AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, difundió ayer un comunicado en el que expresa su "honda preocupación e inquietud por el panorama que se vislumbra para la industria electrointensiva en 2020, que ve cómo sus problemas se acentúan por la inacción y las medidas que acaba de adoptar el Gobierno en funciones". Y es que, según la asociación, (1) el fuerte recorte de la potencia a subastar para el servicio de interrumpibilidad en la temporada eléctrica que comienza el 1 de enero de 2020, junto con (2) la no aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos (que el Gobierno anunció aprobaría antes de junio), está generando "una gran incertidumbre que perjudica a la competitividad de nuestra industria básica y pone en riesgo la actividad de sus plantas".
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía representa a 25 compañías, que tienen 78 fábricas repartidas por toda España cuya demanda supone el 10% de la demanda anual eléctrica peninsular. Según AEGE, sus asociados facturan alrededor de 20.000 millones de euros y emplean a 66.000 personas (empleo directo).
Todo ha venido propiciado por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una resolución sobre las características, el calendario y el procedimiento de la subasta de potencia interrumpible (el Gobierno quiere subastar de cara al próximo semestre 1.000 megavatios, mientras que en el segundo semestre de 2019 subastó 2.340). Según AEGE, ese "drástico recorte del 60% respecto a 2019 supondrá una nueva pérdida de competitividad para la industria electrointensiva ya seriamente dañada por su coste eléctrico". La Asociación explica en su comunicado que las compañías a las que representa "no podrán seguir soportando costes de suministro eléctrico hasta 30% más caros que los de sus competidores, un diferencial -adelanta- que se incrementará en 2020, cuando les suponen hasta el 50% de los costes de producción totales".
AEGE reclama además la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos
"Mientras no se apruebe el Estatuto con medidas y dotación presupuestaria suficientes para paliar el diferencial de 20 a 25 euros por MWh más que paga la industria electrointensiva española frente a sus competidores franceses y alemanes -explican desde AEGE-, es preciso que el Gobierno en funciones, o con todas las atribuciones, apruebe inmediatamente medidas que mejoren la competitividad de la industria básica para que recupere la certidumbre en un futuro viable y apuntale este pilar básico del estado del bienestar".
En ese sentido, la Asociación mira a las renovables y denuncia agravio comparatorio
«Parece que la situación del Gobierno en funciones ha sido la razón para la no aprobación del RDL del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, pero el mismo Gobierno en funciones aprobó el 22 de noviembre un RDL fijando una rentabilidad razonable de las instalaciones renovables con el fin de eliminar la incertidumbre regulatoria de sus proyectos. Pues bien, eso es precisamente lo que requiere la industria electrointensiva, que se elimine la incertidumbre regulatoria para unas industrias que hacen sus deberes y están comprometidas con la descarbonización de la economía».
Por fin, AEGE concluye su comunicado con un aviso
Otra reducción en la retribución del servicio de interrumpibilidad -avisa AEGE- "podría provocar el próximo año nuevas y serias tensiones en algunas plantas con los perniciosos efectos en sus comarcas". La Asociación, que se queja de la carestía de la electricidad, lamenta no tener precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos y pide al Gobierno "medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional". El Estatuto del Consumidor Electrointensivo -concluye- debe proporcionar seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias.
