"Vamos un poco retrasados -explica Márquez-, porque en 2021 hemos instalado 0,8 gigavatios y deberíamos estar instalando 2,2 gigas cada año". Deberíamos estar instalando 2.200 megavatios al año si queremos cumplir con el objetivo que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues que España tenga en esa fecha 50.333 megavatios eólicos operativos (ahora mismo tiene menos de 30.000). El caso es que para ir a ese ritmo (2,2 gigas), "necesitamos ir a una aprobación de DIAs mucho mayor que 2,2 GW al año -concreta el director general de AEE-, porque, de entre los proyectos que consiguen una Declaración de Impacto Ambiental positiva, hay un porcentaje que al final se cae, por cuestiones urbanísticas o de cualquier otra índole". Y el problema es que hasta hace muy pocos meses el ritmo de aprobación de DIAs ha sido muy lento, no ha alcanzado ni de lejos la velocidad de crucero que AEE considera necesaria para que se instalen 2,2 gigavatios al año. ¿Y cuál es esa velocidad de crucero DIA? Pues para que finalmente se instalen 2,2 gigas cada año, haría falta que de las administraciones autonómicas saliesen 3 gigavatios de DIAs al año. Por el motivo susodicho: no todos los parques que obtienen una Declaración de Impacto Ambiental positiva superan los hitos siguientes.
La velocidad de crucero no obstante parece haberse acelerado en los últimos meses. El Gobierno central ha dicho que no va a ampliar el plazo de recepción de DIAs más allá del 25 de enero y efectivamente las comunidades autónomas parece que están espabilando. "Ahora, estos últimos meses, se ha alcanzado el ritmo necesario para tramitar 3 GW al año de DIAs eólicas. Se ha conseguido el ritmo, y nosotros valoramos mucho el esfuerzo de las administraciones públicas. Creemos que las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante. Máxime estos meses que saben que, por ahora, el Gobierno está comunicando públicamente que no va a haber una extensión de plazos" (ya hubo una extensión de nueve meses, el año pasado).
El director general de la Asociación Empresarial Eólica explica cómo hemos llegado hasta aquí
El Gobierno aprobó en junio de 2020 un Real Decreto-ley (23/2020), que establecía una serie de hitos para la tramitación de un parque eólico: llegada una fecha, el proyecto debe haber alcanzado un cierto hito; llegada la siguiente, debe haber alcanzado el hito segundo; superado este, hay que alcanzar un tercer hito; y, así, hasta cinco hitos. El objetivo de la Administración central era en teoría filtrar, y que muchos de los proyectos que estaban sobre las mesas de las administraciones se lo pensaran dos veces y desistieran, de modo que solo quedaran en la carrera eólica los más maduros. Pero, ¿qué ocurrió? Que prácticamente nadie desistió: "se creyó que gran parte de esa potencia -explica Márquez- iba a cesar en el empeño de desarrollar el proyecto. Y no ha sido así. La mayoría de los promotores, de una tecnología o de otra [por alusión a la fotovoltaica], han seguido adelante. Y la Administración se ha encontrado con mucho megavatio a tramitar". ¿Consecuencia? El atasco en el que ahora mismo está metido todo el sector, atasco que afectaría a unos 19.000 megavatios.
¿Solución?
Ampliar el plazo en seis meses (sería la segunda ampliación, pues hace unos meses ya se amplió el plazo originalmente estipulado en nueve, como se dijo). Ampliar nuevamente el plazo, sí. Eso es lo que ha propuesto la AEE durante el acto de presentación de su Estudio Macro: seis meses de prórroga adicional. "Somos perfectamente conscientes de que no se puede estar dando prórrogas y prórrogas y prórrogas. Pero la normativa, una normativa seria, tiene también que entender la coyuntura en la que estamos. El pragmatismo debe ser un punto importante", ha dicho Márquez.
Juan Virgilio Márquez, director general de AEE: "lo que entendemos que no tiene sentido es dejar caducar proyectos maduros que podrían tener una DIA en 3 ó 4 meses... Y no tiene sentido porque estaríamos sustituyendo proyectos que podrían estar instalados dos años después (o sea, 3 ó 4 meses para la DIA más otros 2 años)... por proyectos que empezarían de cero, que tendrían que presentarse a un concurso de acceso (y todavía no hay ninguno convocado) y que no estarían instalados quizá hasta dentro de 5 ó 6 años. Resumo: sustituimos potencia renovable que podría estar instalada en el año 2024 por potencia renovable que podría estar instalada en 2028. Cuando lo que hay que hacer con esta coyuntura que estamos viviendo es agilizar al máximo la instalación de nueva potencia renovable"
En la búsqueda de la solución al atasco, el director general de la Asociación Empresarial Eólica ha introducido otra idea: el triaje. "Ahora mismo si un proyecto entra en la Administración a las nueve de la mañana y otro entra a las nueve cero cinco... pues uno va delante y el otro va detrás. Y da lo mismo que el segundo sea más sencillo, o esté más avanzado, o esté más maduro, o mucho más maduro... Da lo mismo: porque hay una obligación de tramitarlo por orden de llegada (...). Eso no ocurre por ejemplo cuando uno va al médico. El médico lógicamente no atiende por orden de llegada. Si el primero en llegar no está grave, pero sí lo está el segundo, pues está claro que el médico va a atender antes a quien más urgentemente lo necesita, no al primero de la fila. Bueno, pues ese tipo de cuestiones se tienen que implementar en el procedimiento administrativo. Y eso requiere tiempo y requiere de lecciones aprendidas".
En la misma línea se ha manifestado el presidente de AEE, Juan Diego Díaz Vega, que ha abierto el acto de presentación del Estudio Macro. "Vemos un gravísimo riesgo de que un porcentaje muy relevante de proyectos eólicos en tramitación, en el entorno de los 19 GW, pueda perder los permisos de acceso y conexión a finales de enero", un riesgo que se deriva de la limitada capacidad de las administraciones públicas para realizar su parte de trabajo: "esto al final genera una situación en la que los perjudicados son las empresas, que son las que ponen su capital humano, su capital económico, y las que, por no cumplir un hito, pueden perder el acceso a la red y las garantías".
El problema en todo caso va más allá del promotor. "Lamentablemente -ha dicho el presidente de AEE-, una de las consecuencias que ha tenido esto ha sido que, con la paralización o la ralentización de las DIAs, los pedidos a fábrica prácticamente se han paralizado. Prácticamente ningún promotor se arriesga a hacer ningún pedido hasta que no tenga una DIA. Esta situación... si en enero de 2023 se produce la caducidad de esos 19 GW... esto agravaría la situación de una industria que se encuentra en una coyuntura tremendamente compleja, con resultados económicos negativos en los últimos trimestres para la mayoría... no, para la mayoría no... para todos los fabricantes".
Según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2021, hasta el 9% de los municipios españoles (766, concretamente) cuenta con un parque eólico, lo que se traduce en que el 11% de la población española convive con la actividad eólica y con otras actividades como la agricultura, ganadería, pesca o turismo. "La energía eólica -sostiene el Estudio- ayuda a fijar población en los territorios de la llamada España vaciada, ya que los parques eólicos tienden a localizarse en municipios en los que la población es baja y ya desde su construcción generan actividad económica y empleo".
Además, la eólica acarrea ingresos a los territorios. El Estudio Macro incluye un epígrafe titulado Impacto en la España Rural y Vaciada que aporta datos muy concretos. En el caso de Galicia, el precio del arrendamiento de tierras en 2018, por megavatio instalado, ascendió a 3.334 €/MW/año. "A nivel español -continúa el Estudio Macro-, varía dependiendo del tipo de terreno y del tamaño del parque eólico, pero se pueden dar valores entre 1.250 €/MW/año y 7.500 €/MW/año. Esto supone entre un 3% y un 14% de los costes de operación y mantenimiento de un parque eólico".
El impacto económico no queda solo en los propietarios de los terrenos "afortunados". También llega a las administraciones.
Las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia han establecido un canon eólico. Dicho canon se diseñó como una compensación que debían hacer los promotores por el uso del viento, y por el efecto que tienen los parques eólicos sobre las zonas en que se sitúan, por la instalación de aerogeneradores, y por la construcción de las infraestructuras eléctricas y accesos. Los cánones eólicos se definen en función del número de aerogeneradores y/o de su potencia, y son independientes de la electricidad generada o del ingreso real que percibe el parque por la venta de electricidad al mercado.
Pues bien, como consecuencia de los cánones eólicos, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, tres comunidades muy rurales, recaudaron en 2021 más de 66 millones de euros, que se desagregan -concreta el Estudio- de la siguiente manera: en Castilla-La Mancha, alrededor de los 15 millones de euros anuales (14.939.004,00 € en 2021); en Castilla y León, alrededor de 30 millones de euros anuales (29.557.000,00 € en 2021); y en Galicia, entre los 22 y 23 millones de euros anuales (22.238.400,00 € en 2021).
En España hay 1.253 parques eólicos en 766 municipios. En total, 21.574 aerogeneradores.
Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España
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