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Unidos Podemos pregunta al Gobierno sobre el futurible gasoducto de Doñana

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Las diputadas Rosa Martínez e Isabel Franco, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, han registrado esta semana sendas preguntas relativas al proyecto gasístico “Marismas”, que afectaría al parque natural de Doñana. Según Unidos Podemos, "aunque el anterior Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley (RDL 13/2012) paralizando las inversiones en infraestructuras gasistas, se han seguido autorizando nuevas infraestructuras gasistas como el proyecto industrial en Doñana". El proyecto "Marismas" consiste -explican desde Unidos Podemos- en la instalación de 70 kilómetros de gasoductos, la apertura de 16 pozos de extracción de gas y la utilizazción del subsuelo de Doñana como almacén de gas. "Se proyecta almacenar 10.000 gigavatios hora de gas, lo que supone un tercio del gas de todo el país".
Unidos Podemos pregunta al Gobierno sobre el futurible gasoducto de Doñana

El Gobierno en funciones del Partido Popular -explican desde Unidos Podemos- otorgó a Gas Natural, a principios de este año, "la autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública necesarias para la ejecución del proyecto Marismas Occidental, y, actualmente, la empresa ya ha iniciado los procedimientos de expropiación y comienzo de las obras". Pues bien, Unidos Podemos denuncia que "la autorización se concedió tras la división del proyecto en cuatro partes para evitar evaluar los impactos acumulativos sobre Doñana". Así mismo, el partido de Iglesias y Garzón alerta que "no se ha aclarado si se ha evaluado el riesgo sísmico de esta actividad". En este sentido -explican desde esta formación política-, las preguntas presentadas por las diputadas "inciden en la responsabilidad medioambiental de la empresa y en los riesgos sísmicos del proyecto".

Dudas
Rosa Martínez, coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, ha mostrado su preocupación por las "muchas dudas" que genera esta instalación. Habida cuenta de lo sucedido con el proyecto Castor -ha añadido-, "creemos que se necesita máxima información". Idéntica inquietud muestra Isabel Franco: "Gas Natural no va a poder explotar todo el proyecto que cuarteó en cuatro, pues se ha denegado la autorización a dos de los subproyectos, y, si no explota el proyecto completo, no le será rentable. Por ello, hay razones más que suficientes para pensar que Gas Natural, que ya ha comenzado las obras, dejará esas obras, justificará que no le es rentable y se irá con los, al menos, 320 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía si paraba las obras. Habrá hecho mucho daño a Doñana y se irán expoliando el dinero público de la ciudadanía. Robándonos".

He aquí las preguntas presentadas por Unidos Podemos
• ¿Cuál ha sido la evolución del déficit estructural del sistema gasista desde 2012 que se describe en el preámbulo de la Ley 18/2014?

• ¿Por qué el Ministerio de Industria, habiendo paralizado las inversiones en infraestructuras gasistas en el RDL 13/2012 ha seguido autorizando nuevas infraestructuras gasistas como el proyecto industrial "Marismas"?

• ¿Cuál es el coste total de las infraestructuras gasistas aprobadas por el Ministerio de Industria desde 2012?

• ¿Cuáles de estas infraestructuras se han declarado básicas para el sistema y qué coste tendrán para los consumidores?

• ¿Tiene el Gobierno previsiones sobre la evolución de la demanda de gas distintas a las que ha declarado en el RDL 13/2012 y la Ley 18/2014 que justifiquen las autorizaciones administrativas de nuevas infraestructuras gasistas?

• ¿Por qué la infrautilización de las infraestructuras gasistas (centrales de gas y regasificadoras) que indican los informes de Red Eléctrica Española no se han tenido en cuenta para autorizar más infraestructuras gasistas?

• ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno desde el RDL 13/2012 para reducir la sobrecapacidad gasista?

• ¿Cuál es el coste en los peajes para los consumidores finales de gas de la infrautilización de las infraestructuras gasistas?

Unidos Podemos recuerda que el estado del Parque de Doñana depende en buena medida de la financiación europea que recibe España para su conservación. Sin embargo, desde la Unión Europea ya se ha avisado en varias ocasiones a España que pueden imponerle sanciones por el creciente deterioro de Doñana, y el incumplimiento de las Directivas europeas en materia de biodiversidad, agua y residuos. Asimismo, organizaciones internacionales como la Unesco también están advirtiendo de esta situación. En este sentido, el Gobierno tiene hasta el próximo 1 de diciembre para acreditar que está actuando diligentemente en Doñana, o la Unesco podría incluir el espacio en el listado de Patrimonio Mundial en peligro.

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