La realización de esa consulta es el paso previo e imprescindible antes de llevar ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 14/2010, tal y como han recomendado los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura. Como informó Energías Renovables el pasado mes de enero, los juristas de la Junta recibieron el encargo de estudiar si la ley aprobada por el gobierno incurría en alguna vulneración constitucional. Parece que es así.
El consejero de Industria, Energía y Medioambiente, José Luis Navarro, avanzaba el miércoles que “los servicios jurídicos dicen que sí hay fundamento suficiente, y es algo que han tenido que analizar con mucho rigor porque un recurso de este tipo es algo muy serio”. En opinión de Navarro, la limitación de horas con derecho a cobrar prima durante los años 2011, 2012 y 2013, regulada por igual para todas las comunidades autónomas, resulta “injusta y discriminatoria para Extremadura”. Este es el aspecto que se pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional “a pesar de que el Gobierno extremeño apoya casi la totalidad del Decreto, necesario para corregir el déficit tarifario en España”.
Sobre el asunto también se ha pronunciado el presidente de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara ha indicado que se tomará una decisión después de escuchar el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura y ha asegurado que hay que hacer las cosas bien y sin prisas “tomemos la decisión que tomemos (sobre la presentación o no del recurso), de nada sirve que lo hagamos quince días antes o quince días después porque será en todo caso el Tribunal Constitucional el que determinará si se produce el recurso la paralización o no de su ejecución”.
Si finalmente Extremadura va al Constitucional será la segunda comunidad autónoma que se acerca al alto tribunal. La primera que lo ha intentado es Navarra. Su Defensor del Pueblo ha enviado un requerimiento en este sentido para que la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales interponga el recurso de inconstitucionalidad. En el caso de Navarra se han argumentado seis posibles vulneraciones.
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