Desde el Ministerio para la Transición Ecológica informan que esta situación ha llevado a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador.
Las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría imponer multas significativas a España.
Con fecha 19 de junio y a través de la Secretaría de Estado de Energía, el Ministerio ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el anterior Ejecutivo.
El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha trasladado a las autoridades europeas una comunicación en el mismo sentido, expresando su voluntad de “resolver esta cuestión en el menor plazo posible”. A tal efecto, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de “definir un marco legal adecuado en esta materia”.
