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En 2019 se han producido avances fundamentales en la puesta en marcha de un marco estatal de transición justa que atienda las cuestiones sociales y laborales derivadas de la transición energética. A principios del pasado año,  el Gobierno de España presentó la Estrategia de Transición Justa, un instrumento pionero a nivel internacional para proteger a los sectores y territorios más afectados por el abandono de los combustibles fósiles. Un paso importante en nuestro país tras años de reivindicación por parte de las organizaciones sindicales en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas. Por Begoña María-Tomé.

La Estrategia de Transición Justa parte del reconocimiento de que es particularmente importante optimizar los resultados de la transición ecológica para el empleo, minimizando los efectos negativos para los trabajadores y los territorios más vulnerables al tiempo que se maximizan los beneficios de la acción climática en la creación de empleo. Al contexto de desempleo y precariedad del mercado laboral en España se suman en ciertas zonas los efectos de los últimos cierres de las empresas mineras así como el de las centrales térmicas de carbón.

Para paliar las consecuencias negativas más inmediatas, el Gobierno incluyó en la Estrategia de Transición Justa un Plan de Acción Urgente para Comarcas del Carbón y centrales en cierre 2019-2021, que refuerza y desarrolla el Acuerdo marco para las comarcas mineras que se alcanzó en octubre de 2018 con el apoyo de los agentes sociales. Tras la clausura de las explotaciones mineras y centrales térmicas de carbón se producirán otros procesos de cierre en el medio plazo, como el derivado del final de la vida útil de las centrales nucleares. Y es claro que la transformación del sector energético atravesará muchos otros sectores industriales estratégicos. Por esta razón la Estrategia de Transición Justa relaciona una serie de medidas de acompañamiento en la automoción, industria, transporte, sectores electrointensivos, entre otros, además de medidas de reactivación para las zonas afectadas y políticas activas de empleo, protección social y formación profesional.

Dos de los mecanismos más importantes y novedosos que establece la Estrategia son:


• Los Convenios de Transición Justa para la actuación coordinada entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las instituciones y agentes locales de las zonas afectadas para elaborar un plan de acción territorial integral que incluya hojas de ruta calendarizadas y medidas de reactivación económica y creación de empleo; 


• La inclusión de los criterios sociales para otorgar proyectos de energías renovables en los nudos que quedan libres con el cierre de centrales. Un mecanismo muy conveniente para aprovechar los recursos asociados a las centrales térmicas en proceso de cierre y asegurar que se crea actividad y empleo de calidad en las zonas en transición.

ISTAS ha realizado en 2019 sendos estudios sobre alternativas a las zonas mineras en Asturias y Castilla y León, donde se pone en relación este nuevo marco normativo y planificador con las potencialidades de cada una de estas zonas. Para el próximo año quedan muchos aspectos que desarrollar en esta materia, como la movilización de los fondos ya comprometidos de unos 600 millones de euros, la constitución de un marco de diálogo social sobre transición justa a nivel estatal, la celebración de subastas específicas en los territorios afectados por cierres o la elaboración del estatuto de los consumidores electro-intensivos, entre otros.



La presentación de los borradores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en 2019, dan prueba de una voluntad de cambio en la política de clima y energía e interés para maximizar la creación de empleo asociado. Así, el borrador del PNIEC, aunque mejorable, establece unos objetivos nacionales de reducción de emisiones, energías renovables y eficiencia energética por primera vez superiores a los que establece la normativa europea para España. El escenario propuesto en el PNIEC supone un incremento de un 1.8% del PIB en 2030 y la creación de entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos sobre el escenario tendencial. Una oportunidad para dinamizar y reorientar todas las actividades económicas hacia la generación distribuida renovable, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible, la electrificación del transporte, los servicios de eficiencia energética, etc.

Para conseguirlo, uno de los aciertos de 2019 ha sido la aprobación del RD de Autoconsumo 244/2019 que facilita el autoconsumo compartido y de proximidad y permite la entrada de nuevos actores y de la propia ciudadanía al sistema eléctrico. Aunque quedan aspectos por desarrollar, se espera un impacto positivo en la actividad económica y el empleo local. Según los cálculos de ISTAS el impulso de las instalaciones de autoconsumo y de generación distribuida podría crear hasta 79.000 empleos directos en una década.

Desde ISTAS valoramos también positivamente la reorientación que ha asumido el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para recuperar su papel como agente dinamizador de políticas energéticas valientes y como financiador de proyectos de innovación tecnológica. 

Entre los retos pendientes para 2020, destacamos la adopción urgente de una ambiciosa Ley de Cambio Climático y Transición Energética, revisar los órganos de gobernanza y participación social, una reforma profunda del diseño de las subastas con criterios de discriminación tecnológica que fomenten los proyectos pequeños y una Ley de Movilidad Sostenible.

Por último, parece más que evidente que las condiciones regulatorias y económicas auguran un mercado dinámico y de crecimiento de las energías renovables en España en los próximos diez años. De modo que uno de los desafíos más importantes será mantener un mercado estable, que facilite la creación de un tejido empresarial e industrial local, que proporcione empleo de calidad, y contribuya al desarrollo y cohesión territorial respetando la integridad ambiental.

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