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España importó combustibles fósiles por valor de 57.162 millones de euros el año pasado. Esa formidable cantidad, enviada al extranjero en solo doce meses, supera en casi 20.000 millones de euros lo que le han costado a los españoles todas las primas de todas las tecnologías renovables desde 1998 (quince años -los comprendidos entre 1998 y 2013- es el período durante el cual ha estado vigente la última Ley del Sector Eléctrico, Ley 54/1997). En fin, que, cada diez minutos, los combustibles fósiles (los productos energéticos que compramos a Argelia, Catar o Venezuela) le cuestan a España... un millón de euros. [Imagen, abajo*].
Un millón de euros cada diez minutos

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) difundió ayer un comunicado en el que "denuncia que el Gobierno está paralizando la generación renovable en España con su política energética mientras que nuestro país arrastra un histórico déficit energético". Según el último informe de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda -explica APPA-, "España importó en 2013 combustibles fósiles por valor de 57.162 millones de euros, cifra que supera en 19.596 millones de euros lo que han costado todas las primas a las energías renovables desde 1998".

Inadmisible
La patronal de las renovables considera por ello "inadmisible y contra toda lógica" el hecho de que, mientras España mantiene una dependencia energética del 75%, el Gobierno haya puesto "en una situación crítica" al sector de las energías renovables, "únicas tecnologías autóctonas y limpias con las que cuenta nuestro país para reducir esa dependencia". Las energías renovables primadas -fuentes autóctonas de electricidad, como el agua, el viento o el sol- produjeron en 1998 apenas el 3,3% de los kilovatios que consumió España, mientras que, en 2013, año en que fuera derogada la anterior Ley del Sector Eléctrico y aprobada la actual, las renovables primadas produjeron más del 30% de los kilovatios hora que consumió el país.

Más que demostrado
Pero es que, además de ayudar a España a independizarse de fuentes de energía extranjeras, como el gas o el petróleo, ya está "más que demostrado -añade APPA- que cuanta más generación renovable entra en el sistema eléctrico más se reduce el precio de la electricidad y más ahorros consigue nuestro país en importaciones de combustibles fósiles" (tantos kilovatios hora generados por el viento o la biomasa, tantos kilovatios hora que no genera el gas, por ejemplo). Por todo ello, la asociación denuncia la política energética del Ejecutivo Rajoy, cuya "pretendida reforma eléctrica" consiste, según APPA, "en cerrar cualquier posibilidad de desarrollo futuro de las energías renovables y sacarlas del sistema eléctrico".

Las prebendas del oligopolio
La asociación viene a denunciar a la vez en su comunicado las prebendas con las que el Ejecutivo está premiando a determinadas empresas (Iberdrola, Red Eléctrica, Endesa, Gas Natural Fenosa). Prebendas, porque el Ministerio de Industria -explica APPA- prevé incrementar el precio de costes regulados como el transporte (cobra REE) o la distribución (cobran Iberdrola, Endesa y compañía) aunque en el sistema eléctrico nacional cada vez se transporta y distribuye menos electricidad como consecuencia de la crisis (la demanda ha caído casi un 7% en los últimos cinco años, desde los 279.392 GWh de 2008 a los 260.870 de 2013). Esos incrementos son "algo incomprensible -opina el presidente de la patronal, José Miguel Villarig- en un escenario de contracción de la demanda, y en el que se ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico, que tiene como pilar fundamental la sostenibilidad económica del sistema".

Falta de competencia
APPA denuncia en ese sentido la ausencia de competencia en el mercado eléctrico español, situación que, según detalla la asociación, ha sido asimismo denunciada tanto por la Comisión Europea como por la Comisión Nacional de Enegía y que mantiene privilegios de las grandes eléctricas -asegura- "como los llamados servicios de ajuste, cuyo coste se incrementó un 20% en 2013 y que en lo que va de año se han disparado sin ningún sentido, cuando hay menos energía en el sistema". Sólo en 2013 -concreta APPA-, el coste de estos servicios "cobrados en su mayoría por las grandes eléctricas" ascendió a 1.247 M€ (véase sobre el particular la denuncia que hiciera hace unos días la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía).

De la perpetuidad
Así las cosas, la asociación considera que la política del Gobierno, que lleva dos años enfrascado en una reforma que no acaba de rematar, "perpetúa el oligopolio eléctrico por el que las cinco empresas integradas en Unesa tienen un dominio aplastante sobre el mercado, un dominio que impide -manifiesta APPA- cualquier atisbo de competencia". La legislación que emana de Industria -explicita la asociación en su comunicado- "parece tener como finalidad salvaguardar los beneficios astronómicos de las eléctricas españolas, muchísimo más altos que los de sus homónimas europeas".

Empresas españolas, empresas extranjeras
Por otro lado, APPA recuerda al Gobierno que las empresas a las que representa son "más españolas que las eléctricas de Unesa" (Unesa está integrada por Iberdrola, cuyo principal accionista es el Fondo Soberano de Catar; Endesa, propiedad de la empresa pública italiana Enel; EDP, que es una multinacional portuguesa; E.On, que es alemana; y Gas Natural Fenosa, con participación argelina). En ese sentido, y, según APPA, ni al gobierno ni al Ministerio parecen importarle "las consecuencias de su política sobre un sector que entre 2008 y 2012 ha perdido cerca de 25.000 empleos".

Inversores nacionales
Tampoco parece importar al Ejecutivo -añade APPA- ni la situación en que quedan muchas familias que invirtieron sus ahorros en instalaciones renovables -confiadas en unas retribuciones garantizadas con el aval del estado- ni la "pérdida de liderazgo mundial" de las empresas españolas del sector, que se están viendo abocadas a la deslocalización". En ese sentido, la asociación explica que "todas ellas están sufriendo grandes pérdidas en sus balances, que ponen en grave riesgo su futuro, y muchas de ellas no podrán sobrevivir a los tremendos ajustes que conlleva la reforma".

Cajón de-sastre
El comunicado de APPA también le da un buen repaso a la factura. La asociación acusa sin rodeos al gobierno de incluir en el recibo de la luz "partidas que nada tienen que ver con la generación de la electricidad". Una de ellas es la interrumpibilidad, "que el Ministerio pretende enmascarar incluyéndola en la parte del recibo que viene del mercado" y que, en opinión de APPA, "es innecesario mantener en las condiciones actuales de cobertura de la demanda".

Parar las máquinas
A saber: el gobierno paga a empresas para que interrumpan su consumo (paren las máquinas) en caso de que el sistema, por el motivo que fuere, requiera de esa electricidad (la que consumen esas empresas) para abastecer otra demanda. ¿Qué ocurre? Pues que con la crisis y la bajada de la demanda, ese servicio, ese pago, ya no tiene sentido, según muchos autores. Para que nos hagamos una idea: la demanda máxima registrada alcanzó, en 2007, los 45.450 MWh; la demanda máxima de ayer, día laborable en todas partes, fue de 34.285 MW (potencia instantánea, a las 20.26 horas).

Capacidad para qué
APPA también critica en su comunicado los denominados pagos por capacidad (que reciben las centrales que queman gas natural para generar electricidad), pagos que considera "igualmente injustificados en su cuantía actual al haber en el sistema eléctrico un gran exceso de capacidad". El argumento es grosso modo el mismo: el regulador paga a ciertas instalaciones para que tengan disponible, por si acaso, una cierta capacidad. ¿Qué ocurre? Pues lo dicho, que la crisis ha reducido la demanda y que la necesidad de que haya instalaciones en guardia es menor (o mucho menor).

Incentivos a la inversión
Además, las centrales de gas, aunque no generen un solo kilovatio -denuncia también APPA-, "reciben unas subvenciones fijas equivalentes al 40% de su inversión, que están integradas en los llamados costes de energía o de generación". Son los denominados incentivos a la inversión (léase sobre el particular), y el Gobierno los mantiene, aunque el sistema eléctrico dispone de potencia más que suficiente como para atender la demanda. Según Red Eléctrica de España, nuestro país cuenta hoy con más de 108.000 MW instalados, cuando la demanda máxima horaria no alcanzó en 2013 ni los 40.000 MWh (véase página 10).

La electricidad canaria en 2010
El Ministerio mantiene también en el recibo -añade APPA- otros costes "que nada tienen que ver con la generación de energía, como los costes extrapeninsulares, cifrados en más de 1.800 M€, que tienen que ver con políticas de vertebración del territorio". A la vez -explica la asociación-, "paradójicamente, el Gobierno sigue sin fomentar en esos territorios el desarrollo de las energías renovables, cuyos costes de generación son muy inferiores a los de la generación fósil", tal y como ya demostrara el Cluster Ricam, allá por el año 2010, en su Análisis de los sobrecostes de la energía del sistema energético canario (véase también Alberto Ceña, AEE).

El Ejecutivo Rajoy encarece el transporte y la distribución de la electricidad
La asociación critica por otra parte el que el gobierno haya encarecido el transporte y la distribución. La última Orden de Peajes, aprobada el 31 de enero -explica APPA-, "estableció una retribución total para la actividad de transporte de energía eléctrica (coste de la actividad más el incentivo de calidad) para el año 2014 de 1.674 M€, siendo 70 M€ superior a lo previsto para el cierre del año 2013, así como un incremento en la retribución total para la actividad de distribución (coste de la actividad más el incentivo de pérdidas y calidad) para el año 2014 hasta alcanzar los 4.986 M€".

España será más dependiente mañana, según APPA
En lo que a este extremo se refiere, APPA no puede ser más explícita: "resulta realmente escandaloso que, en un escenario de contracción de la demanda e inexistente instalación de nueva capacidad ordinaria o renovable, se incremente la retribución de estas actividades". Igualmente -añade-, resulta "incomprensible" el aumento en un 30% de la retribución al Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) y en un 8% la del Operador del Mercado (OMIE). APPA concluye su comunicado emitiendo un diagnóstico muy claro: "la gran enfermedad de la economía española -su fuerte dependencia energética del exterior- no sólo no va a mejorar sino que se va a agravar, toda vez que el Gobierno se obstina en acabar con las energías renovables mientras simultáneamente se aplica en mantener los privilegios del oligopolio de las grandes eléctricas".

Imagen*
Mariano Rajoy, en el Palacio de El Pardo, junto al emir de Catar, en abril de 2011. Seis meses después, el Partido Popular explicaba en su programa electoral -véase en Rajoy.es- que su principal apuesta, en materia de política energética, es convertir España en "el mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo". El minúsculo emirato de Catar es uno de los principales vendedores de gas a España y su fondo soberano, el principal accionista de Iberdrola.

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