En las anteriores columnas me he referido al sistema eléctrico como yo lo veo y terminé en la última opinando sobre lo que el gobierno tendría que hacer si quiere resolver el problema principal: que tenemos la electricidad más cara de Europa para el consumidor final y las empresas del sector se comportan de manera insaciable. Ahora parece que no se aclaran; que el ministro de Industria propone unas medidas para resolver el problema que él ve como más importante (el déficit de tarifa) y el ministro de Hacienda no está de acuerdo con esas medidas.
Tanto si el partido en el gobierno sigue en sus trece de neoliberalismo a ultranza como si vuelve a mecanismos más controlados por el gobierno, similares al anterior marco legal estable, la idea es muy sencilla y el gobierno la puede poner en práctica sin más que tener el valor y la decisión de imponerla apoyándose en su mayoría parlamentaria.
Se trata de valorar el coste real de cada kWh que se vierte a la red (la CNE y REE deben saberlo) con las prioridades ya establecidas conceptualmente en la ley vigente (la 54/97) o las que se establezcan en una nueva ley de la Energía. En cualquier caso, sin violentar los derechos ya adquiridos y priorizando el interés general del país: caminar algo más hacia la autosuficiencia, aminorar el impacto ambiental, bajar el precio del kWh, etc..
Una vez conocido cuánto cuesta producir la electricidad (incluidos los beneficios razonables para las empresas implicadas) que luego se empleará en los hogares, las industrias y los servicios, hay que añadirle los demás costes, como son el transporte, la distribución, etc., pero teniendo en cuenta que las instalaciones actuales ya están más que amortizadas en la mayor parte de los casos. Con todo eso bien ajustado, dividiendo los costes totales por la electricidad total, se tiene un precio de
referencia.
Me atrevo a poner algunos números aproximados y solo indicativos para que nos hagamos una idea de lo que digo. Con datos del 2011 e información de costes obtenida de la CNE me sale que el kWh costó producirlo (incluyendo un beneficio del 10% y las primas al régimen especial) 7,32 céntimos de euro. A eso hay que sumarle el transporte y la distribución, que no tienen porqué ser como han venido siendo de aquí para atrás. En total no creo que estos conceptos lleguen a 9 céntimos de euro. Y lo estamos pagando los consumidores domésticos a 20 céntimos. Por supuesto hay que incluir en el precio final los impuestos (por el momento son un 4,86% y un 18% de IVA, que dentro de nada será un 21%). En fin, no creo que sea tan difícil. Solo hay que poner las cosas en su sitio. Solo así iremos viendo qué ha generado el déficit de tarifa y poder aplicar medidas de eficiencia económica en el sistema.
Si las empresas del sector se han equivocado en sus previsiones de crecimiento de la demanda o en otras circunstancias, es su problema y este no debe cargar sobre el gobierno ni sobre los consumidores. ¿No habíamos quedado en que las leyes del mercado son las que ponen las cosas en su sitio? Pues hay que apechugar con lo que venga de ese mercado.
