El Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado mes de diciembre a la interposición de un recurso ante el TC contra el decreto aprobado por el anterior Gobierno aragonés, que pretendía impulsar el consumo energético de cercanía y reducir su coste en la comunidad aragonesa, la segunda que más energía verde produjo en España en 2022, según los datos de Red Eléctrica. Pues bien, para el Gobierno, esta normativa "invadió competencias, vulneró la legislación de contratos públicos y acudió a un mecanismo de urgencia sin motivos". Con el decreto, el entonces presidente aragonés, Javier Lambán, pretendía crear un sistema energético propio que redujera los precios, favoreciera el consumo interno y atrajera inversiones.
Alegaciones del Gobierno
Sin embargo, entre los motivos por los que el Ejecutivo central pidió la suspensión cautelar de buena parte del articulado de la norma aragonesa figuran razones como que el decreto "establece, en definitiva y en ciertos preceptos, un sistema paralelo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, orientado a la quiebra del principio de red única estatal gestionada por Red Eléctrica".
Para el Gobierno central, esto permite que el abastecimiento energético a los consumidores finales se realice a través de "figuras distintas e incompatibles" con las previstas por la normativa básica estatal y con la intervención de sujetos distintos, como el de las denominadas "mancomunidades de energía", inexistentes en la normativa básica y de rasgos "incompatibles" con esta y con la normativa europea, o de los agregadores de demanda, con una configuración propia y que se aparta de la Ley del Sector Eléctrico).
Además, considera que el decreto aragonés "altera las reglas establecidas en la normativa básica en relación con el autoconsumo y la distribución, permitiéndose así la distribución de energía -en los supuestos que se regulan como «cercanía»- fuera de los márgenes legales", alegan desde Moncloa. En definitiva, el Ejecutivo central señala que la norma "establece un sistema paralelo en lo que concierne al sector eléctrico estatal y europeo", que vulnera "abiertamente" la normativa básica estatal y las competencias estatales exclusivas, con "importantes repercusiones" en relación con la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto.
De esta manera, el TC ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por el Gobierno de España, al no respetar, según la demanda, las competencias del Estado.
Impuesto a las renovables en Aragón
Ahora, la comunidad aragonesa gobernada por la coalición PP-VOX, un tándem conservador que podría poner "en grave riesgo" miles de millones de euros en inversiones en renovables en Aragón, advierten desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Ambas entidades han difundido un comunicado conjunto en el que denuncian el anteproyecto de ley que el Gobierno de Aragón está impulsando, "cuyo objetivo es gravar las inversiones en energías limpias". Según las asociaciones, dicha normativa podría atentar además "contra el marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y desarrollo de energías renovables", denuncian.
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