fotovoltaica

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Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, la asociación nacional de pequeños productores de energía fotovoltaica analiza en esta pieza la tercera subasta de energía eléctrica de origen renovable del Gobierno Sánchez, que tendrá lugar el mes que viene y que ha reservado 140 megavatios para su adjudicación a instalaciones fotovoltaicas de menos de cinco megas y con carácter local. Un texto imprescindible que alerta contra los traficantes (de puntos de acceso y conexión) y contra una transición energética que, si se hace a golpe de megaparque, acabará arrojando a la ciudadanía y a las pymes a la cuneta.
La subasta que no puede volver a quedar desierta

Anpier es la asociación que representa a los pequeños productores fotovoltaicos, aquellas 65.000 familias que dieron, con sus esfuerzos y ahorros, los primeros pasos en la transición energética de este país -atendiendo un llamamiento de nuestro propio Estado- y que ahora sufren recortes retroactivos jamás vistos en ningún país del mundo; por lo tanto, nuestro colectivo ya ha probado su firme compromiso con los objetivos de la transición ecológica, hace más de un década y más allá de las palabras, con hechos. Por eso, porque va en nuestra esencia, entre los postulados fundamentales de esta gran organización tenemos la defensa, el impulso y el desarrollo de un nuevo modelo energético sostenible y social; promoviendo para ello, no solo la energía fotovoltaica, sino, con carácter general, todas las energías renovables, como base fundamental para el bienestar de la sociedad actual y de las futuras, y para la alcanzar la total mitigación de los impactos que provoca el cambio climático en el medio ambiente.

Es por ello que, desde Anpier, venimos apoyando la firme apuesta del Gobierno por abordar la perentoria transición ecológica, actuando, fundamentalmente, sobre la descarbonización de nuestro sistema energético a través de un renovado marco legislativo cuya finalidad es conseguir el objetivo de un sector energético cien por cien renovable en 2050.

En este sentido, y descendiendo en las acciones más concretas, es obligado valorar positivamente la convocatoria de la tercera subasta de energía eléctrica de origen renovable, que pretende adjudicar quinientos megavatios de potencia instalada (500 MW), y va dirigida, por un lado, a instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables compuestas por una o varias de las tecnologías incluidas en los grupos solar termoeléctrica, hidroeléctrica (con concesión hidráulica), biomasa, biogás y otras tecnologías (geotérmicas, hidrotérmicas, aerotérmicas, olas, mareas, corrientes, etc.), con un cupo de 360 MW, y por otro lado, a instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, con un cupo de 140 MW. Pues bien, en este último contingente es en el que vamos a centrar nuestro análisis.

Nosotros consideramos que estas pequeñas instalaciones resultan imprescindibles y deben tener un elevado protagonismo para la racionalización y sostenibilidad del sistema eléctrico, para una penetración renovable correctamente dimensionada, y, en definitiva, para el cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y energética impuestos por Europa, y recogidos en nuestro país por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Una señal de precio realista
Desgraciadamente, consideramos que la subasta de energía eléctrica prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fracasará en la adjudicación de los 140 MW que tiene previsto para instalaciones de hasta 5 MW de carácter local, si no se establece una señal de precio realista ni se habilitan mecanismos que permitan un acceso real de estos proyectos a la red de distribución.

Lamentamos que se esté consolidando un modelo de implantación de renovables mal dimensionado y poco social, donde se prima a los grandes parques y a las grandes empresas –en la mayoría de los casos proyectos con capital extranjero o en manos de grandes fondos internacionales– frente a los pequeños parques de hasta 5 MW y frente a nuestras pequeñas y medianas empresas. A esta dinámica contribuyó la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables, celebrada el pasado 26 de enero de 2021, y en la que se adjudicaron un total de 3.034 MW, que se concentraron en tan solo 32 empresas adjudicatarias.

Dicha tendencia trató de corregirse en la convocatoria en el mes de octubre de 2021 de la segunda subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables, en la que una de las cuatro reservas mínimas a adjudicar, en concreto 300 MW, se destinaba a instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, de potencia igual o inferior a 5 MW y que conecten a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 KV, si bien por la premura de tiempo con que dicha subasta se convocó, por la falta de puntos de conexión y por las condiciones económicas de la misma, en dicha subasta únicamente se adjudicaron, tan solo, 5,75 MW de tal reserva; es decir, en la práctica, quedó desierta.

De grandes operadores a meros especuladores
Existe un insalvable impedimento para estas instalaciones: la falta de puntos de conexión y evacuación, que actualmente se encuentran acaparados por grandes operadores o meros especuladores que, en muchos casos, ni siquiera tienen intención de construir. Esto se traduce en que los interesados en desarrollar estas pequeñas instalaciones locales se encuentran sin acceso disponible, salvo que los adquieran de los intermediarios que los acaparan, por supuesto que a cambio de elevadas cantidades de dinero.

La otra gran barrera a la que actualmente se enfrentan estas instalaciones de generación distribuida con carácter local, es la imposibilidad de competir en costes con instalaciones de cientos de megavatios, sin que ello suponga energía más barata para el consumidor final. Estamos ante una cuestión, la del tipo de propiedad, que condiciona el tipo de tejido económico y social de cada Estado, puesto que si en cada sector se tendiera al fomento de mega factorías de cualquier naturaleza, para procurar una optimización de costes para sus grandes propietarios, estaríamos condenando a nuestros ciudadanos a ser meros operarios a merced de un grupo reducido de empresas en cada ámbito productivo, lo que no se compadece con el modelo social y de derecho querido por nuestra sociedad.

Precio no confidencial y por debajo de los 49 €
Por ello, para atraer una elevada concurrencia a esta tercera subasta, y, por tanto, para su éxito, Anpier considera que el precio de reserva –a partir del cual no se aceptan las propuestas–, no debe tener carácter confidencial, sino que habría de ser conocido previamente a la celebración de la subasta, y por tanto antes de la calificación y prestación de garantías por los participantes, y no debiendo estar por debajo de 49 €/MWh para que la convocatoria sea interesante, y viable, a las entidades y pequeñas y medianas empresas locales.

Con un precio de reserva conocido, nuestras pymes podrían evitarse concurrir, con las múltiples gestiones y desembolsos que esto supone, a esta subasta. En este sentido, Anpier considera que un precio alejado de los cincuenta euros por megavatio hora (50 €/MWh) amenaza la viabilidad de estas instalaciones, en especial con los costes de los equipos en máximos y con una inflación al alza. Dado que la subasta compromete a entregar la energía durante 12 años a un precio fijo, la señal de precio debe ser adecuada.

En efecto, la crisis del coronavirus y el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros efectos indeseados, han provocado escasez y una fuerte subida de todas las materias primas, y, por ende, de los materiales necesarios para la construcción de estas instalaciones, y muy especialmente de los paneles y módulos solares, por la escasez de silicio y polisilicio, que han llegado a subir hasta un 200%, y del acero, cuyo precio se ha encarecido alrededor de un 40%. Por tanto, y para una mejor amortización del elevado coste de construcción y puesta en marcha de las instalaciones, consideramos que sería un acierto ampliar el régimen económico objeto de la subasta y, por tanto, el derecho a la percepción del régimen económico por los adjudicatarios, a quince años, en lugar de los doce años previstos.

Asimismo, para evitar el efecto de la inflación en el régimen económico de las instalaciones adjudicatarias, dada la situación actual de subida de precios y de elevada tasa interanual de inflación, proponemos que el precio de casación, al que finalmente se adjudique la subasta, sea objeto de actualización anual, con arreglo al índice General de Precios al Consumo (IPC), o al Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos (IPC-IC subyacente) en su defecto, al objeto de contabilizar la carestía de la vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística, u Organismo que legalmente le sustituya.

En el aspecto técnico, es esencial considerar que, como las propias bases de esta subasta indican, estas instalaciones de hasta 5 MW no requieren ni alta tensión, ni transporte, ni la creación de nuevas infraestructuras eléctricas, pues se conectan a una tensión menor a 45 KV y fluyen por las redes ya existentes, abasteciendo los consumos de proximidad.

Más necesidades, más pérdidas, más costes
Hay que recordar que las grandes instalaciones son menos eficientes, pues si bien producen mayor cantidad de energía, requieren transportarla en alta tensión porque no se puede consumir en proximidad, así que requiere la construcción y el mantenimiento de grandes infraestructuras, transformadores y nuevas líneas de transporte, soportadas por los consumidores a través de la factura de la luz y que, además, tienen perdidas en su proceso de transporte del entorno de un 10% de la energía generada, merma que también han de abonar los propios consumidores. Por no hablar de la diferencia de impacto visual y medioambiental de las pequeñas frente al que tienen las grandes instalaciones, cuestión ésta que habría de tenerse muy en consideración.

En el aspecto de orientar la propiedad de las instalaciones, consideramos que debe reducirse el volumen de producto que puede ser adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial, para que el mismo no pueda ser superior al veinticinco por ciento del volumen subastado, es decir, 35 MW, en lugar del cincuenta por ciento, previsto en la Propuesta de Resolución. Con esta medida, consideramos que se ampliarían las oportunidades para las entidades locales, evitando que haya participantes en la subasta que busquen la adjudicación de un gran volumen, a costa de sacrificar el precio de adjudicación, y por tanto la viabilidad económica, lo que a su vez entendemos que repercutiría en una mayor “democratización” del sistema eléctrico de generación, y en un mayor impacto socioeconómico de la convocatoria.

Sentado lo anterior, valoramos positivamente y debemos mostrar nuestra absoluta conformidad con el hecho de que estas pequeñas instalaciones queden reservadas, como no podía ser de otra manera, a cooperativas y sociedades locales, si bien, la consideración del término “local” que se hace en la Propuesta de Resolución nos parece demasiado restrictiva, especialmente en lo referente a las sociedades.

Efectivamente, la Propuesta de Resolución establece que al menos un 25% del capital social de las adjudicatarias de estas instalaciones deberá estar ostentado por un mínimo de cuatro socios con domicilio fiscal situado a una distancia inferior a 30 kilómetros de la instalación. Consideramos que, para ampliar la concurrencia de sociedades a esta convocatoria, debe incluirse también a pequeñas y medianas empresas que, por sus características, cuenten con un número reducido de socios o que, incluso, se trate de empresas familiares, también con un número reducido de socios, a cuyo efecto consideramos que debe suprimirse el número mínimo de socios, estableciéndose únicamente para determinar el carácter local, el porcentaje de participación en el capital social, incluso ampliándose hasta el 50% el porcentaje del capital social ostentado por socios con domicilio fiscal dentro del aludido ámbito geográfico, inferior a 30 kilómetros de la instalación, o en su defecto, incluyendo como criterio de valoración y adjudicación de las ofertas, además del precio de venta de la energía producida, el hecho de que la misma provenga de sociedades con una mayor participación local.

Por otro lado, y para evitar la instalación encubierta de grandes instalaciones, consideramos plenamente acertado establecer que las instalaciones adjudicatarias de esta reserva no puedan ser el resultado de la división artificial de una instalación de potencia superior, ni encontrarse a una distancia inferior a 500 metros de otra instalación adjudicataria de esta misma reserva propiedad de la misma sociedad o grupo de sociedades.

Plena conformidad
Mostramos nuestra plena conformidad con las medidas previstas en la Propuesta de Resolución para impulsar las economías locales, y consistentes en la obligación de los adjudicatarios de aportar, para su inscripción en el Registro electrónico del Régimen Económico de Energías Renovables en estado de preasignación, un plan estratégico incluyendo, entre otras consideraciones, una estimación del empleo que se va a generar, de las oportunidades para la cadena de valor industrial local, una estrategia de economía circular, y una estrategia de comunicación; y en la obligación, para la inscripción en el aludido Registro, en fase de explotación, de actualizar dicho Plan, recogiendo el nivel de cumplimiento de las previsiones realizadas.

Asimismo, en aras de una mayor optimización, consideramos que debe permitirse, haciéndose constar expresamente, la hibridación de estas instalaciones, a otras ya existentes, con permisos de acceso y de conexión concedidos y en vigor, tal como actualmente permite el artículo 27 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Aunque no es una cuestión esencial, dado el coste que actualmente tienen los sistemas de almacenamiento; pero considerando que se trata de una tecnología esencial para regular el futuro sistema eléctrico, y contemplando cómo las baterías están en continua mejora de rendimientos y costes, con un desarrollo tecnológico muy prometedor, consideramos que la opción de almacenar energía debería de estar contemplada, porque permitiría ofrecer un incipiente respaldo para el sistema eléctrico, cuestión que va a resultar clave en el futuro, para evitar episodios de elevadas subidas de precios en momentos de escasez.

Para terminar, podemos concluir indicando que, desde Anpier, nos parece esencial seguir avanzado en el futuro de la generación distribuida y social, y este contingente de reserva para pequeños desarrollos, previsto para la próxima subasta, así lo hace; pero no debemos olvidarnos de los pioneros de la transición energética, la fotovoltaica y la generación distribuida; hay una deuda pendiente con las decenas de miles de familias españolas que abrieron estos caminos, en circunstancias muy adversas –cuando incluso se negaba el cambio climático y la utilidad de los desarrollos renovables–, una cuestión no resuelta, reconocida por todos, e incluso incluida en el propio programa del actual Gobierno

Miguel Ángel Martínez-Aroca es presidente de la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, Anpier

• Contenido incluido en la edición en papel de la revista Energías Renovables (ER 209, marzo de 2022), que incluye un Especial Eólica

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