La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha lanzado un comunicado en relación a la no aprobación del decreto "antiapagones" en el que reclama a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que hagan un esfuerzo de consenso en todas aquellas cuestiones que afectan de manera directa a las economías domésticas de las familias españolas. Esta organización comprende las dinámicas políticas de enfrentamientos en contextos complejos como el que atraviesa nuestro país; pero no comparte que estas tensiones alcancen de manera tan directa y lesiva a los ciudadanos.
El RDL 7/2025, conocido como Decreto Antiapagones, incluía una batería de medidas valiosas para el conjunto de los españoles y, en concreto, una disposición clave para las 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España, puesto que resolvía -al menos de forma temporal- una disfunción normativa que penaliza económicamente a este colectivo. Los productores fotovoltaicos pioneros de nuestro país perciben una retribución por el esfuerzo inversor en fotovoltaica que ahora nos permite tener una tecnología limpia, autóctona e inagotable, y tan barata que ha desplomado los precios de la energía, en beneficio de los hogares españoles, de las empresas y, por lo tanto, del bienestar social y económico.
Para recibir sus ingresos han de probar el óptimo funcionamiento de sus plantas con unas horas de producción de energía anuales; sin embargo, una norma posterior, considera que, en las numerosas horas a precios cero o negativo, estas plantas no están en funcionamiento, cuando si lo están, y obliga a los productores a devolver sus ingresos por incumplir este compromiso, cuando no lo están incumpliendo. Este absurdo y lesivo desajuste regulatorio era el que encontraba solución en el Real Decreto Ley que ahora queda sin efectos.
El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha señalado que "no se puede perder la perspectiva desde el Congreso o el Senado de lo que afecta al ciudadano cada norma que se aprueba o rechaza" e insta a los Grupos Parlamentarios "a reparar este desajusta grave para tantas familias en la primera ocasión que sea posible". También ha solicitado al Gobierno que ponga los medios necesarios para "evitar el desastre económico que una interpretación inadecuada de una norma posterior a la regulación que ordena las instalaciones pioneras actúe de forma tan agresiva en un ámbito para el que no estaba diseñada, tal y como se justificaba en el propio Real Decreto Ley que ahora ha quedado sin efecto".
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