Será en el marco de Egética, la Feria de las Energías, que se celebra en Valencia el 28 y 29 de septiembre. Avaesen ya ha contactado con grupos políticos a nivel nacional para que asuman un compromiso firme con las renovables.
La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética crea este impuesto, un gravamen del 7% para toda actividad de producción de energía eléctrica. Un impuesto "injusto y que lastra a las energías renovables", según ha explicado el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, ya que el impuesto "tenía una finalidad ambiental que nunca ha cumplido, a lo que se une que las renovables en si mismas ya suponen un beneficio ambiental. Además, es un lastre añadido para instalaciones que ya han sufrido una legislación retroactiva, lo que coloca a España en la cola mundial de impulso e inversión en renovables".
La recaudación de todo el sector energético español por este impuesto ascendió a 1.261 millones de euros en 2013 y 1.459 millones de euros en 2014, de los que las renovables supusieron 694 y 607 millones respectivamente. “Pero el agravio comparativo va más allá, puesto que las renovables pagan ese gravamen sin trasladarlo al consumidor, un coste que las energías convencionales sí trasladan a la factura final”.
La patronal valenciana de la energía liderará una respuesta de las asociaciones sectoriales a nivel nacional para solicitar que se exima de ese impuesto a las fuentes de generación renovable, como forma de relanzar un sector "en el que apenas hay nuevas instalaciones, las trabas son grandes, y con una legislación cambiante que no genera confianza", según Marcos J. Lacruz.
En el caso de la fotovoltaica, España ya no aparece en 2015 entre los diez países del mundo con más capacidad instalada, a pesar de sus posibilidades por el número de horas de radiación solar. Lo que supone, según Marcos J. Lacruz, que "sea preferible para empresas e inversores instalarse en Portugal, que tiene la misma radiación que España, porque tiene un mercado eléctrico estable, carecen de este impuesto y la regulación no penaliza a las renovables". En los últimos tres años apenas se han promovido nuevas plantas renovables en España, una de las consecuencias del marco legislativo e impositivo.
La petición viene respaldada con una base jurídica, ya que el Tribunal Supremo, en dos autos del 16 de junio del 2016, ha planteado cuestión de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la Ley 15/2012 que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica por considerar que podrían vulnerar el principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución, por gravar dos veces el mismo hecho impositivo.
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