El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell y la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, ambos integrados en el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, han registrado en el Congreso de los Diputados cinco "preguntas escritas al Gobierno" para saber si este considera que alegar falta de desarrollo reglamentario justifica el rechazo de la puesta en marcha de autoconsumos "y qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] fiscalice y garantice que no existen estos motivos de rechazo".
Esta es la exposición de motivos que Unidos Podemos alega
"Las nuevas normas de la Unión Europea ilegalizan el impuesto al Sol y los cargos discriminatorios al autoconsumo y reconocen el derecho a que el excedente de energía vertido a la red sea retribuido de forma justa. El siguiente e importante paso será el cambio de modelo, que debe pasar de centralizado y controlado por el oligopolio a distribuido, descentralizado, con la participación de pequeñas empresas, cooperativas, de la ciudadanía y de los ayuntamientos".
"El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre -continúa la exposición de motivos-, fue solo un primer paso que requiere de una reglamentación y fiscalización importante. De hecho -apuntan desde Unidos Podemos-, actualmente, ya se estarían observando obstáculos al autoconsumo".
"En este sentido -apuntan desde Unidos Podemos-, algunas empresas distribuidoras estarían rechazando peticiones de alta (...) y existiría por tanto un riesgo real de que se bloquee la nueva legislación a través de ardides jurídicos, cuando la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta".
Lo que propone Unidos Podemos
El Ministerio para la Transición Ecológica debe garantizar -explican Vendrell y García Sempere- que no existirá bloqueo a los nuevos autoconsumos; y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá ser garante de ello y, por otra parte, deberá dar una "solución transitoria" a cumplir por parte de todas las distribuidoras.
"No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo con independencia del grado de desarrollo reglamentario", sostienen los diputados de Unidos Podemos
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea plantea las siguientes preguntas
• ¿Tiene constancia su Gobierno de que existen rechazos a la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo aduciendo falta de desarrollo reglamentario?
• ¿Considera el Gobierno que alegar falta de desarrollo reglamentario justifica el rechazo de la puesta en marcha de autoconsumos?
• ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que la CNMC fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo a la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo aduciendo falta de desarrollo reglamentario?
• ¿Tiene previsto el Gobierno solicitar a la CNMC el número de rechazos existentes por dicho motivo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre?
• ¿Es consciente el Gobierno del riesgo que entraña un mal uso de los procedimientos de operación o de los protocolos de gestión que decida la CNMC? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar para garantizar que no existan bloqueos o interpretaciones subrepticias de la normativa en vigor?
Nota
Ni tras la aprobación del real decreto del impuesto al Sol (octubre de 2015), ni tras la aprobación del real decreto que lo ha derogado (octubre de 2018) se ha aprobado desarrollo reglamentario alguno. El Gobierno de Mariano Rajoy (desalojado de Moncloa en junio de 2018) no desarrolló reglamentariamente su real decreto en esos tres años. El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha desarrollado su real decreto en estos tres meses.
A pesar de ello, actualmente hay en España miles instalaciones de autoconsumo, que han ido surgiendo durante todos estos años, a pesar del lastre del impuesto al Sol y a pesar de las alambicadas tramitaciones administrativas que impuso el anterior Ejecutivo y que están empezando a desbaratar el gobierno central y muchos gobiernos autonómicos, que llevan muchos meses trabajando en pro de la simplificación administrativa.
La distribución de energía eléctrica es un coste regulado (el precio lo fija el Gobierno, pagan los consumidores, y cobran las distribuidoras). Aunque en España hay alrededor de 350 distribuidoras, cinco de ellas -Endesa, Iberdrola, Fenosa (del Grupo Naturgy, antes denominado Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico y Viesgo- dominan el mercado en régimen de oligopolio. Hasta el punto de que más del 90% de ese coste (más de 5.000 millones de euros cada año) se lo embolsan entre las cinco, porque son las que más kilómetros de redes y clientes tienen.
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