El documento elaborado por la Plataforma -que ha logrado sumar más de 60.000 firmas en apenas unas horas- repasa exhaustivamente el rosario de leyes, órdenes ministeriales y decretos que han aprobado a lo largo de los últimos años los sucesivos gobiernos populares y socialistas, normativa toda que, según los denunciantes, no ha servido sino "para dinamitar el sector de las energías renovables, del que otrora España fuera líder mundial". El escrito de la Plataforma sugiere además que esa legislación -obra de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP- pretende "hacer desaparecer un grupo incómodo que sustrae parte de los beneficios que hasta la fecha se repartían media docena de empresas". El grupo incómodo al que alude el texto de la Plataforma está integrado por los aproximadamente 55.000 nuevos generadores fotovoltaicos -pequeños inversores de huertas solares- que han surgido a lo largo de estos últimos años y que están arrebatándole una porción de la tarta eléctrica a la gran patronal eléctrica, Unesa.
Eléctricas de Italia, Catar y Argelia
Simultáneamente -explica la Plataforma en el escrito que va a enviar a la Fiscalía-, "otros procesos productivos en manos de muy pocas empresas son constantemente beneficiados [por esa legislación] con criterios bastante arbitrarios, y, todo ello, mientras en los consejos de administración de ese pequeño grupo de empresas empiezan a aparecer primerísimas figuras políticas que, en muchos casos, prácticamente acaban de salir de sus puestos de responsabilidad". Así, el documento repasa minuciosamente la lista de políticos que, tras pasar por el gobierno, han estado o están a sueldo de las tres grandes eléctricas "españolas". Estas serían Endesa (si bien la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima está ahora en manos de la empresa pública italiana Enel); Iberdrola (cuyo principal accionista es a día de hoy el fondo soberano de Catar); y Gas Natural Fenosa (muy condicionada por la empresa pública argelina Sonatrach, que es accionista de la compañía de la mariposa).
Nomenclatura
Pues bien, el documento elaborado por la Plataforma (léase) explica a la Fiscalía que esas empresas -que serían las beneficiarias de las medidas legislativas aprobadas por los dos últimos gobiernos- han contratado en un momento u otro a lo largo de los últimos años a "primerísimas figuras políticas". A saber: Felipe González (Gas Natural Fenosa); Luis De Guindos (Endesa); Narcís Serra (Gas Natural Fenosa); José Luis Olivas (exvicepresidente de la Comunidad Valenciana, Iberdrola); Elena Salgado (vinculada a Endesa desde abril de 2012, apenas cinco meses después de salir del gobierno); José María Aznar (Endesa); Ángel Acebes (Iberdrola); Pedro Solbes (Enel-Endesa); Joan Majó (exministro de Industria, Endesa); Ana Palacio (Hidroeléctrica del Cantábrico, también integrada en Unesa, la gran patronal eléctrica, como las otras tres compañías citadas); Manuel Marín (expresidente del Congreso, Iberdrola); etcétera, etc.
Las subvenciones del gas
La denuncia que la Plataforma pretende presentar ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción recorre, en fin, la política energética de los últimos años, hilando leyes, órdenes ministeriales y reales decretos -el repaso es extenso y concienzudo- y va salpicando su discurso de nombres y apellidos de los muchos "presuntos" que hoy están a sueldo de las supuestas beneficiarias de esas políticas: Endesa, Iberdrola y compañía. De entre los muchos ejemplos reseñados, citamos aquí solo dos: son el caso Enrique Vicent Pastor (costes extrapeninsulares) y el caso Sebastián-Soria (incentivos a la inversión). En lo que se refiere al primero, la Plataforma dice exactamente lo siguiente: "el 19 de diciembre de 2003, se publica el Real Decreto 1747/2003, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, siendo uno de los técnicos redactores de la norma el entonces subdirector general de Energía Eléctrica, Enrique Vicent Pastor".
El coste de Endesa en Canarias
Los costes extrapeninsulares son multimillonarias inyecciones de capital, anuales, que percibe en Canarias de manera casi exclusiva el grupo empresarial Endesa y que son consideradas por muchos autores como "subvenciones encubiertas" (*). Estos costes son incluidos por el gobierno en la tarifa, si bien muchos expertos consideran que deberían ser pasados a los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, primera clave: tras la aprobación de aquella norma por un equipo de redactores en el que estaba el subdirector general de Energía Eléctrica Enrique Vicent Pastor, esos costes han sextuplicado su cuantía, y, así, pasaron de ser 278 millones de euros en el año 2003 a situarse en los 1.775 millones de euros en el ejercicio 2013 (desde 2006, siempre han superado los mil millones anuales). Y segunda clave: Enrique Vicent Pastor se convertiría, tras su paso por el gobierno -y tras la aprobación de esa norma- en director general de Estrategia de España y Portugal de Endesa (para saber más sobre este sujeto, véase estafaluz.com).
La orden SS (de Sebastián y Soria)
Otra Orden Ministerial polémica es la ITC/3127/2011, de 17 de noviembre. Esta orden fue aprobada por el hoy exministro de Industria Miguel Sebastián tres días antes de dejar el gobierno (recuérdese que el PSOE perdió las elecciones el 20N de 2011). Pues bien, con esa orden, Sebastián le subió a las empresas del gas los denominados "incentivos a la inversión" nada más y nada menos que un 30%. El "incentivo a la inversión" es definido por la CNE como "un incentivo de largo plazo destinado a promover la construcción y puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones de generación a través de pagos que facilitarán a sus promotores la recuperación de los costes de inversión". Este incentivo "valía" hasta noviembre de 2011 veinte mil euros por megavatio y año: 20.000€/MW/año... a pagar durante diez años. Pues bien, ese día, 17 de noviembre de 2011, la orden de Sebastián subió un 30% el precio del incentivo, hasta los 26.000 euros (véase BOE, página 119540).
Garantizar el suministro
Diluida en mitad de la vorágine de unas elecciones generales que supusieron la mayor derrota histórica del PSOE, la orden, que pasó al principio inadvertida, no tardaría sin embargo en desatar el escándalo. Así, el Partido Popular, con Soria como ministro de Energía, reaccionó... hasta cierto punto. Porque si bien es cierto que rebajó esa brutal subida (30%), no lo es menos que no devolvió el listón a los 20.000 euros, sino que lo dejó en 23.400€/MW/año a percibir durante diez años. La idea que soporta esos pagos -incentivos a la inversión- es "vamos a garantizar el suministro, pues no podemos disponer de energías renovables a demanda, dado su carácter variable". ¿Dónde está, pues, la trampa? Pues en que el sistema eléctrico nacional ya tiene potencia de respaldo, garantías de suministro, más que suficientes (entendidas estas por el gas, el carbón y la nuclear**) para evitar riesgos de suministro en caso de apagón súbito y simultáneo del sol y todos los vientos que en España son.
El margen de cobertura superaba el 20% ya en 2008
En fin, que no hace falta incentivar la inversión en instalación de más potencia. Porque ya hay más que suficiente. Lo dice la propia Comisión Nacional de Energía (CNE): "el operador del sistema [Red Eléctrica de España] considera que un escenario donde se asegure la garantía de suministro debe contar con un índice de cobertura no inferior a 1,1, o lo que es lo mismo, que presente más de un 10% de reserva de capacidad de cobertura de la punta de demanda prevista". ¿Y qué ocurre? Pues que el margen de cobertura superó el 20% ya en 2008. O sea, que, desde el año 2008, Red Eléctrica de España, la CNE y por ende el gobierno de la nación saben que contamos con un índice de cobertura superior a ese 1,1 (según datos REE de mayo del corriente, ese ratio oscila hoy entre el 1,22 y el 1,34). Bueno, pues a pesar de que todos los organismos lo tenían claro desde 2008, el gobierno PSOE incrementó en noviembre de 2011 ese "incentivo a la inversión" en un 30% y el gobierno PP, aunque corrigió, mantuvo la subida en un 17%.
Los que pagan las inversiones de las grandes multinacionales
¿Y cuál es la letra pequeña de ese incentivo a la inversión? Pues pongamos un ejemplo: el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el presidente de Endesa, Borja Prado, inauguraron el 30 de marzo de 2011 la central de ciclo combinado Besòs 5, que, según Endesa, "tiene una potencia de 859 MW y ha supuesto una inversión de 436 millones de euros". Pues bien, si multiplicamos 859 MW por 26.000 euros y por diez años, la cantidad obtenida supera los 220 millones de euros, es decir, más del 50% de la inversión que declara Endesa. ¿Conclusión? Los consumidores están pagándole a Endesa y compañía (Iberdrola, Gas Natural Fenosa...) más de la mitad de lo que cuestan sus instalaciones. Estamos pagándole a multinacionales italianas y cataríes, a compañías rehenes del gas de Argelia, multimillonarias inversiones que, además, no pueden ser justificadas por mor de la seguridad del sistema, un sistema que, desde 2008, está sobrado, según saben la CNE, REE y el gobierno de la nación.
Avaaz.org
En fin, son solo algunos de los ejemplos que recoge la denuncia que hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, presentará la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción. El documento, que se hizo público el día tres, lleva tras de sí más de 60.000 firmas (fue colgado en avaaz.org el pasado día tres) y ahonda también en la campaña que han desatado contra las renovables las grandes empresas eléctricas "españolas" y algunos medios de comunicación, "campaña perfectamente articulada" cuya pretensión es, según la Plataforma, "demonizar a las energías renovables en general, y a la energía solar fotovoltaica en particular", presentándolas como "las principales culpables del déficit de tarifa, circunstancia absolutamente falsa". Por todo ello, la Plataforma presenta la denuncia "al objeto de que la Fiscalía pueda evaluar con mejor criterio si los mismos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación por desviación de poder y/o de tráfico de influencias".
*La existencia de "costes extrapeninsulares" la explica así el gobierno: "siguiendo el principio de tarifa única en todo el territorio nacional, los mayores costes del suministro eléctrico en los sistemas insulares y extrapeninsulares son socializados entre todos los consumidores y considerados un coste permanente del sistema eléctrico" (en Canarias es más caro generar un kilovatio eléctrico que en la península, por motivos técnicos varios, por su elevada dependencia de los combustibles fósiles y por la escasa aportación de energías renovables). Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en la existencia de ayudas que palíen esa situación, pero son muchos los expertos que creen que esas ayudas, que consideran arbitrariamente hiperinfladas (se han sextuplicado desde el RD de 2003, el de Pastor), deberían además estar en los Presupuestos Generales del Estado.
**Algunas tecnologías renovables también pueden dar respaldo. Los sistemas de almacenamiento de calor con los que cuentan muchas de las centrales termosolares españolas permiten, cada vez en mayor medida, prolongar la generación de electricidad en períodos sin insolación.
