fernández Marugán, defensor del pueblo; José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; así como a los líderes de las principales fuerzas políticas del Estado: Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general del Partido Socialista Obrero Español; Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos; Albert Rivera Díaz, presidente de Ciudadanos.

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