El artículo 1 de la Constitución Española dice que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y el pueblo de España ha hablado (lo hizo por última vez el pasado 26 de junio) alto y claro: 213 de los diputados elegidos ese día representan hoy a partidos que se han pronunciado explícitamente en contra del impuesto al sol y a favor del autoconsumo, o sea, que estamos hablando de una amplísima mayoría absoluta. Quince millones de votantes (15), llegados a las urnas de la mano de todas las siglas imaginables: EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, las Mareas... Todos dijeron -antes de votar- que, una vez formado el nuevo gobierno, trabajarían a favor del autoconsumo y todos han vuelto hoy a ratificar ese compromiso. Incluso, Unión del Pueblo Navarro, la marca blanca del Partido Popular en Navarra.
El gran acto de ratificación ha tenido lugar esta mañana en la Casa de la Democracia, el Congreso
Allí, todos los partidos han registrado, hace apenas un par de horas, una Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico que dice no al impuesto al Sol y que, además, contempla la posibilidad de instalaciones de autoconsumo compartidas, entre otras varias medidas. El Ala Trump del Partido Popular, el ala más reaccionaria del Ejecutivo, esa que lleva casi cien días desoyendo la voz de la soberanía nacional e insistiendo en su impuesto al Sol, vuelve a recibir así la enésima prueba de que está completamente sola. Probablemente ni siquiera todo el Partido Popular esté de acuerdo con el discurso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, heredero de una regulación -de un Real Decreto con impuesto al Sol- que ideó hace unos meses su hermano gemelo, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto.
Desde el acuerdo
En las antípodas de esa soledad, la Proposición hoy registrada se basa en el acuerdo -a favor del autoconsumo- que firmaron el año pasado todos los grupos parlamentarios (menos el Popular, lógicamente) y que fue asimismo apoyado por una amplísima representación de la sociedad civil: asociaciones de consumidores, sindicatos, patronales del sector de las energías renovables, organizaciones ecologistas, plataformas ciudadanas, fundaciones, think tanks... Aquel acuerdo quedó en barbecho por culpa de la situación de interinidad e incertidumbre que ha vivido España durante muchos meses -gobierno en funciones-, pero, una vez pactado el nuevo Ejecutivo -con apoyo de Ciudadanos y abstención del PSOE-, el autoconsumo (y el consenso que existe a su alrededor) vuelven ahora a la primera plana de la actualidad. Y lo hacen por la puerta grande, la del Congreso. El optimismo del presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Jorge Barredo, así lo reflejaba esta mañana: este es “un paso muy importante", ha dicho.
Proposición de Ley, con entrada por Registro en el Congreso, casi cien días después de nombrado el nuevo gobierno
El artículo 1 de la Constitución -empezábamos diciendo- sostiene que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Pero el Ejecutivo, ese que aprobó contra todos un Real Decreto (RD) de Autoconsumo con impuesto al Sol... el nuevo Ejecutivo, que ha sabido desde el minuto 1 que todo el arco parlamentario dice no a ese impuesto... el nuevo Gobierno se ha olvidado aquí de la soberanía nacional, ha olvidado también la máxima del nuevo Rajoy -ahora de talante presuntamente más flexible- y no le ha movido en estos casi cien días de gobierno ni una coma a su Real Decreto. Así, la Proposición hoy presentada llega -según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)- frente a ese inmovilismo, y en ausencia de un RD que debería haber surgido “a partir de un diálogo constructivo con todos los actores implicados" y que debe eliminar "todas las barreras carentes de justificación”.
A continuación, algunas de las medidas clave incluidas en la Proposición de Ley
1.- El reconocimiento al derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética;
2.- Se habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico y contribuir a la lucha contra la pobreza energética;
3.- Simplifica la tramitación administrativa especialmente para las instalaciones pequeñas y que no inyectan electricidad a la red eléctrica para las que bastará una notificación;
4.- Adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico evitando así las multas multimillonarias para los pequeños autoconsumidores que establece la actual ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013.
Esta Proposición de Ley desarrolla, además, el compromiso asumido por todos los partidos políticos (todos, menos el Partido Popular, se entiende) el pasado 27 de julio de 2015, cuando, antes de que fuera aprobado el Real Decreto 900/2015 de autoconsumo, se comprometieron en primer lugar a contribuir a derogarlo, y en segundo, a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permitiese a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales.
Todos los partidos coinciden en considerar al autoconsumo eléctrico renovable como uno de los instrumentos más apropiados para reducir el impacto medioambiental de la generación eléctrica y disminuir la importación de combustibles fósiles, permitiendo equilibrar la balanza comercial y fortalecer, al mismo tiempo, la independencia energética de nuestro país.
La Proposición no quiere dejar cabos sueltos
Según el comunicado enviado por los promotores de esta iniciativa, "en conformidad con los compromisos adquiridos, la Proposición de Ley presentada hoy prevé la modificación del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la derogación de algunas disposiciones del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo".
Tres meses
Por lo demás, la Proposición de Ley incluye una cláusula que establece un plazo máximo de tres meses para que el Gobierno produzca el reglamento necesario para implementar la Proposición, y otra que afirma que, si la eliminación del peaje de respaldo para las instalaciones de autoconsumo tiene repercusión en los Presupuestos del Estado, que se tome en consideración este elemento en la definición de los presupuestos para 2018, pero que esta razón no sea suficiente para vetar la Proposición por parte del Gobierno.
Según UNEF, "el actual marco normativo en materia de autoconsumo no solo no está en sintonía con las legislaciones de otros países europeos y recomendaciones de la Comisión Europea, encaminadas a combatir contra el cambio climático y fomentar el desarrollo de la generación distribuida, sino que impone barreras a la democratización energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho". De ahí que la asociación su adhesión a esta Proposición.
Reproducimos a continuación la Disposición final primera de la Proposición de Ley hoy registrada
El Gobierno dictará, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor.
A continuación, reproducimos lo que escribimos el pasado 28 de junio
213 diputados (15 millones de votos) a favor del autoconsumo
Casi dos tercios del Parlamento han dicho SÍ al autoconsumo y NO al impuesto al sol. Pocas veces en la historia de la democracia ha sido tan amplia una mayoría. El Gobierno (en funciones) está obligado, por mandato constitucional, a atender a la soberanía nacional (expresada en las urnas dos veces en seis meses). Lo contrario sería mantener secuestrado al autoconsumo con una norma que no sirve, que no está funcionando y que parece solo ideada para mantener al sector al ralentí (siguen poniéndose en marcha instalaciones, pero muchas menos -por miedo al impuesto y, sobre todo, a la incertidumbre regulatoria- de las que podrían ser). En todo caso, lo grave no es el secuestro del autoconsumo. Lo verdaderamente grave es que el Ejecutivo (en funciones) mantenga secuestrada la soberanía nacional, que está consagrada en el artículo 1 de la Constitución Española.
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