El informe que acaba de publicar Greenpeace expone el caso de Cobra (ACS) y otros diecinueve "que ilustran -según explica la oenegé ecologista- cómo las corporaciones han configurado un marco regulatorio internacional favorable a sus intereses; tienen gran influencia en ámbitos de decisión política; propician las puertas giratorias; favorecen acuerdos comerciales y de inversión; y ponen barreras a la justicia internacional, con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los derechos humanos y el medio ambiente". Entre los veinte casos denunciados, Greenpeace destaca el del Grupo Cobra, filial de la constructora ACS, que preside Florentino Pérez, uno de los hombres más ricos de España, con un patrimonio estimado -según Forbes- de 1.740 millones de euros y un salario anual (2016) de más de 4,5 millones de euros (fijo más primas).
Greenpeace propone diez principios "para detener la ola de abusos ambientales corporativos"
"Si los Gobiernos adoptan como normas vinculantes los Principios de la Responsabilidad Corporativa que se presentan en este informe -dice Greenpeace-, tendremos un planeta más ecológico, pacífico y justo con toda la ciudadanía; estos principios -concretan los ecologistas- instan a los Gobiernos a comprometerse con un instrumento internacional para detener la ola de abusos ambientales corporativos". Así es el decálogo que propone Greenpeace contra los abusos ambientales de ACS y compañía.
1. Las personas y el medio ambiente deben estar en el centro de la gobernanza y la vida pública, y no las empresas.
2. La participación pública debe ser inherente a toda política.
3. Los Estados deben abandonar toda política que socave los derechos humanos y ambientales.
4. Las empresas deben estar sujetas a normas vinculantes tanto en el territorio donde está ubicada su sede como donde operan y mantienen actividades económicas.
5. Los Estados deben exigir a las corporaciones que reporten sobre su sistema de Diligencia Debida y sobre su responsabilidad a lo largo de toda su cadena de valor en productos y servicios.
6. Los Estados deben prohibir a las empresas que operan en el extranjero que realicen actividades que estén prohibidas en su país de origen por considerarse una amenaza a los derechos humanos o medioambientales.
7. Los Estados deben establecer políticas que aseguren la transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que afecten a los derechos humanos y ambientales, incluidas las políticas comerciales, tributarias, financieras y de inversión.
8. Las corporaciones y sus dirigentes deben responsabilizarse de las violaciones contra los derechos humanos y el medio ambiente que cometan las empresas bajo su control, tanto en el país de origen como en el extranjero.
9. Se debe garantizar el derecho a un remedio efectivo del daño a las personas afectadas por una violación contra los derechos humanos y ambientales, incluso en el Estado de origen de la compañía si fuese pertinente.
10. Los Estados deben hacer cumplir los marcos normativos y políticos que han establecido. Estos principios no suponen un cambio radical en nuestro sistema jurídico-político. Son prerrequisitos que debían haberse establecido hace tiempo, ya que son necesarios para que las personas y el planeta prosperen pacíficamente en generaciones venideras. Este informe destaca la urgente necesidad de hacer frente a los problemas sistémicos que nos acechan y muestra cómo unas sencillas reformas pueden marcar una gran diferencia a escala global.
El informe “Justicia para las personas y el planeta” está basado en el informe de Greenpeace Internacional con el mismo título en inglés que recopila un mayor número de casos.
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