ASIF ha recibido una contestación muy similar a la obtenida por el Defensor del Pueblo de Navarra y de la que ya informó Energías Renovables. La Defensora del Pueblo de las Cortes Generales en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carrió, firma un escrito en el que explica a ASIF que “como institución constitucional ha de permanecer al margen de cualquier conflicto procesal en el que no resulte imprescindible su intervención”.
No obstante, y tal como hizo en la comunicación al Defensor del Pueblo de Navarra, recomienda a los órganos competentes del Ministerio de Industria que teniendo en cuenta la nueva coyuntura mundial (aumento precio del petróleo y desconfianza en la seguridad nuclear) “se valore la posibilidad de ordenar el aumento de producción de horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas, distinguiendo además entre las diferentes zonas climáticas de España. También se recomienda que, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre se proceda a elaborar una normativa estable y clara para el sector eléctrico en régimen especial”.
Así mismo, pide un informe al gobierno sobre la disponibilidad de fondos del Instituto de Crédito Oficial para que se financien los afectados por los recortes y su hay suficiente dotación económica para hacer frente a todas las posibles solicitudes.
ASIF había pedido al Defensor del Pueblo que estudiara la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el recorte fotovoltaico ante la imposibilidad de que la asociación lo hiciera por sí misma. La ley no se lo permite porque la norma contra la que se quería recurrir fue aprobada por el gobierno en forma de Real Decreto-Ley.
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