La asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, Anpier, considera, por extensión, que todos los ex altos cargos del Estado español deberían abandonar sus actividades en empresas reguladas o, al menos, renunciar a las retribuciones que pudieran percibir por sus anteriores responsabilidades de gobierno.
La actual Ley de Incompatibilidades expresa en su artículo 8 que “durante los dos años posteriores a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y presten servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra forma de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado se inhibirán en todas aquellas actuaciones privadas que guarden relación con las competencias del alto cargo ejercido”. Anpier considera, sin embargo, que “la evidencia demuestra que se trata de un plazo casi simbólico y que, además, algunos ex altos cargos lo evitan contratando con filiales de aquellas empresas”.
Situación insostenible
Anpier afirma que “en la actual coyuntura social, económica y política, donde la transparencia resulta esencial para recuperar la confianza, tanto de los ciudadanos como de inversores, en los dirigentes del Estado, no se sostiene contemplar este continuo flujo desde los Consejos de Ministros a los consejos de administración de grandes empresas estratégicas sometidas a constante regulación y, en especial, a las eléctricas, que conforman un oligopolio cuyo marco legal le otorga ventajas e ingentes sobreretribuciones a costa de esfuerzo de los ciudadanos”.
La asociación exige que el Gobierno “tome alguna medida al respecto” de tal manera que ningún ex alto cargo pudiera llegar a desarrollar un papel decisivo en la toma de decisiones del Interés general desde dentro de una empresa privada, o filial extraterritorial, y en un plazo muy superior, “porque estas personalidades conservan, como es lógico, fuertes vínculos estructurales y de amistad en los entornos políticos en los que continúan operando”.
Esta capacidad de influencia “podría materializarse de manera inadecuada, dando lugar a una forma de tráfico de influencias diferido, cuya mera posibilidad ya nos resulta inadmisible en aras de la necesaria regeneración política que está reclamando la sociedad”, añade.
El expresidente del Gobierno Felipe González anunció ayer jueves en Sevilla que dejará el puesto en el consejo de administración de Gas Natural, que ocupa desde 2010, cuando termine el periodo para el que fue elegido "no porque haya incompatibilidades, sino porque es muy aburrido". El expresidente cobraba 126.500 euros brutos por su labor, según informa el diario El País.
