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Joan Herrera, director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento de El Prat

“Hay que homologar las comunidades energéticas al resto de operadores”

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Joan Herrera lleva más de treinta años metido en el fragor de la lucha verde (o de las luchas verdes) y año y medio trabajando en pro de las comunidades energéticas, esas que han de situar por fin a la ciudadanía en el centro del escenario energético, en el lugar de la toma de decisiones. Hace unas semanas, lideró, junto al director general de Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, Pedro Fresco, el lanzamiento de una "propuesta de trasposición de la directiva europea" que recoge la figura de las "comunidades ciudadanas de energía". Aquí la repasamos con Herrera, en primera persona. Así lo contábamos en la edición de febrero de la revista de papel Energías Renovables (ER 208), que incluye un Especial Comunidades Energéticas (aquí, el pdf completo).
“Hay que homologar las comunidades energéticas al resto de operadores”

Nacido en Barcelona en 1971, abogado especialista en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, Joan Herrera llegó al Congreso en 2004, como diputado y luego brillante portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds. Tras dos legislaturas en la Carrera de San Jerónimo, Herrera regresó a Cataluña, dejó la política en 2016 y ejerció luego como abogado en el despacho Sinergia EDM (Energía, Derecho y Medio Ambiente). Hasta que volvió a ser llamado desde Madrid en julio de 2018 (sería entonces nombrado director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Ministerio para la Transición Ecológica). Un año y medio después abandonaría el IDAE y la capital, "por motivos estrictamente familiares y personales", y retornaría a su Cataluña natal. Desde entonces trabaja en el Ayuntamiento de El Prat, como director de Acción Ambiental y Energía, puesto desde el que está liderando una revolución municipalista en clave de energía (que lleva por bandera las comunidades energéticas), revolución en la que ya están embarcados, entre otros, el director general de Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, Pedro Fresco; su homólogo en el Gobierno de Castilla La Mancha, Manuel Guirao; la directora general de Energía de Cataluña, Assumpta Farran; el director del Instituto Balear de la Energía, Ferran Rosa; o la directora de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Sevilla, Pilar Navarro.

¿En qué momento se le ocurre a Joan Herrera emprender un proyecto de estas características, aunar voluntades, poner a la gente a trabajar para sacar adelante esta propuesta?
Hace más de un año presentamos una serie de alegaciones sobre cómo debería ser traspuesta la Directiva, unas alegaciones que preparamos desde El Prat pero que compartimos más de 50 municipios. Aquello ya fue un ejercicio colectivo. Vamos a ver: creemos que la Directiva 2019/244 es importante, y que supone además una oportunidad bestial. Porque es muy avanzada. Vamos a un escenario, estamos en un marco, de fuerte dependencia energética, y en un marco de renovables no gestionables. Y... o hay gestión de la demanda y protagonismo de la ciudadanía... o no hay transición. Yo creo que esto Europa lo tiene muy claro. Y la Directiva es una oportunidad bestial. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos hemos encontrado por el camino? Pues nos hemos encontrado con un Gobierno que es verdad que está muy desbordado, en el sentido de que la agenda energética está siendo intensísima. ¿Y qué hemos hecho? Pues, con las alegaciones que elaboramos hace un año, montamos un equipo para redactar una propuesta de Real Decreto [RD], para facilitar el trabajo. Y creo que hemos hecho un ejercicio realista, una propuesta que va alineada con lo que hay en Europa. Lo hemos puesto sobre la mesa y estamos sumando muchas voluntades, múltiples actores, que comparten esa necesidad de trasponer esa directiva y de trasponerla tal y como planteamos.

¿Están llamados a ser los municipios los protagonistas de esta revolución energética, la revolución de las comunidades?
Se está abriendo un escenario de oportunidad en los pueblos y en las ciudades, seguramente con claves distintas, seguramente en los pueblos más con generación y con un “vector energía” que puede repercutir en la recuperación de población, y seguramente en las ciudades con más gestión de la demanda, etcétera... Pero, sea en los pueblos, sea en las ciudades, lo que está claro es que los municipios pueden ser un actor muy potente. Y la Directiva también lo dice. Cuando la Directiva define las comunidades ciudadanas de energía dice personas físicas, dice pequeña y mediana empresa y dice... entes locales. Y lo dice porque en Europa el ente local desempeña un rol muy importante en todo esto.

¿Está el autoconsumo llamado a protagonizar la revolución de las comunidades energéticas?
Bueno... cuando se habla de comunidad energética hay quien piensa en “autoconsumo compartido”, pero, cuidado, no se trata solo de eso. El autoconsumo compartido es la palanca con la que empezar a cambiar, pero en una ciudad lo más relevante va a ser la gestión de la demanda, la agregación... Porque en un centro de gran consumo lo más interesante es saber cómo nos adaptamos a un escenario eléctrico de renovables no gestionables. Si la pregunta es: ¿qué podemos aportar en un municipio así, el autoconsumo compartido? Pues todo lo que se pueda, desde luego. Pero también todos los servicios energéticos. Por contra, cuando pensamos en entornos más rurales, yo creo que de lo que se trata es de Comunidades Energéticas Renovables, que están en la Directiva de renovables [2018/2001], que deben permitir una mejor retribución y retorno al territorio. De lo que hablan ambas directivas es de la necesidad del retorno de los beneficios sociales y de los ambientales al territorio... Por tanto, lo que hay que hacer es darles prioridades en acceso y conexión, y en todos aquellos elementos que ayuden a vencer las resistencias que hay en el territorio para el desarrollo de proyectos renovables. Y todos creemos que esas resistencias se vencen implicando al territorio y otorgándole beneficios.

¿Qué diferencia hay entre las Comunidades Ciudadanas de Enegía [CCE] y las Comunidades de Energías Renovables [CER]?
Para empezar, lo obvio: la CER tiene que ser solo... de energía renovable. Mientras que la CCE no tiene por qué. Segunda diferencia: la CER está muy orientada a la generación; mientras que la CCE está más orientada a todos los papeles del sector eléctrico. La Directiva [2019/944], cuando hace la definición de CCE, habla de que podrán suministrar, ofrecer servicios energéticos, agregación, flexibilidad, e incluso dice que podrán operar en distribución. Más cosas: la CCE debe estar formada como decía por personas físicas, pymes y entes locales, mientras que en la CER no hay una especificación tan clara. En el caso de las Comunidades de Energías Renovables casi diría que nos encontramos simplemente con una... “idea”, una idea que aparece de forma incipiente en la Directiva de renovables [2018/2001], que es una directiva que es previa a la del Mercado Interior de Electricidad... Mientras que en el caso de las Comunidades Ciudadanas de Energía lo que encontramos (en la Directiva del Mercado Interior de Electricidad) es un desarrollo mucho más detallado, un desarrollo que hace ya una definición muy exacta, y dándoles muchas prerrogativas, a las CCE. En ambos casos, pero particularmente en la Directiva del Mercado Interior de Electricidad, lo que se dice es que los estados deberán dar prerrogativas a dichas comunidades. Entonces, yo te diría que la CER está más pensada para la España vaciada, para la generación de renovables, y para que haya retornos en el territorio cuando se generan renovables, mientras que la CCE está más pensada para la España más urbana, para jugar un rol ya no solo en autoconsumo compartido sino en servicios energéticos, gestión de la demanda, flexibilidad, etcétera.

¿Cuáles serían, de entre las propuestas que se plantean en el Real Decreto del Botànic, las ideas clave?
Yo lo primero que destacaría es el marco conceptual. Si tú quieres que nuevos actores entren en el sector energético, les tienes que dar derechos para que puedan competir. Dicho de otra manera, si yo soy un municipio, o una agrupación de ciudadanos, o de pequeñas empresas que se agrupan en torno a la energía, pues yo no voy a poder competir con los grandes operadores, porque no tengo su mismo músculo. Vamos a ver: ¿cómo haces que una persona bajita y una alta puedan ver por igual detrás de la valla? Pues poniendo un taburete... Pues pongamos el taburete. Y para mí el taburete es un marco normativo que me permita por ejemplo darme de alta con facilidad como comercializador, o que me permita acceder a los datos del distribuidor. Si yo soy comercializadora, puedo ver los consumos de los usuarios, ¿verdad? Bueno, pues permítemelo hacer si soy CCE, porque eso me permitirá ofrecer servicios energéticos allí donde opero. Se trata por tanto de homologar las comunidades energéticas al resto de operadores. Homologarlas en lo que se refiere a obligaciones, pero también en lo que se refiere a derechos. Y ahí estoy hablando, básicamente, de la información y el acceso al dato.

Bien, información. ¿Y qué más? ¿Qué otras propuestas incluye el RD del Botànic?
Segundo elemento. Vamos hacer que las comunidades energéticas tengan facultades para hacer lo que técnicamente ya es posible. ¿Y qué es técnicamente posible ya? Pues que un autoconsumo compartido, por ejemplo, vaya más allá de los 500 metros. Actualmente en las ciudades es imposible una firme interacción entre polígonos y la ciudad densa y urbana, porque normalmente los polígonos están a más de 500 metros. Bueno, pues nosotros hemos planteado Cinco Kilómetros-Cinco Megas, que la red lo aguanta perfectísimamente. Bueno, pues permitámoslo. Si no se quiere hacer de forma generalizada, pues hagámoslo para las comunidades energéticas. Hay dos ejemplos que lo hacen. Francia está en dos kilómetros, y Austria paga en función del uso de la red: si yo utilizo un kilómetro y medio, pues pago por un kilómetro y medio. Son posibilidades. Son modelos. ¿Qué sucede hoy aquí, sin embargo? Pues que traer un kilovatio hora desde el polígono industrial de El Prat me cuesta lo mismo que traer un kilovatio desde Murcia. No es sensato ni razonable si quiero una mayor producción de proximidad. Bueno, pues ese es otro elemento del RD. Otro más: en función del esfuerzo de autoconsumo que yo haga, en función de la instalación de renovables, lo que se propone es que se me permita eximirme en cargos y peajes el equivalente a la generación que estoy haciendo. Tú hoy si vas a poner un punto para la recarga de vehículo eléctrico, no pagas cargos y peajes. Porque el Gobierno, para fomentar ese tipo de instalaciones, ha aprobado una orden ministerial que te exime. Bueno, pues lo que planteamos es algo parecido. Y que me permitan hacer consumo agregado. Y que como comunidad energética se me permita establecer un acuerdo bilateral con un generador. Y que haya reservas de acceso y conexión (para las comunidades energéticas renovables) en las subastas. Yo destacaría esos elementos, pero, de lo que se trata sobre todo es de homologar las comunidades energéticas al resto de operadores.

¿Por qué no ha habido todavía trasposición?
Bueno... Yo quiero pensar que el debate energético está siendo muy intenso y que el Gobierno tiene muchos frentes y no ha tenido tiempo. Pero lo cierto es que hay que ponerse, y que hay que ponerse ya. Porque Europa nos está diciendo “dale prerrogativas a las comunidades energéticas”, y porque llegan fondos y no tenemos marco normativo. Por eso hemos hecho este ejercicio, para intentar desencallar este tema. Porque lo que está ocurriendo ahora es que si vas al Secretario del Ayuntamiento de tu pueblo y le planteas “oye quiero montar una comunidad energética”... pues lo primero que te dice es que no hay marco normativo. Y hay muchas resistencias entre los Secretarios de Ayuntamiento y los Interventores para constituir aquello que no tiene marco normativo. Bueno pues lo que queremos es ese marco normativo para empezar a operar... y necesitamos líneas de ayuda. Y hoy por hoy las ayudas tampoco nos acompañan. En la convocatoria última de ayudas para las comunidades energéticas... los entes locales apenas van a entrar, por los problemas que he mencionado, porque tienes que tener constituida la persona jurídica y no hay ningún ente local que la tenga constituida, porque no se tiene claro cuál es el marco. Por todo ello entendemos que el Gobierno tiene que dar prioridad a la trasposición de la directiva.

Los impulsores de esta iniciativa anunciaron en el Botànic que presentarían el RD al Ministerio...
Sí, hemos tenido una reunión para poderla explicar. Hace poco. Estamos pendientes de que nos digan. Ya os contaremos...

• Contenido incluido en la edición de febrero de la revista de papel Energías Renovables (ER 208), que incluye un Especial Comunidades Energéticas (aquí, el pdf completo)

El IDAE ha publicado un documento de preguntas frecuentes sobre comunidades energéticas. Es este

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David
Miguel es una pena que sabiendo todo lo que sabes se te vea tanto el plumero y siempre estés en contra de cualquier cambio del sistema actual cuando se ha visto por activa por pasiva, que el sistema actual es malo. \r\nMe encantaría que con todos tus conocimientos te pusieses a trabajar por ejemplo en cómo desarrollar comunidades energéticas o sistemas alternativos centrados en el municipio para que se puedan autoabastecer cada uno de los municipios. Aportaría un montón de buenas ideas.
Miguel
Hola Angel, te puede parecer simplista el comentario, pero es una sensación que tengo desde hace muchos años, y que por ello generalmente no cuajan. Siempre es lo mismo, se buscan soluciones que se venden como extraordinarias y en el que la clave del éxito del proyecto se apoya frágilmente en ayudas públicas, exención de impuestos o dejar de pagar algo, como en este caso, que se habla de dejar de pagar peajes y cargos.
    Me sorprende que digas que el pago de cargos y peajes deberá hacerse con racionalidad y proporcionalidad, acorde a los beneficios que se reporte al sistema, y al uso de la red eléctrica que se haga en cada momento.

    Los peajes se cobran en la factura eléctrica para pagar las infraestructuras y redes que transportan esa electricidad hasta los lugares de consumo, y por tanto, se pagan en base a esos costes y el uso que se le da. Eso ya se hace así actualmente, y puede variar algo la forma de cálculo según la metodología que use la CNMC e incluso podrá variar más en el futuro. Si se usa menos infraestructura lógicamente, menos se ha de pagar, pero ojo, solo por el hecho de usar pocos días o menos horas una infraestructura, que nadie se piense que se ahorra mucho en infraestructura. Los cableados, líneas de alta tensión, transformadores, etc. se diseñan y se instalan para una potencia determinada máxima que pueda llegar a circular por esa la red, aunque sólo se use esa potencia durante dos días al año. Habrá elementos de esa infraestructura que por usar menos potencia o tiempo durarán más, pero en otros será indistinto. El coste en infraestructura del sistema eléctrico para una vivienda que se usa 12 meses al año, y para otra que se usa sólo dos meses al año es muy similar. Tampoco pagan actualmente los mismos peajes ambas viviendas. Siempre pagará más la que más potencia tenga contratada o la que más electricidad consuma en caso de tener la misma potencia

   Los cargos, actualmente se usan principalmente para pagar estos tres conceptos:
1.- Aprox. 7.000 millones de euros anuales para ayudas al RECORE (renovables, cogeneración y residuos).
2.- Aprox. 3.000 millones de euros anuales para pagar la deuda acumulada en el sistema eléctrico durante la época de Zapatero, más los intereses.
3.- Cerca de 1.000 millones de euros anuales para la ayuda insular.
   Corresponde al gobierno el método o fórmula de recaudación de este dinero y a quienes les corresponde pagarlo, y por supuesto, explicar la motivación para hacerlo de un modo u otro. Puede que lo carguen en el recibo eléctrico y usen como base de cálculo el uso de la red eléctrica como tú indicas, o bien usen el consumo energético de cada consumidor aunque no sea eléctrico, donde se incluyen los combustibles, como pretende ahora el gobierno, o incluso metiéndolo todo en los presupuestos generales del estado y sacarlo totalmente del recibo eléctrico.
   Que una comunidad energética urbana se crea que aporta tanto al sistema eléctrico o a la sociedad como para no pagar o contribuir a pagar estos conceptos, pues siempre podrá ser cuestionado por el resto de los ciudadanos o pagadores. A mí, desde luego me parece un argumento poco sólido. Por supuesto, si esa es la base del éxito de una comunidad energética urbana, su base es tan frágil que en el mismo momento que el gobierno saque el pago de ese concepto de la factura eléctrica, la estabilidad de una comunidad energética se desmoronaría.
    Para un artículo entero daría la discusión de si las comunidades energéticas urbanas van a llegar a funcionar en modo pseudoisla como indicas, pero no me quiero alargar más en este comentario.     Me parecen 10 veces más sólidas las comunidades energéticas rurales donde se juntan para hacer una instalación fotovoltaica única más grande y barata, con un ahorro de costes considerable.
ANGEL
Miguel, creo que ese comentario es simplista. Hay que valorar los beneficios que aportan las comunidades energéticas al sistema energético, además de los beneficios sociales y medioambientales que propician para la sociedad y los territorios. El pago de cargos y peajes deberá hacerse con racionalidad y proporcionalidad, acorde a los beneficios que se reporte al sistema, y al uso de la red eléctrica que se haga en cada momento. Una comunidad energética que opere en pseudoisla, con grados de autoconsumo/autoproducción muy elevados, no tiene sentido que paguen los mismos cargos y peajes que un usuario convencional. No se pretende que las comunidades energéticas reciban privilegios, sino un tratamiento racional. Como bien dice Joan Herrera, el taburete que las sitúe al mismo nivel que otros sujetos del sistema eléctrico. Ese enfoque que ofrece prerrogativas razonables a los más débiles es precisamente la base de nuestro sistema social, fiscal, económico y normativo. Por eso creo que no deberíamos caer en visiones sesgadas y simplificadas de este asunto.
Miguel
Al final más de lo mismo. La clave del éxito de las comunidades energéticas urbanas parece que radica en que se les exima de pagar cargos y peajes por la electricidad. Es decir, que no paguen las ayudas a las renovables ni la deuda del sistema eléctrico ni las ayudas insulares. Al final los que más defienden las renovables y las ayudas a las renovables son los que sólo quieren recibir las ayudas, pero pagarlas que las pague otro.
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