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Cien años de la I+D española más brillante de la historia señalan a la Hacienda más corrupta de la democracia

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De izquierda a derecha, Luis Crespo, que llegó a la Plataforma Solar de Almería (PSA) en 1976; Sixto Malato, que lleva en ella 29 años; y Eduardo Zarza, 33. Cien años de ingeniería, investigación, innovación y desarrollo en la meca (la PSA) de la solar termoeléctrica, esa tecnología renovable -netamente española- que está llamada a sustituir al carbón, el gas y la nuclear como la energía de respaldo del sistema eléctrico nacional. Y lo está por un motivo muy sencillo: no solo es capaz de aprovechar el calor del Sol para generar durante el día electricidad limpia, sino que también es capaz de almacenarlo (en tanques de sales minerales que acumulan ese calor como si fueran pilas) para luego liberarlo por la noche y generar con él energía eléctrica. En fin, la única tecnología renovable (cero CO2) capaz de producir electricidad durante las 24 horas del día.
Cien años de la I+D española más brillante de la historia señalan a la Hacienda más corrupta de la democracia

La Plataforma Solar de Almería, que dio sus primeros pasos a finales de los 70, es el centro de I+D especializado en energía termosolar más importante del mundo. Así como España es la nación en la que más centrales termosolares hay instaladas y a pleno rendimiento: una cincuentena; 2.300 megavatios de potencia, muchos más que en Estados Unidos, en China o en cualquier otro país del mundo. Además, son 2.300 megavatios muy diversos, porque en la península ibérica tenemos instalaciones termosolares de tecnologías varias: centrales de torre, de colectores cilindro parabólicos, de reflectores de Fresnel lineales compactos… Cincuenta centrales termosolares, 18 de las cuales cuentan además con almacenes de sales minerales, es decir, con almacenes de electricidad (con una capacidad de almacenamiento de 6.850 MWh, más que ningún otro país del mundo). Todo ello, fruto maduro de la apuesta por la I+D que ha venido haciendo España desde hace ya cuarenta años, apuesta atrevida por una tecnología que, ayer, no era más que una promesa de futuro.

Una apuesta –una promesa- que se ha materializado
O un futuro que ya es presente. Porque, a rebufo de la I+D de la Plataforma Solar de Almería ha brotado verde toda una industria –netamente made in Spain- que está llevando hoy la Marca España a todas partes. Así, hay empresas sevillanas, vascas, asturianas, madrileñas… trabajando ahora mismo en la construcción de centrales termosolares en el Magreb y en Suráfrica, en los Emiratos Árabes y en Asia, en la India y en Australia, en Estados Unidos y en Chile. Desplegando una tecnología plenamente competitiva. La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar, que preside el doctor Luis Crespo, ponía hace unos días el ejemplo de Dubai: “en el reciente concurso de Dubai de 700 MW de potencia para ser despachada entre las 4 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente, la tecnología fotovoltaica no pudo competir por falta de producto y precio, y la termosolar resultó adjudicataria por ser más barata que los ciclos combinados de gas. Hoy por hoy –decía en su comunicado la Asociación-, las centrales termosolares constituyen la tecnología más competitiva para centrales de tamaño comercial con varias horas de almacenamiento”.

Sí, la termosolar con sistema de almacenamiento ha ganado el concurso de Dubai –le ha ganado al gas- porque puede generar electricidad cuando luce el Sol del día y, también, cuando cae la noche (gracias a los tanques de sales donde esa tecnología puede almacenar el Sol de Dubai hasta la noche). Ah, y encima no produce CO2.

Y, ahora, los protagonistas de la fotografía
Los doctores Crespo, Malato y Zarza –cien años de ingeniería, investigación, desarrollo e innovación termosolar- convocaron a los medios en Madrid el pasado jueves para hacer definitivamente público algo que llevan dos años denunciando: “primero seguimos los cauces internos correspondientes –ha dicho Malato- y solo desde hace más o menos seis meses hemos empezado a dar otros pasos habida cuenta de la falta de comprensión con la que nos hemos encontrado por parte de la Administración” (de Hacienda).

¿Y qué hicieron definitivamente público el jueves?
Pues que el Gobierno (el Ministerio de Hacienda) ha introducido una serie de cambios en los procedimientos de gestión, administrativos, de contratación, de la Plataforma Solar de Almería que han desencadenado todo un terremoto en esta entidad, un seísmo burocrático que comenzó en 2016 y que, desde entonces, está ralentizando el funcionamiento de este centro. Lo está ralentizando hasta el extremo de que le está haciendo perder contratos y proyectos. El doctor Zarza -33 años en la PSA- lo explicaba el jueves con un ejemplo que sonrojaría a cualquier Administración, a cualquier Gobierno:

“Pongo un ejemplo –decía Zarza-: el pago de cuotas a organismos internacionales. La ley que ahora está en vigor estipula que la PSA, para el pago de una cuota a un organismo internacional, independientemente de la cuantía de esa cuota, tiene que seguir un procedimiento que consiste en lo siguiente: primero tenemos que hacer un estudio previo del organismo, justificando por qué queremos pertenecer a esa entidad, qué beneficios nos aporta; segundo, tenemos que contar con un estudio, que se resuelva en un dictamen favorable, del Ministerio de Asuntos Exteriores; tercero, ese expediente pasa al Ministerio de Hacienda, de donde debe salir con su correspondiente visto bueno, o sea, con un expediente con resolución positiva; y, cuarto, finalmente, la solicitud pasa al Consejo de Ministros... Pues bien, todo eso… para pagar una cuota de 350 euros a un organismo internacional como por ejemplo la Agencia Internacional de la Energía. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos en la lista de morosos, porque no hemos pagado la cuota de 350 euros”. ¿Y por qué? Pues porque el proceso puede llegar a durar más de un año. En fin, la enésima (y patética) reedición del clásico “vuelva usted mañana”.

Lamentablemente, la esclerosis burocrática que el cambio normativo ha inoculado en la gestión va más allá de los 350 euros, pues afecta también –y ese es el quid de la cuestión- a la contratación de personal investigador y a la adquisición de equipos, es decir, al corazón mismo, a la naturaleza profunda, de este centro de I+D. “El problema no es una norma. Es todo un contexto normativo”, alertaba Zarza el jueves. “La normativa que nos han impuesto es totalmente incompatible con la naturaleza de centros como la PSA y con la actividad que tenemos que hacer. Es como si a un nadador de alta competición un día llegan del Consejo Superior de Deportes y le dicen ‘mire, a partir de ahora usted me tiene que nadar con esta equipación’… y le dan un kimono”.

Un síntoma en fin (350 euros) que alerta sobre un problema valorado en 70 millones de euros. “La Plataforma Solar de Almería cuenta ahora mismo –explica Zarza- con quince proyectos activos. Financiados por la Unión Europea. El presupuesto del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del que dependemos es de 6.817.000 euros; el presupuesto conjunto Ciemat-Resto de Socios asciende a 71.743.000 euros”. Es decir, que el grueso de los dineros que llegan a la Plataforma procede de allende los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cómo funciona esto?
La PSA (1) presenta un proyecto a Europa –en el marco de una convocatoria competitiva, es decir, una convocatoria en la que la Plataforma compite con otros centros por lograr fondos europeos-; (2) el correspondiente tribunal evalúa su proyecto –el proyecto de la Plataforma- y los proyectos de todos los demás centros; y (3) apoya con sus fondos los proyectos que estima merecedores de esa financiación. ¿Y qué ha ocurrido a lo largo de estos últimos años? Pues que la Plataforma, en lo suyo –la termosolar-, lleva mucho tiempo ganando (fondos en convocatorias competitivas) por goleada.

El doctor Malato lo explica
“Cuando pides un proyecto de investigación, lo que haces es presentar un documento donde dices qué te comprometes a hacer, con qué medios, con qué personal; un tribunal europeo formado por investigadores expertos juzga todos los proyectos que se presentan, porque hay unos fondos para investigación que son los que son. Pues bien, el porcentaje de éxito de los proyectos en la UE anda por el 10%. El 90% de los que se presentan son descartados. Bien, imaginemos que a ti te aceptan un proyecto y que a ese proyecto se le asigna una financiación. En el día uno de ese proyecto, llegan a la cuenta de tu institución esos fondos, y, a partir de ahí, vas utilizando ese dinero, conforme a unas reglas determinadas, para contratación de investigadores, para la compra o adaptación de un equipo técnico, etcétera, etc. Vas haciendo eso y, al mismo tiempo, vas haciendo tu informe de resultados de investigación. Cuando concluyen los tres, cuatro años del proyecto, tú has gastado esos fondos y presentas resultados”.

¿Y el problema es…?
“El problema es que, si tú no puedes utilizar esos fondos–continúa Malato-, si no has podido gastarlos, si, consecuentemente, no has podido ejecutar el proyecto, ocurren dos cosas: tienes que devolver los fondos que no gastaste a quien te los ha dado -si vienen de Bruselas tienes que devolvérselos a Bruselas-, y, además, con el agravante de que debes devolvérselos con intereses. Eso es general en todo el sistema de la ciencia competitiva, español, europeo y mundial”.

Eso, de inmediato. Pero es que, además –avisa Malato-, la Plataforma corre el riesgo de que la UE se lo piense dos veces la próxima vez a la hora de asignar fondos a otro proyecto PSA. “Todavía no ha sucedido, porque todavía no nos hemos visto en esa tesitura, pero sabemos que estas cosas pasan, porque llevamos 25, 30 años, trabajando en proyectos europeos, y esa es la norma. Por eso llevamos dos años avisando. Avisando de que va a ocurrir, que va a ocurrir, que no ha ocurrido aún, pero que va a ocurrir”.

Zarza abunda
“Todo va a depender de lo que ocurra de aquí a la fecha en la que terminen los 15 proyectos en los que estamos embarcados. Unos concluyen el año próximo, otros han empezado a principios de este año... Si nosotros seguimos con las manos atadas…”.

El doctor Zarza pone otro ejemplo: “no hemos podido comprar ningún material inventariable [equipos] desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017, ninguno”.

¿Responsable de esa brecha? El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprobó una Orden (HAP/1169/2016 del 14 de julio) que prohibía esas compras so pretexto de reducir el déficit público, “lo cual no tiene justificación –denuncian los doctores-, ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español”.

“Casi un año sin comprar nada… por más que hemos repetido–apuntaba Zarza el jueves- que ese dinero no afecta al déficit público; ese dinero viene de Bruselas, y, si no se gasta, hay que devolvérselo a Bruselas. Bueno, pues no ha habido manera, y no pudimos comprar nada, con el consiguiente daño que se le ha causado a todos los proyectos que estaban en vigor en ese momento”. Malato habla de una “normativa extraña”.

Esa es otra de las claves de la historia: confundir los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Bruselas
La situación es la siguiente, según explican en el Ciemat, centro del que depende la PSA: “tras la gran crisis económica mundial que estalló en 2008 y después de los importantes recortes sufridos en 2010, sostenidos desde entonces, la partida para el Ciemat en los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido en un 30%”.

A finales de 2011, gana las elecciones el Partido Popular. Y solo seis meses después, la recién nombrada secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, concede una entrevista a la revista Nature en la que deja clara la postura del nuevo Gobierno, que no parece muy dado a deshacer ese recorte: “animo a nuestros investigadores a demostrar su excelencia compitiendo internacionalmente con los mejores de Europa. La UE –dice Vela en la revista Nature en junio del 12- ha previsto una inversión de más de 80.000 millones de euros mediante el programa Horizonte 2020 para el período 2014-2020. Nuestros científicos deben buscar y captar parte de esos fondos”. 

Pues bien, el jueves pasado, los doctores Crespo, Malato y Zarza recordaron a los periodistas presentes en la rueda de prensa aquella entrevista de Nature. Y dijeron que, a lo largo del quinquenio que ya ha transcurrido desde entonces, han hecho los deberes. Dijeron que han buscado y han captado esos fondos. De hecho, la mayor parte del presupuesto de la PSA (la muy mayor parte) llega así.

¿Problema? Que la nueva normativa ideada por Hacienda y efectiva desde 2016 ralentiza tanto todos los procedimientos administrativos, de gestión, que esos fondos, que deben ajustarse a normas y calendarios europeos, están quedando sin ejecutar.

Es como si el Gobierno Rajoy se hubiese dado cuenta de que no basta con estrangular la inversión en I+D (30% de recorte sostenido desde 2010).

No, no basta con ese recorte, porque resulta que estos científicos están compitiendo con otros centros de investigación en Europa y están ganándose allí otras fuentes de financiación.

Es como si el Ejecutivo hubiese dicho “bueno, pues como eso no podemos recortarlo, vamos al menos a complicarlo ad infinitum” (¿recuerda el lector el ejemplo de los 350 euros?).

¿Conclusión?
Quedan así estranguladas las dos vías de financiación de la más brillante generación de científicos que ha dado la historia reciente de este país, gente que está llevando la Marca España por un imperio –el de la termosolar- en el que no se pone el Sol desde 2011, cuando una central sevillana –Gemasolar- produjo electricidad ininterrumpidamente, por primera vez en la historia, durante 24 horas.

“No es solo una norma, es el contexto normativo”, insistía Zarza en varios momentos de la larga rueda de prensa del pasado jueves. “La Ley de Contratos del Estado –suma y sigue el doctor- cambió en marzo de este año, y eso obliga a que haya que usar nuevos pliegos, los formularios que hay que cumplimentar para los expedientes. Al cambiar la ley hay que cambiar los pliegos, y eso lleva varios meses. Y lo que ocurre es que, ahora, todavía, no tenemos los pliegos. ¿Y cuál es el resultado final de esta situación? Pues que una parte importante de esa subvención que ha venido de Bruselas y que se nos pidió en su día que intentáramos captar, financiación que hemos conseguido… puede que al final tengamos que devolverla. Y vuelvo a insistir: ese dinero, que viene de Bruselas, no afecta al déficit público, no es parte del Presupuesto General de Estado”.

“Llevamos diciéndolo dos años, seis meses de manera pública –insiste Malato-, y no hemos conseguido hasta ahora una respuesta lógica y sensata a por qué esta normativa se implanta si durante décadas hemos tenido otra normativa que ha estado funcionando y que no ha generado problemas de ningún tipo”.

La diputada de Equo Rosa Martínez –integrada en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea- interpeló al Gobierno sobre el particular el pasado mes de diciembre: le preguntó el por qué del cambio normativo. La respuesta –breve- del Ejecutivo, por boca del diputado popular Cañadas, no arrojó luz alguna sobre el particular.

Según Cañadas, la PSA, que antes estuvo sujeta a “control financiero permanente”, ahora está sometida a “intervención previa” tras propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda), “al detectar algunos problemas de control presupuestario en los organismos autónomos, fueran o no de investigación”.

En su comparecencia, el diputado popular no aclaró nada más. O sea, que todo quedó en un ambiguo “algunos problemas de control en organismos autónomos… fueran o no de investigación”.

Martínez sí lo tiene claro: entre 1999 y 2014, período en el que la PSA está sujeta al control financiero permanente, “ni se produjeron desvíos ni mal uso de fondos públicos”. El doctor Malato también: “yo no conozco ninguna situación incorrecta durante treinta años”.

Zarza no entiende el estrangulamiento del gasto: “es tan absurdo, que teniendo millones de euros en la cuenta, dinero que no afecta al déficit…”. Malato abunda: “disponemos de fondos para contratar investigadores, pero no podemos convocar esos contratos; esto va a afectar a la competitividad de las empresas, a los investigadores jóvenes, a la competitividad de España en las próximas décadas en este campo. A uno le sorprende como español que estemos hablando de estas cosas en estos términos”.

Zarza insiste en que “no se trata de que no queramos cumplir la ley, se trata de que esa ley sea razonable, equiparable a la que hay en Francia, en Alemania…”.

El doctor Malato coincide: “los países a los que nos queremos parecer en ciencia tienen una normativa especial para los fondos destinados a la ciencia: Alemania, Suiza, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Tienen una normativa especial que atiende a su singularidad, que los diferencia del resto del sistema público, porque las administraciones, los gobiernos de esos países, saben que hace falta una normativa específica para la gestión de la ciencia, una normativa que no es, porque no puede ser, la misma que aplica al resto del sector público”.

Ambos proponen volver a la normativa previa, “que nunca dio problemas, o utilizar una normativa similar a la que se utiliza en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas”.

¿Cuál es el principal escollo con el que se han encontrado a la hora de transmitir sus demandas a la Administración?, pregunta un compañero en la rueda de prensa. “El mismo departamento que generó la normativa. No hemos sido capaces de que tengan respeto intelectual por el mensaje que estamos transmitiendo”, apunta Malato.

Zarza corrobora: “pensamos que la secretaria de estado de I+D+i, Carmen Vela, está intentando, lleva tiempo intentando, resolver estos problemas, pero la secretaría de Estado de I+D+i tiene una situación muy débil en el actual gobierno, lo que, unido a la inflexibilidad de Hacienda -yo he leído en algún medio incluso soberbia-, de no querer reconocer que hay una situación anómala…”.

Hacienda
Y ahí enlazamos con el otro plato de la balanza, el que ocupa la Hacienda más oscura de la democracia española: el tridente Cristóbal Montoro, José Enrique Fernández de Moya, Alberto Nadal. El ministro Montoro, el muñidor de la gran amnistía fiscal de 2012 –amnistía declarada luego nula por el Tribunal Constitucional (TC)-, se convirtió el pasado verano en el primer ministro de Hacienda de la democracia en ser reprobado por el Congreso de los Diputados. La propuesta de reprobación, que fue aprobada por una amplísima mayoría parlamentaria (197 diputados), fue impulsada por el PSOE precisamente después de que el TC declarara “inconstitucional y nula” la amnistía de Montoro en una sentencia, unánime, que no deja lugar a la duda: la amnistía fiscal –dice el alto tribunal- “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sometimiento de los gastos públicos”. A la amnistía fiscal ideada por Montoro se acogieron, entre otros, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, el exministro de Hacienda Rodrigo Rato y varios miembros de la familia Pujol. En fin, lo mejor de cada casa.

El segundo de a bordo del Ministerio, José Enrique Fernández de Moya, saltó al primer plano de la actualidad hace apenas unos días. Porque acaba de ser citado por la Justicia para declarar como investigado –lo que antes era imputado- en un caso trufado de cargos: prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias. La investigación apunta también a que, durante su etapa como alcalde de Jaén, se facturaron de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, lo que habría supuesto un coste para el ayuntamiento superior a los tres millones y medio de euros. Se da la circunstancia de que la ciudad de Jaén es una de las más endeudadas de España (curioso, sino patético, el hecho de que Montoro se trajera a su paisano -el ministro también es de Jaén- para convertirle en su mano derecha en la elaboración de los... Presupuestos Generales del Estado: Fernández de Moya, como número 2 de Hacienda, ha sido la persona que ha defendido los PGE 2018 en el trámite de Comisión).

Y, por fin, Alberto Nadal, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, el otro peso pesado de Montoro. Nadal es, de entre los tres, el que mejor conoce (o debería conocer) el sector energético, no en balde fue secretario de Estado de Energía durante cuatro largos años, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016. Nadal pasa por ser el padre político del impuesto al Sol, que el Ejecutivo Rajoy instituyó mediante el Real Decreto 900, de octubre de 2015, un real  decreto que, exactamente igual que hacen las normas que ahora están estrangulando a la PSA… lleva ya un trienio estrangulando –con mecanismos administrativos sin sentido- el despliegue del autoconsumo en España.

Porque, si bien es cierto que el impuesto al Sol no beneficia al autoconsumo -porque evidentemente alarga el plazo de amortización de las instalaciones-, también es cierto que ese impuesto cada vez es menos disuasorio, porque el sector –gracias a la I+D- ha logrado abaratar tanto sus costes y ha ganado tanta competitividad que ese lastre impositivo está dejando de ser determinante y son cada vez más los segmentos de mercado –pymes del sector agropecuario, naves industriales, almacenes de productos congelados- en los que, con impuesto o sin él, el autoconsumo es ya evidentemente rentable. El problema principal que entraña ese Real Decreto 900 que ideara Nadal es otro: la burocracia, la alambicada tramitación administrativa a la que se enfrenta el sector todos los días, procedimientos que no cercenan el desarrollo del autoconsumo, pero que sí lo ralentizan. O sea, salvando las distancias, como con la PSA.

Y aquí cabe la misma reflexión que arriba
Es como si el Ejecutivo Rajoy hubiese detectado que el autoconsumo ya no va a necesitar de subvenciones, ni de ayudas o primas, y se hubiese dicho “bueno, pues como no podemos parar el desarrollo tecnológico, ni podemos prohibirle a la iniciativa privada que apueste por esta solución de ahorro, vamos al menos a complicar ese despliegue, el despliegue del autoconsumo”. ¿Cómo? Instituyendo un impuesto disuasorio (que ralentizará ese desarrollo), introduciendo en la norma sanciones pavorosas (hasta 60 millones de euros para aquel al que se le ocurra montar un autoconsumo y no lo registre) y, sobre todo (esta es la clave), complicando ad infinitum la tramitación administrativa.

La Justicia ha impuesto el sentido común –y, aunque todo el mundo sabe que son muchas las instalaciones no registradas, el Ministerio no ha impuesto ni una sola sanción en estos tres años-; y, por otro lado, la I+D y la tecnología solar fotovoltaica –el vertiginoso abaratamiento de los costes- han logrado vencer al impuesto al Sol, que ralentiza pero no cercena (y que en todo caso está llamado a morir a manos de la Legislación Europea). ¿Qué queda, pues? Pues la burocracia, el “vuelva usted mañana” que tanto daño ha hecho a esta España nuestra y del que parece ser maestro –autoconsumo, PSA- el Nadal de los Presupuestos, hermano gemelo por cierto del Nadal ministro de Energía, furibundo defensor también del impuesto susodicho y muñidor hace unas semanas de otro real decreto cuyo objetivo era complicar (véase) la tramitación de las solicitudes de cierre de las centrales térmicas de carbón. En realidad, una forma de abrir la vía del rescate de esas centrales. O sea, la contra-transición energética. Obstaculizamos el desarrollo de las tecnologías/soluciones renovables, mientras le hacemos la cama a las convencionales.

Luis Crespo, el presidente de la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar), lo dejó muy claro el jueves pasado: “somos la tecnología más barata para poder responder a la transición energética, que significa prescindir de las energías fósiles y de la nuclear”. El doctor Crespo, pionero, allá por el 76, en la PSA (cuando está instalación apenas era embrión), recuerda en todo caso que “nos encontramos en un momento crítico, y el hecho de que la PSA no pueda cumplir con su función de Investigación y desarrollo puede afectar gravemente a la proyección de la industria española tanto aquí como en el resto del mundo”.

Crespo, que es también presidente de la European Solar Thermal Electricity Association (la patronal del sector más importante del mundo), insiste: “nos encontramos en una situación en la que todavía tenemos que incorporar, para ser más competitivos aún, los resultados de la I+D. Todas las empresas españolas están compitiendo en todos los concursos del mundo y están ganando los contratos de llave en mano... El éxito de esta tecnología viene de la mano de esa bajada tan impresionante de costes que ha experimentado a lo largo de estos últimos años, y esa bajada solo ha sido posible gracias a la I+D+i. Por eso estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con el principal laboratorio del mundo entero, que es la PSA”.

El propio Partido Popular reconocía, en su respuesta a la diputada Rosa Martínez, lo evidente: “cierto que la intervención previa presenta procesos administrativos más complejos que el sistema anterior. Por ejemplo –señalaban desde el propio PP-, los ingresos externos, las inversiones en investigación con convenios y contratos de carácter científico y tecnológico con empresas nacionales o internacionales, o el pago de las cuotas a organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la investigación que exigen autorizaciones del Consejo de Ministros”. ¿Y? “El Gobierno sigue trabajando en ello”.

Exactamente igual que con el autoconsumo. En marzo de 2017, Ciudadanos y el Partido Popular anunciaron la formación de una Mesa de negociación para reelaborar la normativa –condiciones técnicas, administrativas y económicas- relativa al autoconsumo. Más de un año después, nada se sabe de esa Mesa.

La Plataforma Solar de Almería elevó las primeras alertas hace ya más de dos años, a principios de 2016. “El Gobierno sigue trabajando en ello”.

“Si nosotros no desarrollamos esta tecnología –apuntaba el pasado jueves el doctor Malato-, la desarrollarán centros franceses, alemanes, chilenos o suecos. La tecnología termosolar se desarrollará. El único problema es que no se desarrollará en España. Con un contexto normativo como este no estás capando la tecnología termosolar. Estás capando la capacidad que tenía España de ser un actor muy importante a escala mundial en esta tecnología. Nosotros le llevamos ventaja, tanto en trayectoria como en experiencia, a muchos centros que están naciendo ahora, que son incipientes: en Chipre, Italia, Estados Unidos… Fuimos los primeros, cuando nadie había oído hablar siquiera del cambio climático. ¿Qué ocurre hoy? Pues que el interés es muy fuerte, están trabajando ya en termosolar en muchísimos países del mundo. Y si nosotros nos paramos, nos van a coger”.

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