Athena Investments inició en noviembre de 2015un procedimiento de arbitraje en virtud del Tratado de la Carta de la Energía ("ECT") contra el Reino de España relacionado "con ciertos cambios en el marco legal español de energía renovable", según informa en su página web. Estos cambios afectaron negativamente el valor de la inversión realizada en los años anteriores en la tecnología solar e infringieron el artículo 10 de la ECT. En ese momento, la compañía era propietaria de plantas fotovoltaicas con una capacidad instalada total de 6,7 MW.
El laudo final para este arbitraje, conocido el pasado día 17, ha resultado positivo para Athena y asciende a unos 11 millones de euros, que la compañía contabilizará como "ingresos especiales", según ha indicado. La indemnización cubre los daños, el costo del arbitraje y otros costos incurridos por la compañía. La compensación también incluye el pago de intereses por los daños evaluados desde el 30 de junio de 2014 hasta la fecha del pago final del pago compensatorio.
En palabras de Peter Høstgaard, director de la compañía, "este fallo confirma la aplicación del Estado de Derecho en nuestro ámbito europeo y la protección de los intereses legítimos de los inversores". Athena Investments tiene otra demanda semejante, también en el marco de la Carta de la Energía, contra la República de Italia, pero según indica "no está en posición de evaluar el resultado de este arbitraje en el momento actual".
Fallos anteriores
Este nuevo arbitraje se suma a otros interpuestos por diversas compañías internacionales contra el Reino de España a raíz del recorte aprobado por el gobierno del PP a las renovables.
En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones. Un año más tarde ordenó compensar a Masdar (filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala) con 64,5 millones también por el recorte de las primas. Masdar reclamaba 165 millones de euros. Por último, en junio de este año el Ciadi dictó un laudo arbitral que obliga a España pagar 112 millones de euros al fondo Antin.
Otro fallo, en este caso del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó, en febrero pasado, a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia (compañía con sede en Luxemburgo), aunque posteriormente la justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado en más de 8.000 millones de euros lo que España tendrá que pagar por reclamaciones interpuestas ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes realizados por el anterior gobierno en las primas a las energías renovables.
