Las cotizadas -informa la agencia Europa Press- están muy cerca ya (con los números que han registrado en estos nueve primeros meses del curso) de superar el volumen distribuido en todo el año 2022, cuando repartieron entre sus accionistas 25.964 millones de euros. Solo en el mes de octubre del corriente, las cotizadas españolas han repartido un total de 1.024,7 millones de euros, un 15,1% más que en el mismo mes de 2022. Además, el Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, y una vez parece totalmente expedita la investidura, con una subida del 0,36%, lo que ha llevado al selectivo a conquistar la cota psicológica de los 9.400 puntos, hasta situarse en 9.405,9 enteros.
De cualquier manera, y a pesar de los beneficios registrados en estos nueve primeros meses del año (+15,7%, como se dijo), son varias las compañías cotizadas (Naturgy, Endesa, Iberdrola, entre otras) que han emprendido acciones contra el impuesto que anunció el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituyó hace ahora un año el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para bancos y compañías energéticas. El impuesto en cuestion (en lo que toca a las energéticas, concretamente) grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
Repsol insistía recientemente en su oposición a este gravamen al albur del acuerdo para formar un segundo gobierno de coalición que acaban de suscribir PSOE y Sumar, acuerdo que menciona ese impuesto.
Lo menciona, pero no dice explícitamente que será mantenido. Dice que será revisado con el objetivo de readaptarlo y mantenerlo, es decir, que si hoy el tipo aplicado es del 1,2%, mañana podría ser del 0,7 y el futurible Gobierno de coalición no estaría traicionando la letra de su acuerdo.
«Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar». Página 38 del acuerdo PSOE-Sumar (el documento de acuerdo se titula España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista).
En todo caso, y pese a la ambigüedad en la redacción, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imazm no ha desaprovechado la ocasión para insistir en que Repsol es la compañía más impactada por el actual impuesto extraordinario, con unos 450 millones de euros este año, y ha venido a amenazar con llevarse las inversiones de la compañía a otros países.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol: "el gravamen temporal energético está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país. Una prórroga de este gravamen penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética"
Imaz ha advertido por otro lado que Repsol, "antes de tomar cualquier decisión de inversión en España", analizará si las condiciones son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos", y ha asegurado que, si no es así, se cuenta con "otras alternativas" (el consejero delegado ha citado Portugal, pero lo cierto es que la empresa cuenta con activos e intereses en muchos países, como Perú, Libia, Brasil o Venezuela, donde por cierto está de cumpleaños: cumple ahora treinta años de actividad en el país).
Imaz ha llegado a señalar que el impuesto en cuestión "es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio".
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
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