El grupo parlamentario ha propuesto que sea el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino quien asuma la elaboración de este documento en coordinación con el Consejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Para el PSOE, conocer la huella de carbono que resulta de la actividad económica es "fundamental", ya que permitiría poner en marcha acciones de mitigación eficientes y fácilmente verificables. El hecho de que existan diferentes maneras de calcular las emisiones contaminantes hace “necesario”, según este partido político, elaborar también directrices comunes que permitan asegurar la transparencia y la comparación de los datos.
Esta proposición se suma a la presentada también por el PSOE para reconocer el importante papel que tienen muchas especies agrícolas como sumideros de CO2 y su aportación a la lucha contra el cambio climático.
Ayudas al secuestro de carbono
La normativa no de ley propone la creación de un sistema de información agrícola relacionado con el cambio climático, que permita mejorar las informaciones sobre la cantidad de carbono de todas las extensiones agrícolas y establecer un sistema de obtención de ayudas agroambientales orientadas al secuestro de carbono.
La idea pasa también porque el Gobierno aglutine, a través de una única norma, todos los instrumentos que regulan la eliminación de la quema de residuos vegetales y los tratamientos silvícolas forestales, y que se fomente su uso para la producción de electricidad, a partir de biomasa, y a la fabricación de abonos orgánicos.
La normativa recoge el establecimiento de unos criterios para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y estimar su valor, teniendo en cuenta el precio de la tonelada equivalente de C02, en la valoración de los daños causados por un incendio forestal y de los incendios en zonas agrícolas.
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