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Uno de cada tres proyectos eólicos gallegos sigue sin DIA a cinco días del plazo límite

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El Ejecutivo gallego ha anunciado este jueves que ya han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 92 proyectos eólicos (66 DIAs favorables y 26 desfavorables). Pero, según los números facilitados por la Xunta, en total son 140 los proyectos que está tramitando, o sea, que quedarían 48 por obtener ese documento, lo que tiene que suceder antes del miércoles, 25 de enero, si el parque en cuestión quiere seguir trámite hacia el siguiente hito administrativo. Si no hay DIA antes de esa fecha, el proyecto queda fuera de la carrera. La Xunta además echa balones fuera y ha adelantado que las DIAs desfavorables a parques eólicos son debidas a errores de los promotores. [Pie de foto, a pie de página].
Uno de cada tres proyectos eólicos gallegos sigue sin DIA a cinco días del plazo límite

La falta o los errores en la documentación presentada por los promotores "impedirán que todos los parques puedan cumplir con este hito" (el de la DIA). Lo ha dicho, literalmente, la Xunta de Galicia, que asegura que ha contratado en los últimos meses hasta "120 personas" con el fin de agilizar la tramitación "para cumplir los hitos marcados en cuanto a la emisión de declaraciones de impacto ambiental (DIA), autorizaciones administrativas y de construcción". Según la Xunta, serían pues 120 funcionarios más los empleados en esta tarea, pero lo cierto es que, cinco días antes de que expire el plazo, alrededor del 35% de los proyectos sigue esperando su Declaración de Impacto Ambiental. Los datos, todos esos datos, han sido facilitados esta semana por el Consello da Xunta de Galicia, que ha evaluado la situación actual del sector eólico gallego, una industria para la que el Ejecutivo regional asegura que quiere un "desarrollo planificado y ordenado (...) que vaya en equilibrio con la protección del ambiente".

Lo cierto es que el plazo límite (25 de enero de 2023) es en realidad una ampliación del Gobierno central. A saber: la normativa primera (el Real Decreto-ley 23/2020), publicada en el BOE hace más de dos años y medio, fijaba ya una fecha límite para las DIAs, fecha que el Ejecutivo central en todo caso decidió ampliar en nueve meses allá por el mes de diciembre del año 21. O sea, que las administraciones autonómicas ya sabían hace más de un año que contaban con esos nueve meses "adicionales" de ampliación. A pesar de ello, Galicia llega a esta semana con un tercio de sus proyectos varado en las ventanillas de la Xunta.

Más aún: el Ejecutivo gallego acusaba anteayer al Gobierno Sánchez de haber provocado un "efecto llamada con el decreto ley aprobado por el Gobierno en junio de 2020" (Real Decreto-ley 23/2020), RDL que "imponía plazos muy ajustados -según la Xunta- para obtener las declaraciones de impacto ambiental" (el plazo, como se dijo, fue ampliado en nueve meses hace más de un año:léase RDL 29/2021, de 21 de diciembre).

Sea como fuere, la Xunta de Galicia adelantaba este jueves que (1) "cuenta con que la mayoría de los parques puedan obtener la DIA: ya la obtuvieron 92 proyectos (66 favorable y 26 desfavorable)" y (2) responsabilizaba a los promotores en los casos de que las Declaraciones de Impacto Ambiental no lleguen en tiempo y forma a ese hito del 25 de enero: "la falta o los errores en la documentación presentada" -dice la Xunta- son los motivos que "impedirán que todos los parques puedan cumplir con este hito".

No es la primera vez que la Xunta se ve en esta situación (léase PP en Galicia: nueve años de morriña eólica, 24 meses en clave road movie).

Por su parte, el Ejecutivo central anunciaba (lo hacía también esta semana) que "el 100% de los proyectos renovables que tramita el Gobierno estará resuelto el 25 de enero". Lo hacía por boca de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El atasco administrativo lo han padecido todas las administraciones españolas en los últimos meses. No solo los proyectos eólicos sino también los solares debían contar con evaluación de impacto ambiental antes del 25 de enero so pena de verse apeados de la carrera por su autorización.

El Ministerio tramita todos los proyectos de más de cincuenta megavatios de potencia, es decir, los más grandes; las comunidades autónomas hacen lo propio con los de menos de 50 MW.

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