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La cara "hidro" de Florentino y la cárcel sin pruebas de Caal

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El líder indígena Bernardo Caal, de la etnia guatemalteca q’eqchi’, ha ingresado ya en prisión, acusado de los delitos de detención ilegal y robo. Caal lidera el movimiento ambientalista de oposición a los proyectos hidroeléctricos que están desarrollando en el río Cahabón varias empresas (entre ellas, la ingeniería española Cobra, del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez). La organización no gubernamental Alianza por la Solidaridad denuncia que el encarcelamiento ha sido decretado "sin pruebas" que lo sostengan y ha emprendido una campaña de recogida de firmas pro-libertad de Caal a la que se han sumado Greenpeace España y el Colectivo MadreSelva de Guatemala, la organización ambientalista que respalda a Caal en el país.
La cara "hidro" de Florentino y la cárcel sin pruebas de Caal

El Juzgado de Cobán (Guatemala) ha decretado prisión provisional para el líder indígena Bernardo Caal, tras una audiencia en la que se le ha acusado de los delitos de detención ilegal y robo agravado. Las acusaciones han sido lanzadas por la empresa de telecomunicaciones Netzone y cuatro personas relacionadas con la empresa OXEC SA, una de las hidroeléctricas que trabaja en el río Cahabón, en Alta Verapaz (Guatemala). OXEC es la compañía contra las que se ha centrado la lucha de Caal como representante de los q’qchís. Caal lidera también la oposición a otro megaproyecto en el mismo río, la hidroeléctrica Renace (véase), obra que construye la compañía española Grupo Cobra (ACS) y que colapsa el río en unos 30 kilómetros, afectando a 29.000 q’eqchi’s. Caal ha declarado ante los medios que "los únicos delitos que yo he cometido aquí es denunciar a las empresas que han secuestrado el río Cahabón".

La detención del líder indígena, que tuvo lugar la pasada semana, ha movilizado a las comunidades cercanas a Cahabón y Cobán, que han protagonizado cierres de carreteras, concentraciones y actos simbólicos en las calles, y que anuncian que mantendrán sus acciones hasta que Caal sea puesto en libertad. Además de las movilizaciones que reivindican la libertad del detenido, las organizaciones no gubernamentales Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España han emprendido una recogida de firmas pro-libertad que ha recabado, en solo cuatro días, más de 1.700 suscriptores.

Dos meses en prisión
Caal fue detenido -informa Alianza por la Solidaridad- cuando acudía al Juzgado para defenderse de una acusación previa de estafa por un conflicto laboral. El líder indígena iba a presentar pruebas que demostraban que esa era una denuncia infundada. La vista provisional de su procesamiento se ha fijado para el 19 de abril, lo que supone que deberá pasar dos meses en prisión sin que haya más pruebas en su contra que las declaraciones de los denunciantes.

Los hechos por los que le acusan señalan que sucedieron en octubre de 2015, cuando, en un encuentro de comunitarios, en las cercanías de las obras, los denunciantes aseguran que se produjo "robo de unas herramientas, retención de personas e incitación a delinquir, sin que haya pruebas -apuntan desde la Alianza- de que Caal estuviera presente en aquel momento".

Para Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España este es "un claro ejemplo más de criminalización de quienes protagonizan la lucha contra grandes empresas y proyectos en los que no se han realizado previamente consultas a las comunidades ni estudios de impacto ambiental de calidad". Ambas organizaciones no gubernamentales recuerdan que lo mismo ocurrió en 2014 con la española hidroeléctrica Ecoener-Hidralia, cuando encarcelaron a los lideres durante más de dos años, para después liberarlos tras el juicio.

"Los jueces no podemos convertirnos en instrumentos para criminalizar las conductas que no son delictivas"
La jueza de aquel tribunal, Yassmin Barrios, señaló entonces que aquel proceso penal se había utilizado "para criminalizar las acciones efectuadas por las autoridades ancestrales y en las que han participado líderes comunitarios para defender sus derechos”. Dirigiéndose al Ministerio Público, que también está liderando la acusación contra Caal, Barrios señaló entonces que ”los jueces no podemos convertirnos en instrumentos para criminalizar las conductas que no son delictivas y eso debe ser claro porque los jueces estamos llamados a fortalecer el Estado de Derecho dentro de un país.”

La campaña de recogida de firmas “Libertad para el líder indígena defensor de derechos humanos Bernardo Caal Xol", lanzada por las organizaciones no gubernamentales (ONGs, oenegés) ha recogido en cuatro días más de 1.700 firmas de apoyo, que son enviadas directamente a la Embajada de Guatemala en España. Esta campaña cuenta con el apoyo del Colectivo MadreSelva de Guatemala, la organización ambientalista que respalda a Caal en el país.

Julio González, de Colectivo MadreSelva, asegura que van a mantener la lucha para desvelar "la podredumbre del sistema (...), sin quedarnos callados para defender el agua y el territorio de Alta Verapaz, defendiendo los derechos inalienables de información y consulta de las comunidades y denunciando con nombre y apellidos a los verdugos del pueblo q’eqchi’”.

Hace unos meses, el líder indígena declaraba: “temo acabar como Berta Cáceres”, en alusión a la líder hondureña asesinada en 2016 por oponerse a proyectos hidroeléctricos en su país. De hecho, el pasado año, Bernardo Caal Xol tuvo que permanecer escondido varios meses, después de que se dictara una orden de captura contra él y tras sufrir numerosas amenazas personales".

Bernardo Caal: "Los únicos delitos que yo he cometido aquí es denunciar a las empresas que han secuestrado el río Cahabón".

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