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Han matado a Berta

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Mujer, indígena y defensora de los derechos de los hombres, de las mujeres, de los indígenas, de la tierra y del agua. Mal currículum para vivir en Honduras en el año 16 del siglo XXI. Berta Cáceres, representante durante más de veinte años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en la madrugada de ayer mientras dormía en su casa, en La Esperanza, Intibucá, a unos 188 kilómetros de la capital de Honduras, Tegucigalpa, a mano de hombres armados “desconocidos”.
Han matado a Berta

Han matado a Berta. Ecologistas en Acción difundió ayer un comunicado en el que expresa sus “más profundas condolencias a los familiares de Berta Cáceres, a todas sus compañeras de lucha y al pueblo lenca por tan horribles hechos”. Energías Renovables lo comparte. Berta Cáceres recibió en 2015 el premio Goldman, que muchos consideran el premio Nobel del medio ambiente. Lo recibió en Washington por su colaboración en la defensa del territorio lenca, amenazado por la violencia y las consecuencias nefastas de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la transnacional china Sinohydro y la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA).

El pueblo lenca llevaba años denunciando la vulneración del derecho al agua como fuente de vida y de cultura frente al hostigamiento de empresas, paramilitares y gobierno. La lideresa hondureña denunció en repetidas ocasiones haber recibido amenazas de muerte en el contexto de violencia generalizado: 111 activistas ambientalistas asesinados en Honduras entre 2002 y 2014, según el informe “¿Cuántos más?”, elaborado en 2014 por la ONG inglesa Global Witness. Eso hace de Honduras -apunta Ecologistas- el país con el índice más alto de violencia de los 17 países analizados “y demuestra la arquitectura de la violencia e impunidad de la megaminería y el negocio hidroeléctrico, entre otros, a favor del capital privado y de los gobiernos cómplices “.

Según la ONG hondureña ACI-Participa (Asociación para la Participación Ciudadana en Honduras), más del 90% de los asesinatos y los abusos de los derechos humanos en Honduras siguen sin resolverse. Berta Cáceres era madre de cuatro hijas y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que debía gozar de protección especial por parte del gobierno hondureño. Sin embargo -explican desde Ecologistas en Acción- Berta “ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local, de las empresas trasnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes; su lucha a favor de la vida, de las personas más necesitadas, provocó que en varias ocasiones fuera llevada a juicio, perseguida y amenazada”.

Además de haber sido una férrea defensora de los derechos del movimiento campesino e indígena hondureño, y una destacada e inspiradora luchadora, a nivel regional y continental, en defensa de la justicia social y ambiental, Cáceres -explica Ecologistas– “ha identificado siempre con toda claridad a los tratados de libre comercio como parte de un mismo engranaje que asegura la impunidad de las empresas transnacionales” y se ha destacado siempre en la lucha “por la salud, por la tierra y contra el patriarcado y la violencia”. Berta se opuso al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que para el Copinh fue un instrumento de violencia al servicio de las empresas trasnacionales para el saqueo de los bienes comunes y la represión de las organizaciones sociales que se han opuesto a él. Además, Cáceres fue firme en su rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio lenca.

En el comunicado que acaba de difundir, Ecologistas en Acción exige al gobierno de Honduras
– Que ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y de todas las compañeras y compañeros que han luchado por la justicia social y el medioambiente.

– Que se suspendan todos los proyectos denunciados por los defensores de derechos humanos, entre ellos, los proyectos hidroeléctricos Agua Zarca, en el río Blanco, y Blue Energy, en el río Cangel.

– Que se retiren las empresas e instituciones constructoras o financiadoras de proyectos donde se denuncian violaciones de los derechos humanos y donde no ha habido consulta previa, según el artículo 169 de la OIT.

– Que acabe la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos humanos y se cumplan las medidas cautelares de protección.

Además, Ecologistas en Acción llama “a la movilización ciudadana y la denuncia inmediata ante las embajadas y consulados de Honduras en el mundo, para demostrar nuestra repulsa ante este crimen y nuestra exigencia de justicia”.

Energías Renovables -periodismo independiente- reproduce a continuación el texto que dedicó la Fundación Goldman a Berta cuando fue premiada, el año pasado. Un texto que hoy suena -sobre todo el último párrafo- tan triste como espeluznante.

«En un país donde ha crecido la desigualdad socioeconómica y la violación de derechos humanos, Berta Cáceres organizó al pueblo Lenca de Honduras y emprendió una campaña de base que triunfó en su esfuerzo de presionar al constructor más grande de represas a nivel mundial para que este retirara su apoyo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.

A partir del golpe del estado del año 2009, Honduras ha sido testigo de un explosivo aumento de megaproyectos que significan destrucción ambiental y el saqueo de pueblos originarios. Casi el 30 por ciento del territorio nacional había sido destinado a concesiones mineras, estableciendo una demanda de energía barata para impulsar futuras operaciones mineras. Para satisfacer esta necesidad, el gobierno aprobó cientos de proyectos de represas hidroeléctricas en todo el país, privatizando ríos, territorios, y desplazando comunidades.

Entre estos proyectos está el proyecto de la represa de Agua Zarca, un proyecto de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) y la compañía china Sinohydro, la mayor constructora de represas del mundo. El proyecto Agua Zarca, cuya construcción se llevaría a cabo en el sagrado Río Gualcarque, fue aprobado sin previa consulta del pueblo Lenca, una violación de tratados internacionales que rigen los derechos de los pueblos indígenas. La represa impediría el abastecimiento del agua, comida y medicina para cientos de personas de la comunidades lencas y violaría su derecho a manejar y vivir de la tierra de forma sostenible.

Berta Cáceres, mujer Lenca, creció durante la etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años ochenta. Su madre, una partera y activista social, dio amparo y cuidó a refugiados de El Salvador, enseñándole a sus hijas e hijos pequeños la importancia de defender a los pueblos desposeídos.

Cáceres llegó a ser una estudiante activista y en 1993 fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, cuyo objetivo fundacional fue hacer frente a las crecientes amenazas que representa la tala ilegal, defendiendo los derechos del pueblo Lenca y mejorando sus condiciones de vida.

En el año 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco buscaron ayuda y se organizaron con Copinh. Habían visto llegar a su pueblo un gran flujo de maquinaria y equipo de construcción. No tenían ninguna idea para qué era la construcción o quién estaba detrás de ese proyecto. Lo que sí sabían era que una agresión contra el río– un lugar de importancia espiritual para el pueblo lenca– era un acto contra la comunidad, contra su libre voluntad y su autonomía.

Con mandatos por parte de miembros de las comunidades locales en cada momento del proceso, Cáceres empezó a dirigir una campaña en contra de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca. Interpuso demandas a las autoridades gubernamentales, acompañada de miembros comunitarios en los viajes que hacía a Tegucigalpa. Junto con la comunidad, Cáceres organizó asambleas locales en las cuales la gente de Río Blanco hizo votaciones en contra de la represa, y lideró una protesta en la cual la comunidad pudo exigir de forma pacífica su legítimo derecho a decidir por sí mismos si querían el proyecto.

La campaña también buscó apoyo en la comunidad internacional, presentando el caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo apelaciones en contra de los financistas del proyecto, como por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial.

Ignorando esas apelaciones, el gobierno nacional y los alcaldes locales seguían avanzando en sus planes. Tergiversaron apuntes de una reunión comunitaria para presentar una falsa imagen de aprobación unánime para la represa, y ofrecieron dinero en efectivo a personas de la comunidad local a cambio de sus firmas en documentos en que declaraban su apoyo para el proyecto.

En abril del año 2013, Cáceres organizó un bloqueo de una carretera para impedirle a DESA el acceso a las instalaciones para la construcción de la represa. Utilizando un sistema de alertas cuidadosamente organizado para mantener informados a todos, el pueblo Lenca mantuvo una fuerte y pacífica presencia, turnándose entre amigos, amigas y miembros de familia por semanas enteras a la vez. Durante más de un año, el bloqueo hizo resistencia contra múltiples intentos de desalojo y violentos ataques por parte de contratistas de seguridad militarizada y los cuerpos armados hondureños.

Muchos conocen el clima violento de Honduras, pero pocas personas entienden que sus víctimas son los activistas ambientales y de derechos humanos. Tomás García, un líder Lenca de Río Blanco, fue muerto a balazos durante una protesta pacífica frente a la oficina del proyecto hidroeléctrico. Otros han sido atacados con machetes, desprestigiados, detenidos y torturados. No se ha enjuiciado a ninguno de los responsables.

Contra viento y marea, los esfuerzos de Cáceres y la comunidad Lenca triunfaron en mantener el equipo de construcción fuera de la zona donde se construiría la represa Agua Zarca. A finales del 2013, Sinohydro dio por terminado su contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria y la indignación frente a la muerte de Tomás. Agua Zarca sufrió otro golpe aún cuando la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) retiró su financiación, citando como motivo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, se ha detenido efectivamente la construcción del proyecto.

Lo que no ha cesado son las amenazas de muerte contra Cáceres. Su asesinato no sorprendería a sus colegas, quienes tienen preparada una elegía que esperan nunca tener que usar. A pesar de los riesgos, Cáceres mantiene una presencia pública para así poder continuar su trabajo. Cáceres espera que la victoria en Agua Zarca brinde esperanza a aquellos activistas que luchan en contra del desarrollo irresponsable y depredador en Honduras y en toda América Latina».

Este texto fue publicado el año pasado por Goldman Prize.

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jmaldini
Estoy a favor de lo que dice Jose Manuel Rodriguez, hay que proteger a los activistas amenazados
Jose Manuel Rodriguez Fernandez
Basta de asesitanos. Si queremos parar la muerte de activistas sociales y ambientales. tenemos que crear UNIDADES ESPECIALES DE PROTECCION INDIVIDUAL para activistas amenazados, y que se puedan financiar por todas las ONG ambientales y sociales de este planeta, porque los gobiernos CORRUCTOS, COMPRADOS Y MENTIROSOS, no van hacer nada.