Claudio Molina comienza su misiva expresando su respeto a Roderic Miralles y a APPA, “más allá de la disidencia que puedo exteriorizar en esta nota con sus apreciaciones”. Entre otras consideraciones, el director ejecutivo de AABH y asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), afirma que “en Argentina, cuando se exporta biodiésel, se pagan derechos de exportación, algo que sucede en muy pocos países del mundo. Además, para llegar al mercado europeo, los exportadores argentinos deben absorber importantes gastos de transacción –fletes marítimos y otros– y también soportar un castigo en el precio del biodiésel de soja muy injusto… Esta injusta diferencia proviene de una barrera para-arancelaria promovida por los productores de biodiésel europeo”.
Subsidios de ida y vuelta
Por otro lado, Claudio Molina recuerda que “a lo largo de la historia, los subsidios directos aplicados por los países integrantes de la Unión Europea han perjudicado seriamente las economías de países como la Argentina”. En cuanto al trato preferencial que la Unión Europea otorga a la importación de biodiésel argentino, subraya igualmente que “proviene de la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que fuera acordado años atrás, cuando no existía todavía la industria argentina de biodiésel”.
Por último, el responsable de la AABH concluye que “el problema de la industria española de biodiésel es mucho más significativo por el lado del exceso de capacidad que generó, problema similar en toda Europa. Si Argentina no exportara un litro de biodiésel a España (o a Europa), el problema se mantendría más o menos igual”.
Lea la carta y el reportaje completo sobre el biodiésel argentino en Energías Renovables de octubre.
