La Fundación Renovables reivindica hoy, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se reconozca el derecho de éstos a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, con posibilidad de recibir una remuneración por los excedentes de energía producida, sin sufrir trámites administrativos complicados e innecesarios ni un régimen sancionador absurdo.
“El autoconsumo eléctrico, regulado de forma correcta para que se pueda ejercer sin trabas, es una herramienta clave para el empoderamiento de los consumidores, para conseguir que éstos sean por fin parte activa del sistema energético, y un vector de cambio para la sostenibilidad del sistema eléctrico y energético”, ha manifestado Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables.
Para la Fundación, el autoconsumo eléctrico, al tiempo que allana el camino hacia un modelo energético eficiente, seguro, distribuido y respetuoso con el medio ambiente, permite al ciudadano y consumidor, dejar de ser un mero sumidero de energía y pasar a corresponsabilizarse y ser más sostenible con el entorno, al transformarse en un productor-consumidor (prosumidor).
Facilitar la correcta implantación y desarrollo del autoconsumo permitiría además contar con una eficaz herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno.
España, a la cola en autoconsumo
“Por culpa de la nefasta regulación del autoconsumo eléctrico aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular es José Manuel Soria, España está muy atrasada en su desarrollo, en comparación con la mayoría de países de nuestro entorno, incluidos algunos con peores condiciones naturales para el autoconsumo, como Alemania”, recuerda la Fundación.
En Portugal, por ejemplo, al contrario que en España, además de fomentar el balance neto, no existen peajes para ningún autoconsumidor que tenga potencias inferiores a 1 MW, o sea para todos los hogares familiares y las pequeñas y medianas empresas.
En Estados Unidos, concretamente en California, las empresas eléctricas animan y promueven el autoconsumo como elemento para optimizar la gestión del sistema mientras que en España han hecho todo lo posible por impedirlo e incluso han denunciado la insolidaridad de los prosumidores con los otros usuarios de la red y todo porque temen la competencia e intromisión en su oligopolio y un menor consumo de sus grandes excedentes en capacidad de generación. Es más, en California la normativa sobre el autoconsumo eléctrico propone "incentivar las inversiones en energías renovables" y "proteger los ingresos de los pequeños autoconsumidores".
En contra de la Constitución
La Fundación Renovables comparte también ese planteamiento de la ley californiana y considera que la normativa actual en España, “ideada para desincentivar al consumidor y dificultarle en grado sumo su posible práctica, vulnera el artículo 51 de la Constitución al impedir el desarrollo de los legítimos intereses económicos de los consumidores”.
La Constitución Española hace clara referencia a la defensa de los derechos de los consumidores en el citado artículo 51.1 en el que se dice literalmente que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
La actual regulación del autoconsumo en España vulnera derechos fundamentales de todos los consumidores reconocidos internacionalmente por Naciones Unidas tales como el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, el derecho a la seguridad, el derecho a elegir y el derecho a un medio ambiente saludable y sustentable.
“El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra en todo el mundo para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan. La actual regulación del autoconsumo eléctrico es una clara muestra de esos abusos”, añade Jiménez Beltrán
La Fundación Renovables reclama que la energía se considere un bien básico de primera necesidad para el desarrollo de las personas. Por ello el acceso a la energía debe ser universal y abierto, basado en criterios distributivos, democráticos y de sostenibilidad medioambiental tanto en su producción como en su utilización y con una regulación que, al contrario de lo que ahora sucede, no sacrifique la componente social frente a la económica.
Por eso la Fundación Renovables demanda:
• El acceso universal a la energía.
• Combatir la pobreza energética, entre otras cosas con un bona social más eficaz.
• La necesidad de una señal de precio de la electricidad acorde al fomento de su consumo u una política de fijación de precios no lobista.
• La existencia de una política fiscal que ayude al consumidor a adoptar las mejores prácticas energéticas y grave aquellas que son ineficientes y contaminantes.
La gran disponibilidad de fuentes renovables, su seguridad desde el punto de vista de salud pública y medioambiental, su creciente abaratamiento (por ejemplo, los costes de la energía solar fotovoltaica se han reducido un 80% en los últimos cinco años), la posibilidad que conllevan de producir de forma distribuida y a economías de escala accesibles a gran parte de la sociedad, otorgan al consumidor, al ciudadano, la capacidad de pasar de ser un consumidor pasivo a otro activo y por tanto poder actuar. Para eso han de cambiarse las normas que regulan el suministro energético y la cobertura de la demanda, para hacerlas más democráticas, transparentes y participativas.
En el caso del autoconsumo eléctrico, la Fundación cree que son necesarios varios cambios fundamentales: la eliminación del "impuesto al sol"; facilitar el balance neto para la remuneración de posibles excedentes; habilitar la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, favoreciendo así que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito doméstico urbano; simplificar el abstruso proceso de complicados trámites administrativos para dar de alta la instalación; y, finalmente, racionalizar el régimen sancionador, exclusivamente en lo referente al autoconsumo, anulando las multas de hasta varios millones de euros para los pequeños autoconsumidores que establece la Ley del Sector Eléctrico aprobada por el Gobierno Rajoy y cuyo único fin era amedrentar a los potenciales autoconsumidores.
La inmensa mayoría de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados suscribieron el pasado 25 de febrero un acuerdo parlamentario para el fomento del autoconsumo eléctrico cuyo cumplimiento permitiría la eliminación de los obstáculos antes mencionados, los cuales impiden actualmente el desarrollo y una adecuada práctica del autoconsumo eléctrico.
