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Greenpeace acusa a Florentino de ser "cómplice de una catástrofe medioambiental y social en Guatemala"

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La organización ecologista acaba de publicar un estudio -«Justicia para las personas y el planeta»- en el que denuncia cómo las grandes multinacionales atentan contra el medio ambiente y los derechos humanos. Uno de los protagonistas de ese informe es Grupo Cobra (filial de la constructora ACS, que preside Florentino Pérez). Greenpeace acusa a Cobra, que participa en el polémico proyecto hidroeléctrico Renace, de ser "cómplice de una catástrofe medioambiental y social en Guatemala".
Greenpeace acusa a Florentino de ser "cómplice de una catástrofe medioambiental y social en Guatemala"

"El Grupo Cobra -explica Greenpeace en su informe- no llevó a cabo un proceso de diligencia debida adecuado cuando se unió al proyecto de energía hidroeléctrica Renace, convirtiéndose así en cómplice de una catástrofe medioambiental y social en Guatemala". La filial del Grupo ACS fue contratada por una compañía local - Corporación MultiInversiones (CMI)-, que disponía de un permiso gubernamental para ejecutar las obras, pero, según la organización ecologista, Cobra "debería haber sido consciente de que el proyecto causaría daños ecológicos y sociales".

Con respecto a los permisos gubernamentales
Según la oenegé Transparencia Internacional, Guatemala es uno de los tres países más corruptos de toda América (el país ocupó en el último Índice de Percepción de la Corrupción el puesto 136 sobre un total de 176 países evaluados en todo el mundo). El Informe Guatemala 2016/2017 de Amnistía Internacional (AI) revela por otra parte que, en ese pequeño país centroamericano, los defensores y defensoras de los derechos humanos hacen frente "a amenazas, estigmatización, intimidación y agresiones de forma continuada".

El informe de Amnistía Internacional incide específicamente en la dimensión ambiental
"El grupo que más ataques sufría -dice el Informe AI Guatemala 2016/2017- era el de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. Los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente hacían frente a difamaciones e intentos de criminalización, tanto por parte de las autoridades en declaraciones públicas como por parte de ciudadanos particulares". Según otro informe -«Defender la tierra»-, elaborado por la organización no gubernamental Global Witness, en el año 2016, último del que se disponen de datos consolidados, seis defensores de los derechos ambientales fueron asesinados en Guatemala.

El informe ahora publicado por Greenpeace expone el caso de Cobra (ACS) y otros diecinueve "que ilustran -según explica la oenegé ecologista- cómo las corporaciones han configurado un marco regulatorio internacional favorable a sus intereses; tienen gran influencia en ámbitos de decisión política; propician las puertas giratorias; favorecen acuerdos comerciales y de inversión; y ponen barreras a la justicia internacional, con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los derechos humanos y el medio ambiente". El informe identifica a Florentino Pérez como uno de los hombres más ricos de España, con un patrimonio estimado de 1.740 millones de euros y un salario anual (2016) de más de 4,5 millones de euros (fijo más primas).

Arquitectura de la impunidad
«Justicia para las personas y el planeta» denuncia que detrás de los "abusos ambientales corporativos" están los gobiernos, que, en lugar de imponer normas y leyes, "se han convertido voluntaria o involuntariamente en cómplices de esta arquitectura de la impunidad". El informe de Greenpeace documenta lo que califica de "las profundas raíces estructurales de las violaciones ambientales y de los derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones del planeta". Además, la oenegé propone en su informe "diez principios fundamentales necesarios para evitar estos abusos" e insta a los Gobiernos a imponer "reglas efectivas y vinculantes" a las corporaciones "para que sean responsables de sus acciones hacia las personas y el planeta".

Greenpeace ha querido presentar su informe en vísperas de la Cumbre de Davos, que tiene lugar en Suiza a partir del miércoles. La organización ecologista pretende denunciar en ese marco, en el que van a estar presentes las compañías más importantes del mundo, "la impunidad bajo la que operan las grandes multinacionales". Para ello, ha recopilado esa veintena de casos, "que demuestran la falta de responsabilidad cuando sus actividades provocan abusos medioambientales o humanos" y que ponen en evidencia que "las lagunas en materia de gobernanza creadas por la globalización económica no son un fenómeno natural, sino más bien el resultado de las decisiones políticas que han tomado las élites económicas y políticas".

Una veintena de casos
Aparte del caso ACS/Renace (la que será la central hidroeléctrica más grande de Guatemala, en cuyas obras está implicada Cobra), la organización ecologista también alude a las actividades de Monsanto en México, "que han tenido un grave impacto en la población y la riqueza naturaleza del país".

Otro de los casos destacados por la organización ecologista en su informe es el del escándalo del Dieselgate, "que permitió que Volkswagen escapara impune en Europa, mientras que fue multado con miles de millones en los Estados Unidos".

Ciertamente singular es el caso del gigante papelero Resolute Forest Products, que -según señala Greenpeace- ha utilizado denuncias por difamación (conocidas como SLAPP, Strategic Lawsuit against public participation) para "intentar acallar las voces críticas".

El caso ACS Florentino, más concretamente
La oenegé del arcoiris considera el caso de ACS "especialmente significativo porque ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles patrones [de responsabilidad] y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero en calidad de subcontratas".

La subsidiaria de ACS, Grupo Cobra, ha participado en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura -denuncia Greenpeace- que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros.

Pues bien, según Greenpeace, "además de las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo; y la reducción drástica del caudal del río ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí".

¿Y cómo se escabulle la empresa de Florentino Pérez? Pues negando su responsabilidad en este escándalo -dice Greenpeace- so pretexto de que "el Grupo Cobra/ACS fue subcontratado por la empresa constructora local CMI, que era en última instancia la responsable del proyecto".

Conclusión
La organización ecologista concluye así que "estos 20 casos exponen el comportamiento deshonesto de las grandes corporaciones en relación al cambio climático, la deforestación, la contaminación, las violaciones de los derechos indígenas, la represión contra las ONGs y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, la evasión fiscal, la corrupción, la manipulación fraudulenta del debate público, etcétera".

Las empresas incluidas en el estudio son Grupo Cobra (de la española Grupo ACS), las 47 mayores empresas contaminantes (The Carbon Majors), Chevron, DowDuPont, Energy Transfer Partners, Exxon, Gabriel Resources, Glencore, Grupo Bimbo, Halcyon Agri (Sudcam), ICIG (Miteni ), Keskinoğlu, Monsanto, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest Products, Rosatom, grupo Schörghuber (Ventisqueros), Total, Trafigura y Volkswagen.

Las siguientes empresas también se mencionan en el informe y son socios o participantes del Foro Económico Mundial de Davos: BP, Eni, Lukoil, Shell, Suncor, ArcelorMittal, Barclays, Citi, Facebook, Google, JPMorgan Chase & Co.

Principios de Responsabilidad Corporativa
Greenpeace demanda en su informe que se responsabilice a las empresas y las personas "de las violaciones ambientales y de los derechos humanos que cometan, tanto en su país de origen como en el extranjero, a través de empresas bajo su control" y solicita también que prohíban a las empresas "llevar a cabo actividades en el extranjero que hayan sido prohibidas en su país de origen por razones de riesgo para los derechos humanos o ambientales".

Según el portavoz de Greenpeace España Miguel Ángel Soto, "en Davos, la élite mundial se reúne para hablar del futuro de la economía, pero la verdadera agenda de las multinacionales sigue siendo la expansión de su poder y sus beneficios a costa de los ciudadanos y el medio ambiente. Si queremos proteger nuestro frágil planeta, necesitamos justicia corporativa”.

La oenegé del arcoiris considera que, "si los Gobiernos adoptan como normas vinculantes los Principios de la Responsabilidad Corporativa que se presentan en este informe, tendremos un planeta más ecológico, pacífico y justo con toda la ciudadanía; estos principios -dice- instan a los Gobiernos a comprometerse con un instrumento internacional para detener la ola de abusos ambientales corporativos".

El informe “Justicia para las personas y el planeta” está basado en el informe de Greenpeace Internacional con el mismo título en inglés que recopila un mayor número de casos.

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